Rodolfo Gudino
Una mujer denunció a Omar “Manotas” Ludueña por abusos sexuales que habría sufrido durante su infancia y adolescencia. El empleado ingresó a la Unicameral en 2011, habría sido incorporado por pedido de Rodrigo de Loredo y desde 2024 cumplía funciones en el despacho de la legisladora radical Alejandra Ferrero. El oficialismo provincial aprovechó el caso para exigir explicaciones y trasladar la crisis judicial al terreno político.
La Legislatura de Córdoba vuelve a quedar atravesada por una denuncia relacionada con delitos contra la integridad sexual. Esta vez, el acusado es Omar “Manotas” Ludueña, empleado de planta permanente de la Unicameral y militante radical con una extensa vinculación política con el sector que conduce Rodrigo de Loredo.
Según la denuncia difundida públicamente, una mujer acusó a Ludueña de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía entre 3 y 14 años. De acuerdo con la información periodística disponible, la presentación tramita ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual de Segundo Turno.
La gravedad de la acusación exige establecer desde el comienzo una diferencia fundamental: Ludueña fue denunciado, pero hasta ahora no se informó que exista una condena en su contra. La responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia mediante la producción de pruebas, el respeto del derecho de defensa y la protección de la denunciante.
Tampoco existe información que permita atribuirles a De Loredo o a Ferrero participación en los hechos denunciados. La responsabilidad política que puede discutirse es de otra naturaleza: cómo ingresó Ludueña a la Legislatura, quién promovió su contratación, bajo qué condiciones pasó a planta permanente, cuáles fueron sus funciones y si existieron advertencias o denuncias anteriores que las autoridades hubieran omitido atender.
Una relación política de más de quince años
El punto que convierte el caso en una crisis institucional es la trayectoria de Ludueña dentro de la Legislatura. El empleado ingresó el 10 de diciembre de 2011 como asistente legislativo contratado por el bloque de la Unión Cívica Radical y posteriormente fue incorporado a la planta permanente.
Un pedido de informes presentado por Hacemos Unidos por Córdoba sostiene que su contratación original fue solicitada por Rodrigo de Loredo, que en ese momento ejercía como legislador provincial. La documentación administrativa mencionada en la investigación periodística registra actualmente a Ludueña en la categoría de auxiliar principal.
El vínculo no terminó con aquel nombramiento. Ludueña es conocido como militante de la seccional Cuarta de la capital cordobesa y mantuvo su actividad dentro del radicalismo. El 1º de febrero de 2024, la Dirección de Capital Humano de la Legislatura le comunicó que pasaría a desempeñarse en la oficina de Alejandra Ferrero, una de las principales referentes del espacio de De Loredo.
La permanencia de Ludueña durante casi quince años expone un problema que excede este expediente: la utilización de la planta legislativa como prolongación de las estructuras partidarias. Una designación realizada para asistir a un bloque puede convertirse con el tiempo en un empleo estable financiado por todos los contribuyentes, incluso después de que cambien las autoridades y las relaciones de poder.
Por eso no alcanza con conocer quién pidió su contratación inicial. La Legislatura debería informar quién autorizó su pase a planta permanente, qué tareas cumplió, qué evaluaciones recibió, en qué oficinas estuvo destinado y si existieron actuaciones disciplinarias o advertencias previas.
Esos datos no prueban ni refutan la denuncia penal, pero permiten determinar cómo funcionó la cadena de responsabilidades administrativas.
Ferrero lo apartó, pero el peronismo exige su licencia
Cuando la acusación tomó estado público, Ferrero le solicitó a la vicegobernadora Myrian Prunotto que dispusiera el apartamiento de Ludueña de sus funciones. Esa decisión debe interpretarse como una medida preventiva destinada a preservar el funcionamiento institucional y facilitar la investigación. No constituye una confesión de responsabilidad ni demuestra que la legisladora conociera previamente los hechos denunciados.
El oficialismo cordobés, sin embargo, busca elevar el costo político. Hacemos Unidos por Córdoba pretende aplicar lo que denomina la “jurisprudencia Cañito Flores” y presionar a Ferrero para que se tome licencia por haber tenido al acusado dentro de su despacho.
La comparación responde a la reciente crisis protagonizada por el entonces legislador peronista Miguel Ángel “Cañito” Flores, quien pidió licencia y luego renunció después de que un exasesor suyo fuera detenido e imputado en una causa por abuso sexual de menores.
La equiparación, no obstante, debe analizarse con cuidado. En el caso Flores existían una detención y una imputación judicial. En el episodio que involucra a Ludueña, la información pública disponible habla de una denuncia bajo investigación. Además, Ferrero pidió su apartamiento cuando conoció la acusación.
Exigir la licencia automática de una legisladora únicamente porque un empleado acusado trabajaba en su oficina puede conducir a una forma de responsabilidad por asociación. El reclamo sería distinto si aparecieran elementos que indicaran que Ferrero conocía denuncias anteriores, protegió al acusado, obstaculizó la investigación o desatendió pedidos de ayuda.
Hasta el momento, no se difundieron pruebas en ese sentido.
El oficialismo intenta devolver el golpe
La ofensiva de Hacemos Unidos por Córdoba tiene un componente institucional legítimo y otro claramente partidario. Es razonable exigir que la Legislatura entregue los antecedentes laborales de Ludueña y reconstruya las decisiones administrativas que permitieron su ingreso y permanencia.
Pero el oficialismo también intenta utilizar el caso para devolverle a la oposición el costo sufrido por el escándalo de Flores. El objetivo no es solamente esclarecer qué ocurrió: busca comprometer a De Loredo y obligar al radicalismo a aceptar contra Ferrero el mismo criterio político que se aplicó contra un legislador peronista.
La maniobra coloca al dirigente radical ante una disyuntiva. Si se limita a negar cualquier responsabilidad, puede quedar como defensor de una estructura política que incorporó y sostuvo al empleado. Si desplaza toda la carga sobre Ferrero, corre el riesgo de debilitar a una de sus principales dirigentes. Y si acepta que la legisladora se tome licencia, convalida un estándar que podría utilizarse en el futuro para responsabilizar a funcionarios por las conductas privadas de cualquier integrante de sus equipos.
De Loredo necesita responder preguntas concretas. Debe aclarar si efectivamente solicitó la contratación de Ludueña en 2011, cuál era su vínculo político, qué funciones le asignó y si tuvo conocimiento de alguna acusación previa. Lo que no corresponde es transformar automáticamente esa relación laboral o partidaria en una responsabilidad penal inexistente.
La denunciante no puede convertirse en munición electoral
El principal riesgo es que la disputa entre el peronismo y el radicalismo termine desplazando a la persona que formuló la denuncia. Cuando una acusación de abuso sexual se convierte en un arma para exigir renuncias, castigar adversarios o equilibrar escándalos, la investigación puede quedar subordinada a las necesidades de los partidos.
La Ley Nacional 27.372 reconoce a las víctimas el derecho a recibir protección, asesoramiento, trato digno y una respuesta rápida de las autoridades. También establece que deben evitarse situaciones que agraven innecesariamente el daño sufrido.
Si los hechos denunciados comenzaron durante la niñez, también resulta aplicable el sistema de protección integral que reconoce una tutela especial para niñas, niños y adolescentes. La legislación nacional establece el interés superior de la niñez y la obligación estatal de resguardar su dignidad e integridad.
La eventual demora en contar lo sucedido no puede utilizarse por sí sola para desacreditar la denuncia. En los delitos sexuales cometidos durante la infancia pueden intervenir relaciones de poder, miedo, dependencia emocional, amenazas y dificultades para comprender o verbalizar lo ocurrido.
Pero proteger a la denunciante tampoco autoriza a declarar culpable anticipadamente al acusado. El desafío es evitar las dos injusticias: la revictimización de quien denuncia y la condena pública sin proceso judicial.
La pregunta decisiva: ¿alguien sabía?
La discusión verdaderamente relevante no consiste en determinar qué partido puede sacar mayor ventaja. La Legislatura debe establecer si, antes de la denuncia pública, existían antecedentes, presentaciones internas, comentarios formalizados o pedidos de intervención relacionados con Ludueña.
Si nadie dentro del Poder Legislativo conocía la acusación, la responsabilidad penal quedará circunscrita al investigado y la discusión política se limitará a la transparencia de su contratación. Si, en cambio, se demuestra que alguna autoridad recibió información y decidió ignorarla, el caso adquiriría otra dimensión institucional.
También debe conocerse cuándo la conducción legislativa fue notificada, qué medidas tomó para preservar documentación, si inició una actuación administrativa y bajo qué figura se produjo el apartamiento. Una separación preventiva no debería transformarse en una sanción encubierta, pero tampoco puede ser una puesta en escena destinada a atravesar la crisis mediática.
La Legislatura necesita un protocolo general y público para este tipo de situaciones. Ese mecanismo debería definir qué ocurre cuando un empleado es denunciado por delitos graves, qué nivel procesal habilita un apartamiento preventivo, cómo se garantiza el derecho de defensa, quién protege a la persona denunciante y en qué condiciones se revisa la medida.
Sin reglas comunes, cada caso será resuelto según la conveniencia del bloque involucrado.
Quién gana y quién pierde con el escándalo
En el corto plazo, Hacemos Unidos por Córdoba obtiene una oportunidad para golpear a De Loredo y neutralizar el costo político del caso Flores. El oficialismo puede presentar el nuevo episodio como prueba de que las responsabilidades deben medirse con el mismo criterio para todos.
Los competidores internos del radicalismo también pueden aprovechar el desgaste deloredista. La vinculación de Ludueña con De Loredo, Ferrero y dirigentes territoriales de la capital permite cuestionar no solamente a un empleado, sino a una estructura construida durante años.
El principal perjudicado político es De Loredo, porque el caso afecta un aspecto sensible de su discurso: la promesa de representar una alternativa ética y administrativa frente al peronismo cordobés. Aunque no esté acusado de ningún delito, deberá explicar por qué promovió —si se confirma la documentación citada— el ingreso de Ludueña y cómo funcionaba su relación política.
Ferrero también queda expuesta, pese a haber solicitado el apartamiento. El peronismo intenta convertir su responsabilidad jerárquica en una causal suficiente para exigirle una licencia. Si ese criterio prospera sin que se demuestre conocimiento o encubrimiento, la Legislatura estaría consagrando una peligrosa forma de culpabilidad política automática.
Pero quien más puede perder es la denunciante. Su relato corre el riesgo de quedar reducido a un elemento secundario dentro de la pelea entre el peronismo y la UCR. También pierde la sociedad cordobesa si el expediente termina utilizado para intercambiar acusaciones sin revisar las estructuras opacas de contratación, control y permanencia del personal legislativo.
Más que un nombre, un problema institucional
La Legislatura no puede resolver el episodio limitándose a apartar a Ludueña, exigir la licencia de Ferrero o utilizar la denuncia para desgastar a De Loredo. Debe transparentar el legajo completo del empleado, cooperar con la Fiscalía, determinar si existieron alertas anteriores y establecer un procedimiento aplicable a todos los bloques.
La responsabilidad penal de Ludueña será definida por la Justicia. La responsabilidad política de De Loredo y Ferrero dependerá de hechos que todavía deben esclarecerse: qué sabían, cuándo lo supieron y qué hicieron frente a esa información.
Ese debe ser el límite entre una investigación seria y una operación partidaria. No se trata de repartir culpas por proximidad, sino de proteger a quien denuncia, garantizar el debido proceso y descubrir si el poder político funcionó como una red de encubrimiento o simplemente como el escenario laboral de una persona acusada.
La verdadera prueba para la Unicameral cordobesa no será comprobar qué bloque consigue lastimar más al adversario. Será demostrar si puede investigar a uno de sus propios empleados sin ocultar información, sin prejuzgar y sin convertir una denuncia de abuso sexual en mercancía electoral.
Melina Schweizer
