Juez descubrió que la corrupción siempre es de otro

Marcos Carasso, ex candidato a vicegobernador de Luis Juez y hombre fuerte del radicalismo cordobés, fue imputado en una causa que investiga una presunta defraudación de casi 1.400 millones de pesos al PAMI. El mismo espacio político que convirtió la transparencia en bandera ahora enfrenta preguntas incómodas dentro de su propia casa.

La política argentina tiene una costumbre entrañable: la corrupción siempre vive en la vereda de enfrente. Nunca en la propia. Nunca entre los aliados. Nunca en la oficina del compañero. Siempre aparece casualmente en el despacho del adversario. Hasta que un día la Justicia golpea una puerta equivocada y arruina el relato.

Eso es exactamente lo que acaba de pasarle al universo político que rodea a Luis Juez.

Porque durante años el senador construyó buena parte de su identidad pública denunciando privilegios, irregularidades y negociados ajenos. Un oficio legítimo, por supuesto. El problema aparece cuando la lupa deja de apuntar hacia afuera y empieza a iluminar el living de la propia casa.

Marcos Carasso no era un militante desconocido perdido en algún comité del interior cordobés. Era el presidente de la UCR provincial. Fue diputado nacional. Fue compañero de fórmula de Juez en la elección de 2023. Y actualmente ocupa un cargo dentro del Tribunal de Cuentas, ese organismo desde donde el juecismo se dedica a controlar y cuestionar la gestión de Martín Llaryora.

Ahora la situación cambió de dirección.

Porque el hombre que ayudaba a auditar quedó bajo auditoría.

Y la palabra auditoría, que durante meses fue utilizada por libertarios y opositores como una especie de mantra moral para cuestionar a todo el mundo, empezó a sonar bastante menos cómoda cuando apareció asociada a nombres propios del mismo espacio político.

La causa es pesada. No estamos hablando de una factura mal archivada o un expediente extraviado. La Justicia Federal investiga una presunta asociación ilícita y una defraudación al Estado cercana a los 1.400 millones de pesos vinculada a prestaciones del PAMI. Una cifra tan obscena que obliga a multiplicar ceros para no perder dimensión de lo que se discute.

Lo interesante es observar la velocidad con la que desaparecen algunos cruzados de la transparencia cuando el problema se acerca demasiado. Durante semanas la oposición cordobesa convirtió cada escándalo ajeno en una conferencia de prensa. Cada denuncia merecía declaraciones, videos, comunicados y pedidos de explicaciones urgentes. Ahora que el protagonista es un ex candidato propio, el entusiasmo parece haberse tomado vacaciones.

El silencio, en política, suele ser mucho más ruidoso que los discursos.

Por eso el peronismo provincial salió a hacer exactamente lo que cualquier oficialismo haría en una situación similar: devolver gentilezas. Y hay que reconocer que encontraron material de sobra.

Porque la historia tiene demasiadas conexiones incómodas. Carasso fue candidato de Juez. Fue uno de los nombres fuertes de la coalición opositora. Y además ocupa un cargo en un organismo donde el juecismo construye buena parte de su discurso moral contra el oficialismo provincial.

Dicho de otra manera: mientras unos controlaban las cuentas de los demás, la Justicia empezó a revisar las propias.

La paradoja es exquisita.

Sobre todo porque hace apenas unas semanas varios dirigentes cercanos al oficialismo nacional repetían que cualquier organismo sospechado debía abrir sus números sin poner excusas. «Que se dejen auditar», era la frase favorita del momento. Una consigna maravillosa cuando se aplica sobre otros.

Mucho más incómoda cuando el auditado resulta ser un compañero de ruta.

Por supuesto, corresponde recordar algo elemental: una imputación no equivale a una condena. La investigación recién comienza y será la Justicia quien determine responsabilidades. Pero la política no funciona únicamente con sentencias judiciales. También funciona con coherencia.

Y ahí es donde empiezan los problemas.

Porque la oposición cordobesa construyó gran parte de su capital político denunciando aquello que hoy la obliga a dar explicaciones. No por lo que hizo Juez. No por lo que hizo el radicalismo. Sino por lo que hizo uno de los dirigentes que hasta hace muy poco exhibían como parte de su propio proyecto de poder.

Mientras tanto, en Córdoba se observa una escena conocida. Los mismos dirigentes que ayer exigían respuestas inmediatas hoy piden prudencia. Los que reclamaban explicaciones públicas ahora recomiendan esperar a la Justicia. Los que vivían señalando con el dedo descubrieron repentinamente las virtudes de la presunción de inocencia.

Milagros de la política.

Porque en Argentina la corrupción siempre parece intolerable.

Hasta que aparece en la foto de campaña.