REDACCIÓN
En la antesala del 24 de marzo, la Iglesia argentina pidió sostener la memoria y alertó sobre el avance del autoritarismo. El mensaje no solo mira al pasado: también interpela el presente político y económico del país.
En un contexto atravesado por tensiones políticas, discursos negacionistas y un clima social cada vez más fragmentado, la Iglesia católica argentina difundió un mensaje por el 24 de marzo que, lejos de limitarse a una conmemoración formal, se convirtió en una intervención política de alto contenido simbólico. Bajo una consigna clara —“nunca se avanza sin memoria”—, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) no solo reivindicó el ejercicio de recordar el terrorismo de Estado, sino que advirtió sobre los riesgos contemporáneos que amenazan la calidad democrática.
El documento, difundido el 19 de marzo de 2026 en el marco del 50 aniversario del golpe cívico-militar de 1976, plantea una lectura que combina pasado y presente. En él, los obispos no se limitan a evocar la última dictadura, sino que construyen un diagnóstico sobre la actualidad argentina, donde emergen conceptos como autoritarismo, desigualdad y debilitamiento del Estado.
Memoria como límite y como advertencia
El eje central del mensaje es contundente: no hay futuro sin memoria. La Iglesia retoma una idea que ha sido sostenida durante décadas por organismos de derechos humanos, pero la reubica en un contexto donde ese consenso aparece cada vez más tensionado.
Al advertir sobre la tentación de “dar vuelta la página”, los obispos introducen una crítica indirecta a sectores políticos que relativizan o minimizan el terrorismo de Estado. La referencia no es casual: en los últimos años, distintos actores del debate público han cuestionado cifras, responsabilidades y alcances de la dictadura, reabriendo discusiones que parecían saldadas en el plano institucional.
En ese escenario, el mensaje eclesiástico funciona como una toma de posición. No solo reafirma que el golpe de 1976 inauguró una etapa de violencia estatal sistemática, sino que insiste en que esa memoria debe ser “íntegra y luminosa”, es decir, completa, sin omisiones ni relativizaciones.
Democracia en tensión
Pero el documento va más allá de la memoria histórica. Uno de sus aspectos más relevantes es el diagnóstico sobre el presente.
La CEA advierte sobre una “tendencia creciente al autoritarismo” y señala que distintos discursos políticos, incluso de signos ideológicos opuestos, se alimentan de la angustia social sin ofrecer soluciones reales. Esta caracterización introduce una mirada crítica sobre la dinámica política actual, donde la polarización y la deslegitimación del adversario se han vuelto prácticas recurrentes.
En este punto, el mensaje recupera una idea central de la tradición democrática: el adversario no es un enemigo a eliminar, sino un actor legítimo dentro del sistema político. La advertencia no es menor. En contextos de crisis económica y social, los discursos que promueven soluciones rápidas o confrontativas suelen ganar terreno, debilitando los consensos básicos que sostienen la democracia.
Economía y dignidad: una crítica estructural
Uno de los aspectos más significativos del documento es la relación que establece entre política, economía y dignidad humana.
La Iglesia plantea la necesidad de “rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana”, una formulación que, en el contexto actual, adquiere una carga crítica evidente. En un país atravesado por inflación, caída del poder adquisitivo y aumento de la pobreza, la discusión sobre el modelo económico se vuelve inseparable de la cuestión social.
Informes recientes de organismos como el INDEC y la CEPAL muestran que Argentina enfrenta niveles de desigualdad persistentes, con un deterioro del ingreso real que impacta especialmente en los sectores más vulnerables. En ese marco, el mensaje eclesiástico se inscribe en una tradición que cuestiona la subordinación de la política a la lógica del mercado.
La referencia a los sectores más frágiles —niños y adultos mayores— refuerza esta perspectiva. Para la Iglesia, la fortaleza de una democracia no se mide únicamente por sus instituciones formales, sino por su capacidad de proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
Estado, derechos y responsabilidad
El documento también reivindica el rol del Estado como garante de derechos. En un momento donde el discurso público suele cuestionar la intervención estatal, la Iglesia sostiene que es necesaria una “presencia inteligente y eficiente” del Estado para asegurar la igualdad y la dignidad.
Esta afirmación introduce una tensión relevante en el debate actual. Mientras algunos sectores promueven la reducción del Estado como vía para mejorar la eficiencia económica, otros advierten que esa reducción puede traducirse en una menor capacidad de garantizar derechos básicos.
La Iglesia no propone un modelo económico específico, pero sí establece un principio: la política debe orientarse al bien común. Y en ese marco, el Estado aparece como un actor indispensable.
Autocrítica y memoria compartida
Un elemento que distingue al mensaje es la inclusión de una dimensión autocrítica. La Iglesia reconoce su propia responsabilidad histórica y plantea la necesidad de revisar el papel que distintos actores sociales —incluida la institución eclesiástica— tuvieron durante la dictadura.
Este gesto no es menor. A lo largo de los años, el rol de la Iglesia durante el terrorismo de Estado ha sido objeto de debate, con posiciones que van desde la denuncia de complicidad hasta el reconocimiento de sectores que actuaron en defensa de los derechos humanos.
Al incorporar la autocrítica, el documento intenta construir una memoria que no sea unilateral, sino capaz de asumir responsabilidades y aprender de ellas.
El peso de las palabras
El mensaje también destaca por su lenguaje. Conceptos como “dignidad”, “fraternidad”, “bien común” y “cuidado de los más débiles” aparecen como ejes centrales de una narrativa que busca contraponerse a lógicas de confrontación y exclusión.
En un contexto donde el debate público suele estar atravesado por la descalificación y la simplificación, este tipo de discurso introduce una dimensión distinta: la de la ética como fundamento de la política.
Memoria y presente: una relación inseparable
El documento de la Iglesia argentina deja una idea central: la memoria no es un ejercicio del pasado, sino una herramienta para interpretar el presente.
Recordar el terrorismo de Estado no implica únicamente reconstruir lo ocurrido entre 1976 y 1983, sino también identificar las condiciones que hicieron posible ese proceso y evaluar si esas condiciones persisten, bajo otras formas, en la actualidad.
En ese sentido, la advertencia sobre el autoritarismo, la desigualdad y la fragilidad democrática no es abstracta. Es una invitación a pensar el presente a la luz de la historia.
Un mensaje en un momento clave
La publicación del documento no es un hecho aislado. Se produce en un momento donde el debate sobre la memoria, los derechos humanos y el rol del Estado vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
A casi 50 años del golpe, la Argentina sigue discutiendo no solo lo que ocurrió, sino cómo interpretar ese pasado y qué lugar ocupa en la construcción del presente.
En ese debate, la voz de la Iglesia se suma a otras que insisten en que la memoria no puede ser relativizada ni reducida a una disputa ideológica.
Una advertencia abierta
El mensaje de la Conferencia Episcopal no ofrece respuestas cerradas ni soluciones inmediatas. Pero sí plantea una advertencia clara: sin memoria, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales.
En un país donde la historia reciente sigue siendo objeto de disputa, esa advertencia adquiere un peso particular.
Porque lo que está en juego no es solo la interpretación del pasado.
Es también la forma en que se construye el futuro.
Enzo Cabrera
Alejandra Egido
