Melina Schweizer
ALEJANDRA MONTEOLIVA HEREDÓ EL ARSENAL DE BULLRICH Y LO USA PARA HACERSE FAMOSA: REPRIME POBRES, PERSEGUE EXTRANJEROS, ENCARCELA PIBES Y MIENTE EN CADENA NACIONAL. SU CURRÍCULUM INCLUYE SAQUEOS, SOBREPRECIOS Y UN PASADO QUE EL PODER PREFIERE OLVIDAR.
En el ministerio de Seguridad aprendieron una fórmula simple: si querés figurar, ponete dura con los que sobran. Los que sobran, para esta gestión, son los migrantes, los pibes de barrio y los que protestan. Alejandra Monteoliva, la heredera de Patricia Bullrich, descubrió que el odio vende y que las redes sociales premian la crueldad. Desde que asumió como ministra el 10 de diciembre de 2025, su perfil crece a base de operativos filmados, posteos xenófobos y una verdad incómoda: todo lo que toca huele a fracaso.
La candidata que viene del horror
Antes de ser la cara durlia del mileísmo, Monteoliva ya había hecho escuela. En septiembre de 2013, el gobernador José Manuel De la Sota la puso al frente de la Seguridad de Córdoba tras un escándalo de narcopolicía. Tres meses después, la Policía se acuarteló pidiendo mejoras salariales. El resultado: saqueos, violencia callejera y dos muertos. Monteoliva renunció en diciembre de ese año. El episodio, lejos de hundirla, se convirtió en su currículum vitae para el macrismo. Entre 2015 y 2020 ocupó cargos clave: información criminal, operaciones federales, protocolos represivos. En junio de 2024 volvió como secretaria de Seguridad para supervisar el protocolo antipiquetes y los gases en cada manifestación.
Su formación académica incluye una maestría en la Universidad de los Andes de Bogotá y consultorías para los gobiernos de Honduras y El Salvador. Allí ayudó a construir el «modelo Bukele», ese que convirtió a El Salvador en el país con más presos por habitante del continente. Traducción: sabe cómo llenar cárceles de pobres.
La pelea por el poder y la caja
Hoy Monteoliva no solo reprime: disputa territorio político. Su relación con Diego Valenzuela, el intendente que pidió licencia para crear una agencia migratoria estilo ICE estadounidense, es un campo de batalla. Valenzuela quiere poder. Monteoliva se lo niega. Hace dos meses que no firma su nombramiento. En el Gobierno saben que la ministra «pisa el documento» para que Valenzuela no le haga sombra. Mientras tanto, ella mira hacia Córdoba, su provincia, donde sueña con ser candidata en 2027. Valenzuela, en cambio, apunta a la gobernación bonaerense con línea directa a Milei.
La pelea política tiene un trasfondo millonario. Durante la gestión de Bullrich, la Auditoría General de la Nación detectó sobreprecios que quintuplicaban el valor estimado de compras, contrataciones directas bajo «emergencia» y pagos millonarios a empresas israelíes sin control. Entre marzo y diciembre de 2024, Bullrich gastó más de 56.000 millones de pesos en municiones, gases, antidisturbios y vehículos. Todo mediante contrataciones directas. Monteoliva heredó ese arsenal y lo exhibe en cada operativo.
La fábrica de mentiras
El 11 de septiembre de 2024, un agente de la Policía Federal roció con gas lacrimógeno a una nena de diez años sentada en el piso junto a su madre, frente al Congreso. El video existe. Monteoliva, entonces secretaria de Seguridad, salió a defender el accionar con una versión falsa: dijo que no había sido la policía, que fue una manifestante. El periodista Eduardo Feinmann difundió un video que «confirmaba» la versión oficial. Al día siguiente reconoció que el material lo había enviado el jefe de la Policía Federal y que era trucho. Bullrich salió a bancar: «Nadie apunta a una nena». La Comisión Provincial por la Memoria presentó denuncia penal. Monteoliva nunca se retractó. Y ascendió a ministra.
El método se repitió con mayor sofisticación durante la protesta contra la reforma laboral. Siete personas perfectamente sincronizadas comenzaron a arrojar piedras y preparar bombas molotov. La policía nunca las detuvo. Los camiones hidrantes apuntaron a otro lado. Los gases cayeron lejos. Los provocadores, protegidos, hicieron su trabajo. Después, Monteoliva anunció la identificación de 17 «terroristas». Entre ellos, Patricio Castellán, un monotributista que fue a la marcha, recibió un gasazo y una bala de goma en el codo, y apareció en una foto resguardándose detrás de una tabla. Castellán no sabe armar una molotov. No está afiliado a nada. Pero su cara ya es la del «terrorista» que la ministra necesita para justificar la represión.
La xenofobia como espectáculo
El 26 de enero, Monteoliva publicó un video de un operativo en Villa Celina: «Los que vienen a refugiarse acá, están perdidos: los buscamos, los encontramos y los echamos». La escenografía copia a Kristi Noem, la figura de la cruzada antiinmigrante de Trump. El mensaje es claro: el migrante es el enemigo, el pobre extranjero es el culpable, la solución es echarlo. No importa que la mayoría venga huyendo de hambre o violencia. El discurso de odio rinde réditos políticos y la ministra lo sabe.
El negocio de encarcelar pibes
La baja de la edad de imputabilidad a 14 años, recién aprobada en Diputados, no es una medida de seguridad: es un negocio. Cada cama en una cárcel de adolescentes cuesta 75 mil dólares. Cada equipo interdisciplinario, entre 250 y 300 mil dólares por año. La partida prevista alcanza para 16 camas en todo el país. Las provincias, responsables de gestionar la privación de libertad, deberán poner la plata. El ministerio de Seguridad, en cambio, administrará el sistema penitenciario federal y recibirá partidas extras para encerrar pibes. Mientras los comedores infantiles cierran, las pensiones por discapacidad se ajustan y los programas sociales desaparecen, el negocio del encierro florece.
El ajuste no se sostiene sin represión. La transferencia de ingresos de los pobres a los ricos necesita palos en la calle. Monteoliva lo entiende perfectamente. Por eso construye su candidatura sobre tres pilares: perseguir migrantes, encarcelar pibes y mentir para justificar la violencia. El manual es viejo: provocadores infiltrados generan el caos, la policía reprime masivamente, los medios amplifican la versión oficial, y los manifestantes genuinos terminan escrachados como terroristas.
Terror de Estado. Puro, duro y con likes.
LO LLAMAN SEGURIDAD. ES TERRORISMO DE ESTADO CON MAQUILLAJE ELECTORAL.
La ministra no cuida a nadie. Se cuida ella. A costa de pibes presos, migrantes escrachados y la verdad hecha mierda.
