Melina Orquidea
Los capítulos del ciclo Vivir Viajando habían sido grabados y promocionados, pero desaparecieron de la programación antes de su estreno. Fuentes del canal atribuyeron la orden a una protesta diplomática de Beijing, aunque no existe una confirmación oficial.
La TV Pública suspendió la emisión de cuatro programas dedicados a Taiwán después de recibir una orden del Gobierno nacional que habría sido motivada por una queja de la Embajada de China. Los capítulos estaban listos, habían sido promocionados y debían comenzar a transmitirse durante el último fin de semana.
El contenido formaba parte de Vivir Viajando, el ciclo conducido por Ariel Divincky que recorre diferentes países para mostrar sus paisajes, tradiciones y costumbres. El programa atraviesa su segunda temporada en la señal estatal y anteriormente presentó producciones realizadas en Ecuador, Guatemala y distintas provincias argentinas.
La serie sobre Taiwán contemplaba cuatro emisiones consecutivas. Tanto las cuentas vinculadas al programa como las redes del conductor habían difundido anticipos del viaje, pero los capítulos fueron retirados de la grilla antes de que saliera al aire el primero.
“El llamado vino de la Embajada de China”, aseguró una fuente de la TV Pública citada por La Política Online. Según esa versión, las autoridades del canal desconocían el conflicto hasta que recibieron desde el Gobierno la instrucción de cancelar los programas.
Ni la TV Pública, ni la Cancillería argentina ni la representación diplomática china informaron públicamente los motivos de la suspensión. Tampoco existe, hasta el momento, documentación que permita confirmar que la Embajada haya formulado una exigencia formal. Por eso, la intervención china debe presentarse como una denuncia basada en fuentes internas y no como un hecho reconocido oficialmente.
También circuló la sospecha de que el viaje del equipo periodístico pudo haber sido financiado o facilitado por autoridades taiwanesas. Esa versión tampoco fue acompañada por contratos, comprobantes o información pública que permita corroborarla.
El episodio es especialmente sensible porque la Argentina reconoce oficialmente el principio de “una sola China”. Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China en 1972, el Estado argentino no reconoce a Taiwán como un país independiente, aunque mantiene vínculos comerciales y culturales mediante oficinas de representación.
La Cancillería argentina sostuvo históricamente que Taiwán forma parte del territorio chino y rechazó sus intentos de ingresar como Estado a organismos internacionales. Para Beijing, cualquier tratamiento institucional que presente a la isla como un país separado constituye una línea roja diplomática.
Sin embargo, un programa turístico o cultural no equivale necesariamente al reconocimiento de un Estado. La controversia no surge solamente del contenido, sino de la decisión de retirar cuatro emisiones ya producidas de un medio público por una presión atribuida a una potencia extranjera. Si esa intervención se confirma, el caso abriría un debate sobre la autonomía editorial de la televisión estatal.
La situación también expone las contradicciones de la política exterior de Javier Milei. Durante la campaña presidencial, el libertario aseguró que no mantendría relaciones con gobiernos comunistas. Una vez en el poder, el peso comercial y financiero de China obligó a la Casa Rosada a moderar aquella posición y preservar los acuerdos bilaterales.
El vínculo atravesó diferentes roces desde el comienzo de la gestión. Entre ellos, la reunión de la entonces canciller Diana Mondino con la representante de Taiwán en Buenos Aires y los viajes de legisladores oficialistas a la isla. Cada contacto de funcionarios argentinos con autoridades taiwanesas genera preocupación en Beijing por la posibilidad de que el Gobierno abandone o relativice el principio de “una sola China”.
La presión china sobre Taiwán no se limita a la Argentina. Beijing mantiene una política activa para impedir su reconocimiento internacional y recientemente sancionó a funcionarios de Paraguay y Belice por los vínculos diplomáticos que esos países conservan con Taipéi.
En el caso de la TV Pública, la reacción oficial habría sido inmediata: retirar los cuatro episodios para evitar que el conflicto escalara. Esa rapidez permitió contener el reclamo diplomático, pero dejó planteada una pregunta más incómoda: quién decide qué contenidos pueden emitirse en la televisión estatal argentina cuando un gobierno extranjero expresa su malestar.
La cancelación de los programas no demuestra por sí sola que China haya impuesto una censura directa. Pero la falta de explicaciones oficiales, la desaparición de capítulos previamente anunciados y el testimonio surgido desde el propio canal justifican que el Gobierno informe quién impartió la orden, bajo qué argumentos y si existió una comunicación de la Embajada china.
