GONZALO SCHWEIZER
La entidad que preside Santiago Bausili admitió la intervención de bancos privados internacionales en las operaciones financieras realizadas sobre las reservas de oro, pero no identificó a las instituciones ni detalló los contratos. La Auditoría General de la Nación puso bajo observación pagos por USD 1.023 millones. El antecedente judicial de Bausili por sus vínculos con Deutsche Bank vuelve a colocar los conflictos de intereses y la transparencia en el centro de la discusión.
El Banco Central de la República Argentina reconoció que bancos privados internacionales participaron en las operaciones de cobertura financiera realizadas sobre sus reservas de oro, pero evitó revelar cuáles fueron las entidades involucradas. La admisión introduce un nuevo elemento en la controversia por la administración de uno de los activos estratégicos del país, después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) pusiera bajo observación pagos por USD 1.023 millones vinculados con esas operaciones durante 2025.
La cuestión no se limita a determinar si la estrategia financiera fue acertada. También involucra la identificación de las contrapartes, las condiciones contractuales, los costos de intermediación y los procedimientos utilizados para decidir sobre activos que integran el patrimonio público.
Según la información difundida, voceros de la autoridad monetaria señalaron que la mayor parte de las coberturas se canalizó mediante organismos multilaterales y que la participación de bancos privados internacionales fue marginal. Sin embargo, no proporcionaron los nombres de esas instituciones ni un desglose que permita establecer qué operaciones realizó cada una.
La falta de información impide reconstruir completamente quiénes intervinieron, cuánto cobraron y bajo qué condiciones se administraron las reservas de oro argentinas.
Una cobertura que costó USD 1.023 millones
La controversia se originó a partir de las observaciones de la AGN sobre las operaciones financieras vinculadas con las tenencias de oro del Banco Central durante 2025.
De acuerdo con los datos publicados, las coberturas generaron pagos por USD 1.023 millones sobre una posición en oro cuyo valor inicial rondaba los USD 5.375 millones. La entidad respondió que, durante ese mismo período, su posición en el metal registró una ganancia de valuación de aproximadamente USD 2.505 millones, producto del incremento de su cotización internacional.
Ambas cifras pueden ser correctas simultáneamente, pero describen resultados diferentes. La apreciación del oro incrementa el valor de las reservas, mientras que una cobertura financiera puede generar pérdidas o ganancias según la evolución del precio del activo y las características del contrato.
Si la cobertura protegía al Banco Central frente a una eventual caída del precio del oro, una suba pronunciada del metal podía producir pérdidas en los derivados que compensaran parcialmente la ganancia de valuación del activo.
Desde esa perspectiva, los USD 1.023 millones no prueban por sí solos una irregularidad ni permiten concluir que toda la operación careciera de justificación. Las coberturas tienen un costo potencial precisamente porque buscan limitar determinados riesgos.
Pero tampoco alcanza con señalar que el oro aumentó de valor para dar por cerrada la discusión. La evaluación debe determinar si la cobertura era necesaria, qué proporción de las reservas protegía, cuánto costó y si las condiciones contratadas resultaron razonables.
Si las cifras corresponden al mismo conjunto de posiciones y períodos, la apreciación del oro habría superado los pagos de cobertura. Sin embargo, esa ganancia neta aproximada no reemplaza una conciliación contable completa ni permite evaluar por sí sola la calidad de la decisión.
El problema no es solamente cuánto se perdió, sino quién cobró
La nueva información sobre la intervención de bancos extranjeros incorpora una dimensión central para cualquier auditoría financiera: la identificación de las contrapartes.
Las operaciones con derivados se celebran mediante contratos que establecen obligaciones entre instituciones. Cuando una posición genera pagos, esos fondos se transfieren conforme a las condiciones pactadas. Eso no significa necesariamente que una sola entidad haya obtenido una ganancia equivalente a la pérdida informada por el Banco Central, porque pueden existir intermediarios, compensaciones, coberturas adicionales y múltiples participantes.
Por esa razón, conocer el nombre de los bancos es apenas el primer paso. También es necesario identificar los instrumentos utilizados, las fechas de contratación y liquidación, los montos nominales, las comisiones y las condiciones de mercado vigentes al momento de cada operación.
El Banco Central sostuvo que los organismos multilaterales concentraron la mayor parte de la actividad. Entre las instituciones que habitualmente realizan operaciones con reservas internacionales se encuentra el Banco de Pagos Internacionales (BIS), aunque la información disponible no permite confirmar qué operaciones específicas se realizaron con esa entidad ni establecer la identidad de los bancos privados participantes.
La confidencialidad de determinadas transacciones financieras puede tener fundamentos comerciales y operativos. Sin embargo, esa reserva no elimina la obligación de rendir cuentas ante los organismos competentes cuando se administran activos públicos.
La diferencia es sustancial: una cosa es limitar la divulgación inmediata de información sensible para no perjudicar una estrategia financiera y otra es impedir que los órganos de control puedan verificar los contratos, las contrapartes y los costos.
¿Por qué trasladaron doce toneladas de oro al exterior?
La discusión sobre las coberturas también reabre las preguntas acerca del traslado de aproximadamente doce toneladas de oro desde las bóvedas del Banco Central hacia el exterior, una operación que generó controversia por la información limitada sobre su destino y finalidad.
La existencia de una cobertura financiera no exige necesariamente movilizar físicamente el activo subyacente. Es posible contratar determinados derivados sobre el precio del oro sin trasladar los lingotes. Sin embargo, otras operaciones, como ciertos préstamos, depósitos, garantías o transacciones de custodia, pueden involucrar movimientos físicos o cambios en la disponibilidad del metal.
Por eso, el traslado no demuestra por sí mismo que existieran operaciones adicionales no declaradas. Pero sí vuelve indispensable conocer si el oro fue depositado en custodia, utilizado como garantía, prestado o comprometido mediante algún otro instrumento financiero.
Cada alternativa tiene consecuencias distintas para la disponibilidad de las reservas y los riesgos asumidos por el Banco Central.
La información difundida hasta ahora no permite establecer una relación contractual directa entre el traslado físico de las doce toneladas y las pérdidas por coberturas registradas durante 2025. Esa conexión requiere documentación específica y no debería darse por probada únicamente por la coincidencia de los hechos.
Lo que sí corresponde exigir es una explicación consistente sobre el destino del metal, su situación jurídica, los derechos de disposición que conserva Argentina y las eventuales obligaciones asociadas.
Las preguntas que el Banco Central todavía debe responder
El exvicepresidente del Banco Central Jorge Carrera planteó una serie de interrogantes relevantes para reconstruir la estrategia financiera. Entre ellos figuran las fechas de inicio de las coberturas, la cantidad de operaciones, los instrumentos utilizados y las decisiones adoptadas cuando el precio internacional del oro comenzó a aumentar.
Esas preguntas apuntan a un aspecto esencial: una cobertura no se evalúa solamente por su resultado final, sino también por la información disponible cuando fue contratada y por las decisiones tomadas durante su vigencia.
Si la estrategia respondía a un análisis de riesgos documentado, debería ser posible conocer cuáles eran los escenarios considerados, qué pérdidas se buscaba evitar y qué límites se establecieron para la exposición financiera.
También debería determinarse si existieron mecanismos de revisión cuando cambiaron las condiciones del mercado y quiénes autorizaron la continuidad, modificación o cancelación de las posiciones.
Una operación puede terminar con pérdidas sin que exista negligencia. Pero para demostrar que fue una decisión técnicamente fundada se necesitan documentos, criterios de gestión y registros que permitan verificarla.
El antecedente de Bausili con Deutsche Bank
La negativa a identificar a los bancos participantes adquiere mayor sensibilidad por los antecedentes judiciales de Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central.
Durante su paso por la Secretaría de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, Bausili fue investigado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, a raíz de su intervención en procedimientos relacionados con la contratación de entidades colocadoras de deuda, entre ellas Deutsche Bank, institución en la que había trabajado antes de incorporarse al Estado.
El juez federal Sebastián Casanello dictó procesamientos en el marco de esa investigación. Posteriormente, en diciembre de 2023, la Cámara Federal revocó el procesamiento. Según la información publicada, el expediente atravesó nuevas instancias y en julio de 2026 se habilitó una revisión judicial vinculada con la situación procesal del funcionario.
Es indispensable distinguir esos antecedentes de la controversia actual. No existe en la información presentada ninguna prueba de que Deutsche Bank haya participado en las operaciones de oro, ni de que Bausili haya favorecido a una entidad determinada mediante los contratos bajo examen.
Tampoco corresponde presentar las actuaciones judiciales anteriores como una condena penal.
Sin embargo, la existencia de una investigación previa relacionada con posibles conflictos de intereses refuerza la importancia de establecer procedimientos verificables y transparentes para la contratación de instituciones financieras privadas.
La identificación de las contrapartes permitiría descartar o detectar eventuales vínculos que debieran haber sido declarados y evaluar si se cumplieron las normas aplicables.
Las reservas internacionales no pueden quedar fuera del control público
El oro del Banco Central integra las reservas internacionales argentinas y cumple una función patrimonial y financiera. Su administración puede incluir decisiones de inversión, custodia y cobertura, pero esas operaciones deben estar sujetas a controles adecuados.
La AGN tiene precisamente la función de examinar la legalidad, regularidad y gestión de los recursos públicos dentro de sus competencias. Cuando una auditoría plantea observaciones sobre operaciones financieras de esta magnitud, la respuesta institucional debe permitir reconstruir los hechos y evaluar los procedimientos.
La controversia tampoco se resuelve con una comparación simplificada entre los USD 1.023 millones pagados por coberturas y los USD 2.505 millones de apreciación del oro. Es necesario determinar qué resultado se obtuvo efectivamente, cuáles eran los riesgos que se pretendía cubrir y qué alternativas estaban disponibles.
Del mismo modo, sería incorrecto concluir que los bancos privados se apropiaron de esos USD 1.023 millones sin conocer los contratos y la distribución de las operaciones. La participación de entidades financieras extranjeras está reconocida, pero su identidad, su función precisa y sus eventuales beneficios permanecen sin aclarar.
La distinción entre hechos comprobados, información incompleta y sospechas es fundamental para que la investigación no se convierta en una sucesión de acusaciones imposibles de verificar.
Bausili debe explicar qué hizo con el oro y quiénes participaron
La cuestión central es la responsabilidad institucional por la administración de las reservas. El Banco Central reconoce que realizó operaciones de cobertura, admite pagos significativos asociados a ellas y confirma la participación de bancos privados internacionales. Sin embargo, la información pública todavía no permite conocer integralmente los contratos ni reconstruir las decisiones financieras.
La entidad puede argumentar que parte de esa documentación está protegida por razones de confidencialidad. Pero debe existir un mecanismo de control capaz de comprobar si las operaciones fueron autorizadas correctamente, si respondieron a criterios técnicos y si las condiciones resultaron compatibles con una administración prudente del patrimonio público.
El interrogante no consiste en determinar si toda cobertura que pierde dinero es necesariamente una mala operación. Consiste en saber si el Banco Central asumió riesgos justificados, cuánto costaron y quiénes recibieron los pagos.
Mientras esas preguntas permanezcan abiertas, la controversia sobre el oro seguirá excediendo el resultado financiero de 2025. Estará en discusión la transparencia con la que las autoridades monetarias administran uno de los activos más importantes del país.
El Banco Central ya reconoció que hubo bancos extranjeros involucrados. Ahora falta conocer cuáles fueron, qué contratos firmaron y por qué las coberturas terminaron generando pagos por más de mil millones de dólares.
Melina Orquidea
