Melina Schweizer
La Libertad Avanza colocó a Lilia Lemoine al frente de la Comisión de Juicio Político mientras crecen los casos $Libra, ANDIS y la investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni. Ya hay al menos dos pedidos de juicio político presentados contra Javier Milei. El movimiento confirma que, cuando la crisis judicial aprieta, el oficialismo responde ocupando posiciones de control institucional.
En política, las comisiones parlamentarias suelen parecer un asunto menor hasta que dejan de serlo. Durante meses, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados fue tratada como una pieza incómoda, casi como un cuarto cerrado que convenía no abrir. Ahora, en cambio, el oficialismo decidió ocuparla con una dirigente de fidelidad absoluta: Lilia Lemoine. El dato, leído de manera aislada, podría parecer una simple disputa de cargos. Leído en contexto, revela algo más importante: La Libertad Avanza está organizando una arquitectura de autoprotección institucional en el Congreso mientras se multiplican los escándalos que rodean al Gobierno.
No se trata solo del caso $Libra, ni solo de las denuncias sobre la ANDIS, ni únicamente de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que salpica a Manuel Adorni. Se trata del efecto acumulativo de todos esos expedientes sobre un gobierno que llegó prometiendo pureza anticasta y hoy necesita blindar los mecanismos que podrían transformarse en canales formales de control. La Comisión de Juicio Político es exactamente eso: no un tribunal, pero sí el umbral institucional desde el cual una crisis política puede adquirir forma parlamentaria. Por eso importa tanto quién la preside. Por eso importa tanto que sea Lemoine.
El primer punto que conviene subrayar es que el oficialismo no eligió a Lemoine por experiencia parlamentaria ni por prestigio técnico. La eligió por otra cosa, más simple y más decisiva: obediencia política. Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, propuso su nombre y resumió los fundamentos con una frase brutal en su sinceridad: “los antecedentes son de público conocimiento”. Esa frase, que pretende sonar solemne, en realidad desnuda la lógica del nombramiento. Los antecedentes que importan no son institucionales sino identitarios: Lemoine representa el mileísmo más cerrado, menos propenso a la negociación y más dispuesto a convertir la función pública en una trinchera de defensa personal del liderazgo.
Ahí aparece la primera dimensión del problema. En una democracia parlamentaria madura, la Comisión de Juicio Político debería ser un espacio conducido con criterios de prudencia, equilibrio y mínima vocación de arbitraje. No porque deba ser neutral —la neutralidad absoluta en política no existe— sino porque administra un mecanismo extremo: el eventual juzgamiento institucional del presidente, jueces de la Corte o altos funcionarios. Colocar al frente de esa comisión a una dirigente cuyo capital central es la lealtad facciosa altera el sentido de la institución. Ya no se trata de conducir un órgano de control, sino de impedir que funcione como tal.
La observación de Paula Penacca durante la reunión fue, en ese sentido, más que una crítica opositora. Fue una descripción precisa del objetivo. Le dijo a Lemoine que el oficialismo la colocó ahí porque no tendría “la misma criticidad” que la diputada nombrada anteriormente para conducir la comisión si hubiera que evaluar la conducta del Presidente. Traducido al castellano político: la comisión fue capturada preventivamente para que no se transforme en un problema para Milei.
Eso enlaza directamente con el antecedente de Marcela Pagano, cuya designación previa como titular de la comisión había sido desconocida por Martín Menem, a instancias de Karina Milei. Ese episodio, que en su momento fue leído como una interna caótica más del oficialismo, hoy adquiere otro significado. No fue solo una pelea de egos. Fue una disputa por el control de un dispositivo institucional delicado. Pagano parecía tener márgenes propios, o al menos la ambición de ejercerlos. El karinismo la desalojó políticamente. El resultado fue la ruptura de Pagano y de Oscar Zago con el espacio. Lo que entonces parecía desorden hoy se entiende mejor como un principio de doctrina: ninguna caja sensible puede quedar en manos de alguien que no garantice disciplina total.
La designación de Lemoine, entonces, no expresa fortaleza sino necesidad. Y esa necesidad nace del contexto. El diputado Juan Marino, que ya presentó un proyecto de juicio político contra Milei, lo dejó planteado con crudeza: hoy quizás no estén los números, pero el desgobierno y los escándalos pueden construirlos mañana. Néstor Pitrola y Romina Del Pla, por su parte, también formalizaron otro pedido de juicio político, mencionando $Libra, el caso Adorni y hasta el respaldo a Estados Unidos en el ataque a Irán. Que existan ya dos pedidos no significa que el juicio político sea inminente. Significa algo más importante: el repertorio institucional de la oposición dejó de ser hipotético. La herramienta está arriba de la mesa. Y el oficialismo lo sabe.
Ahí se juega la segunda capa del análisis: la relación entre escándalo, percepción pública y blindaje parlamentario. Un juicio político no avanza solamente por la gravedad jurídica de los hechos. Avanza cuando se combinan tres factores: erosión de legitimidad, acumulación de evidencia y cambio en la correlación de fuerzas. Hoy el Gobierno no está todavía en ese punto crítico, pero percibe el riesgo de la deriva. Por eso actúa antes. El mileísmo, que tantas veces se presentó como un movimiento antisistema, está empezando a comportarse como cualquier oficialismo bajo presión: asegura comisiones, acomoda cargos, distribuye lugares de control y fortalece a sus leales.
El dato de que la comisión se reúna los martes a las 18 puede parecer menor, pero indica algo: el cuerpo ya no está congelado, está operativo. Y eso obliga al oficialismo a una doble tarea. Por un lado, evitar que se convierta en plataforma opositora. Por otro, administrarla de forma tal que su existencia no parezca una confesión de miedo. Esa tensión será decisiva en los próximos meses. Porque cuanto más explícito sea el uso defensivo de la comisión, más evidente resultará que el Gobierno la considera una amenaza real.
Hay además una tercera dimensión, más amplia y más importante: la colonización de espacios institucionales por parte de La Libertad Avanza en Diputados. El texto muestra que el oficialismo no solo avanzó sobre Juicio Político, sino también sobre comisiones como Peticiones, Poderes y Reglamento, Comunicaciones e Informática y Libertad de Expresión, además de colocar a Sebastián Pareja y Nicolás Emma en lugares de secretaría dentro del esquema de Juicio Político. Esto no es azar. Es diseño. Son comisiones donde se administran reglas del juego, circulación de temas y capacidad de daño o bloqueo.
En otras palabras: el oficialismo está dejando de actuar como fuerza outsider y empieza a construir músculo de régimen. Eso supone entender algo elemental que el mileísmo, por inexperiencia o soberbia, durante un tiempo subestimó: no alcanza con tener al Presidente ni con dominar la agenda mediática. Para sobrevivir a una etapa de desgaste hace falta institucionalizar la defensa. En el Congreso, eso significa presidir las comisiones donde una crisis podría ganar forma. Lemoine no es un accidente de casting; es la expresión de esa etapa.
La paradoja es brutal. Milei llegó al poder denunciando la “casta”, el corporativismo político y los acomodos de siempre. Pero en cuanto la presión judicial y política aumentó, recurrió exactamente a las prácticas clásicas de cualquier oficialismo amenazado: copamiento de comisiones, nombramiento de ultra leales, administración cerrada de resortes institucionales, disciplinamiento interno y cerrojo frente a la crítica. La novedad libertaria empieza a parecerse demasiado a la vieja política que decía venir a demoler. Solo que con menos pudor estético y mayor agresividad discursiva.
La figura de Lemoine agrega, además, una dimensión simbólica. No es una diputada cualquiera. Es una dirigente asociada a la performatividad extrema del mileísmo, a su núcleo duro digital y a un estilo político que hace de la provocación y la obediencia personal una virtud. Colocarla al frente de Juicio Político envía un mensaje al propio oficialismo: el resguardo del líder no se delega en técnicos ni en negociadores; se entrega a los soldados de confianza. Es un mensaje de cierre de filas. Pero también de empobrecimiento institucional. Porque cuanto más personalista es la lógica de conducción, menos margen queda para el funcionamiento normal de los órganos de control.
Eso vuelve especialmente relevante la frase de Juan Marino sobre el posible emplazamiento de la comisión con mayoría simple si el oficialismo intenta boicotearla. Más allá de la aritmética actual, la oposición está construyendo un relato: si el Gobierno usa la comisión para bloquear, quedará expuesto no ya como defensor de un presidente inocente, sino como administrador del encubrimiento. Ese terreno es peligroso para La Libertad Avanza, porque sus votantes toleran muchas cosas, pero no indefinidamente la contradicción entre moralismo discursivo y manejo faccioso del Estado.
El caso Adorni es central en este punto. Marino lo formula con una consigna: “Adorni es Milei”. Esa equivalencia busca transformar un escándalo de entorno en una extensión de responsabilidad presidencial. Y ahí aparece la lógica de contagio político. En un gobierno muy personalizado, donde los funcionarios valen en la medida en que expresan la voluntad del líder, las caídas individuales pueden transformarse en costos sistémicos. Si Milei no sacrifica a Adorni, asume el daño. Si lo sacrifica, admite implícitamente que el problema existía. La Comisión de Juicio Político es el lugar donde esa contradicción podría encontrar cauce parlamentario. De nuevo: por eso Lemoine.
También hay que mirar el vínculo entre esta designación y la Bicameral de Inteligencia, mencionada en el mismo texto como otro espacio en tensión. La foto que emerge es la de un oficialismo que prioriza el control de dos zonas críticas cuando los escándalos arrecian: el monitoreo de inteligencia y el juicio político. Es una respuesta clásica de supervivencia. Quien controla información sensible y quien controla el ingreso de una crisis al cauce parlamentario, gana tiempo. Y en política, el tiempo es un activo decisivo.
Pero el tiempo no resuelve el problema de fondo. Apenas lo administra. Si los casos $Libra, ANDIS y Adorni siguen creciendo, el blindaje institucional puede retrasar el daño, no eliminarlo. A veces incluso lo agrava, porque convierte una crisis judicial en una crisis de encubrimiento. El riesgo del oficialismo es ese: que la captura preventiva de la comisión sea leída no como prudencia, sino como reconocimiento tácito de vulnerabilidad. El riesgo de la oposición, por su parte, es el inverso: sobreactuar el juicio político antes de construir mayoría social para sostenerlo.
En definitiva, la elección de Lemoine no debe leerse como una anécdota de reparto interno. Es una pieza dentro de una estrategia más amplia: la institucionalización defensiva del mileísmo. Un gobierno que se sabe bajo presión judicial y política comienza a ocupar casilleros clave no para gobernar mejor, sino para reducir el margen de daño del adversario y ordenar a los propios frente a la tormenta. Juicio Político, en ese esquema, deja de ser una comisión y se convierte en una muralla.
La pregunta es cuánto tiempo puede resistir una muralla cuando el problema no está afuera sino adentro. Porque si algo muestra esta jugada es que el oficialismo ya no se comporta como quien cree estar atravesando una turbulencia pasajera. Se comporta como quien entendió que empezó otra etapa: la etapa en la que la prioridad no es expandirse, sino protegerse. Y cuando un gobierno entra en esa fase, el dato más importante no es quién preside una comisión. El dato es otro: el poder empezó a sentirse amenazado.
CONCHITA PRETA
