Los Vengadores del Relato Oficial

El 5 de febrero de 2026 entró al archivo de la historia argentina como el día en que nació el “Ministerio de la Verdad”: mientras no había plata para jubilados, escuelas ni discapacidad, sí hubo presupuesto para fabricar relato oficial con estética libertaria y manual de disciplinamiento mediático.

No es una cuenta: es una cocina estatal del sentido

No es una cuenta de redes sociales, no es una iniciativa comunicacional menor, no es un gesto de modernización institucional ni una respuesta espontánea al ecosistema digital, sino una cocina estatal de producción de verdad oficial, diseñada para intervenir en el espacio público no desde la información verificable ni desde la ampliación del acceso a datos públicos, sino desde la lógica del señalamiento, la descalificación y el escrache simbólico, donde el Estado deja de ser garante de derechos para convertirse en editor jefe del relato permitido, definiendo qué es mentira, qué es operación, qué periodista merece ser expuesto y qué medio debe ser disciplinado, todo bajo una retórica de guerra cultural que reemplaza el debate democrático por una lógica de trinchera en la que el poder no argumenta: dictamina.

Porque cuando un gobierno se arroga la facultad de “desmentir oficialmente” no está aclarando información, está reordenando jerarquías discursivas, marcando quién habla desde un lugar legítimo y quién queda automáticamente sospechado, descalificado o señalado como parte de una conspiración abstracta que siempre aparece cuando alguien pregunta por el ajuste, por el hambre, por la caída del salario o por la destrucción sistemática de políticas públicas.

Libertarios que detestan al Estado… hasta que lo necesitan para blindarse

La paradoja no es menor ni anecdótica, porque el mismo gobierno que se presenta como enemigo del Estado, que hace del ajuste un dogma, que repite como mantra que el sector público es ineficiente, corrupto y parasitario, no tiene ningún problema en expandir la presencia estatal cuando se trata de proteger su narrativa, creando estructuras específicas, con personal pago, con dedicación exclusiva, con centralidad política, destinadas no a resolver problemas materiales sino a administrar el sentido, algo que históricamente no hacen los gobiernos seguros de sí mismos, sino aquellos que necesitan controlar el clima discursivo porque saben que la realidad, cuando se la mira sin filtros, no juega a su favor.

El libertarismo termina exactamente donde empieza la crítica, y ahí aparece el Estado que decían odiar, no para garantizar derechos ni para equilibrar desigualdades, sino para cuidar el relato, como si la palabra fuera un recurso estratégico más valioso que el presupuesto educativo o que las jubilaciones mínimas.

Del INADI al “no somos lo mismo”: el doble estándar como doctrina

Durante años, este espacio político construyó su identidad denunciando al INADI como una supuesta policía del pensamiento, como un gasto innecesario, como una estructura ideológica destinada —según su discurso— a perseguir opiniones y censurar voces disidentes, celebrando su cierre como una victoria cultural contra el “Estado inútil”, pero hoy, sin el más mínimo pudor, crea su propio dispositivo de señalamiento discursivo, con otro nombre, otra estética y otro objetivo, demostrando que el problema nunca fue la existencia de una institución, sino quién la controla y a quién protege.

La diferencia es brutal y deliberada: el INADI actuaba sobre denuncias concretas, con procedimientos administrativos, con marcos normativos, con posibilidad de defensa; la nueva cocina oficial actúa por decisión política directa, sin reglas claras, sin debido proceso, sin control externo, señalando periodistas y medios desde el poder ejecutivo como si la crítica fuera un delito moral y no una función democrática básica.

No eliminaron la lógica del control discursivo: la privatizaron para uso propio.

No hay plata para derechos, pero sí para fabricar verdad

El contexto económico no es un detalle de color ni un telón de fondo neutro, porque esta oficina nace en un país donde los jubilados cobran haberes de indigencia, donde las escuelas públicas se caen a pedazos, donde las universidades sobreviven con presupuestos congelados, donde las personas con discapacidad pierden prestaciones esenciales y donde la salud pública administra la escasez como norma, todo bajo el mantra repetido hasta el hartazgo de que “no hay plata”.

No hay plata para medicamentos, pero sí hay plata para sostener equipos dedicados a desmentir periodistas. No hay plata para comedores, pero sí hay plata para blindar el discurso presidencial. No hay plata para políticas públicas, pero sí hay plata para defender el ego del poder.

Esto no es austeridad ni racionalidad fiscal: es decisión política, y el mensaje es claro para cualquiera que quiera leerlo sin anestesia ideológica: los derechos pueden esperar, el relato no.

Periodismo como enemigo, pregunta como amenaza

La relación conflictiva con el periodismo no es nueva, pero ahora deja de ser un berrinche tuitero para transformarse en política de Estado, porque cuando un gobierno construye al periodismo crítico como enemigo interno, lo que está haciendo no es discutir errores, sino deslegitimar el control democrático, reemplazando la rendición de cuentas por el ataque personal y la descalificación sistemática.

El periodismo molesta no porque mienta, sino porque pregunta, y los gobiernos que no toleran preguntas son gobiernos que necesitan silencio, obediencia y un relato sin fisuras, algo incompatible con cualquier noción mínimamente honesta de libertad de expresión.

¿Quiénes hacen esto en el mundo?

Este tipo de dispositivos no aparecen en democracias sólidas que fortalecen el acceso a la información pública y aceptan la crítica como parte constitutiva del sistema, sino en regímenes que se sienten asediados, incomprendidos o amenazados, donde el poder necesita marcar la cancha discursiva porque no puede —o no quiere— responder con resultados materiales.

No es una herramienta libertaria.
Es una herramienta verticalista, conocida, reciclada y adaptada al siglo XXI con memes, hashtags y violencia simbólica.

La mentira del “combatimos desinformación con información”

El argumento oficial es tan simple como falso: dicen que no censuran, que solo informan, que no persiguen, que solo aclaran, pero cuando el Estado define qué es mentira, deja de informar y empieza a mandar, porque no existe simetría entre un periodista y el aparato estatal, ni igualdad de condiciones entre una nota crítica y una respuesta amplificada desde el poder presidencial.

No es debate cuando uno de los participantes tiene la capacidad de señalar, estigmatizar y amplificar desde el Estado, porque eso no equilibra la conversación pública: la inclina.

El relato como política pública central

Esta cocina no acompaña la política económica: la reemplaza, porque cuando el ajuste deja heridos visibles, cuando los números no cierran, cuando la realidad empieza a contradecir el discurso, el poder necesita fabricar una narrativa que explique por qué el problema nunca es el modelo, sino siempre el que lo critica.

El relato se convierte así en política pública, en prioridad presupuestaria, en eje de gestión, mientras todo lo demás se recorta, se ajusta o se abandona.

El relato como política pública central

Esta cocina no acompaña la política económica: la reemplaza, porque cuando el ajuste deja heridos visibles, cuando los números no cierran, cuando la realidad empieza a contradecir el discurso, el poder necesita fabricar una narrativa que explique por qué el problema nunca es el modelo, sino siempre el que lo critica.

El relato se convierte así en política pública, en prioridad presupuestaria, en eje de gestión, mientras todo lo demás se recorta, se ajusta o se abandona.