Jubílate y salí a laburar: el modelo donde la vejez también es descartable

La desocupación real ya ronda el 13,8% y más de 6 millones de personas trabajan sin derechos, mientras el dato más brutal lo ponen los jubilados: su participación laboral creció 11% porque los haberes no alcanzan para vivir. No es vocación ni “cultura del esfuerzo”: es un modelo que licúa jubilaciones, esconde el desempleo y empuja a los viejos a laburar para maquillar estadísticas.

Si alguna vez alguien quiso ver con claridad quirúrgica qué significa en la práctica el experimento libertario que gobierna la Argentina, no hace falta leer tratados de economía ni escuchar cadenas nacionales plagadas de gráficos falsamente prolijos: alcanza con mirar quiénes están volviendo al mercado laboral, en qué condiciones y por pura necesidad biológica de sobrevivir, porque cuando un país empuja a sus jubilados a repartir comida en bicicleta o a manejar doce horas un auto para llegar a fin de mes, no estamos frente a un “reordenamiento”, estamos frente a una demolición social con discurso técnico.

Los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares —los mismos que el Indec maquilla para mostrar sonrisas estadísticas— revelan que la desocupación real, contando el desempleo encubierto, ronda el 13,8%, exactamente el doble de lo que se informa oficialmente, mientras más de seis millones de personas trabajan sin derechos, sin aportes, sin estabilidad y sin futuro, en un mercado laboral atomizado, precarizado y diseñado para que nadie pueda planificar nada más allá de la próxima semana.

La estafa estadística como política pública

El Indec, ese organismo que supo ser una referencia técnica y hoy funciona como maquillador profesional del desastre, insiste en mostrar una tasa de desempleo del 6,6%, como si eso dijera algo relevante en un país donde millones trabajan pocas horas, en condiciones indignas, sin aportes, sin cobertura y sin posibilidad de progresar, porque el truco metodológico consiste en llamar “ocupado” a cualquiera que haya hecho una changa miserable la semana previa a la encuesta, aunque no le alcance ni para pagar un kilo de carne.

El Instituto Argentina Grande, analizando los mismos datos oficiales pero sin obedecer al Excel del poder, demuestra que si se suman los desocupados abiertos, los subocupados involuntarios y quienes trabajan pocas horas en empleos desprotegidos, el panorama real es el de un país con desempleo masivo disfrazado de autoempleo heroico, una fantasía libertaria que se sostiene únicamente en la manipulación conceptual.

El milagro invertido: más jubilados trabajando, menos jóvenes con futuro

El dato más obsceno no es solo la precariedad generalizada, sino quiénes están sosteniendo el crecimiento de la tasa de actividad: no son los jóvenes, no son los nuevos trabajadores calificados, no es el famoso “derrame” que nunca llega, sino los jubilados, empujados de vuelta al mercado laboral porque sus haberes fueron licuados, el bono congelado y los gastos básicos —medicamentos, prepagas, alimentos— se dispararon sin control.

Entre 2023 y 2025, la actividad de personas jubiladas creció un 11%, mientras la de los jóvenes permanece estancada, no por falta de voluntad sino porque el modelo no les ofrece nada más que informalidad, salarios de hambre o directamente expulsión, configurando una escena grotesca donde el sistema premia al cuerpo agotado y castiga al que recién empieza.

Y no es una metáfora: hoy el reparto de comida, el transporte por aplicaciones y las changas urbanas están cada vez más pobladas por adultos mayores, especialmente mujeres, que después de haber trabajado toda su vida ahora deben elegir entre comer o descansar, mientras el gobierno les responde con palos cada miércoles.

La reforma laboral: legalizar el desastre

Este escenario no es una consecuencia imprevista: es el prólogo perfecto para la reforma laboral que el oficialismo empuja con entusiasmo ideológico, una reforma que no busca crear empleo de calidad sino legalizar la precariedad existente, institucionalizar el “arreglate como puedas” y convertir el trabajo sin derechos en norma aceptable.

La Ley Bases ya introdujo flexibilizaciones que erosionaron protecciones mínimas, y lo que viene apunta a profundizar ese esquema donde el riesgo lo asume siempre el trabajador y la ganancia queda concentrada, mientras se repite el mantra de la eficiencia como si fuera un rezo tecnocrático.

Mujeres, viejas y descartables

Como siempre, el impacto no es neutro: el trabajo desprotegido creció más entre las mujeres que entre los varones, y el segmento más golpeado es el de mujeres mayores de 66 años, donde la precarización aumentó más del 30%, una cifra que no necesita adjetivos porque habla sola del nivel de crueldad estructural que administra el modelo.

No es solo pobreza: es una forma específica de violencia económica que se ejerce sobre cuerpos ya castigados, en nombre de un ajuste que siempre encuentra excusas para abajo y privilegios para arriba.

El desempleo encubierto: la Argentina del “algo es algo”

El concepto de desempleo encubierto desnuda la trampa central del discurso oficial: no se trata solo de quién no tiene trabajo, sino de quién tiene trabajos que no sirven para vivir, una categoría cada vez más amplia que el Indec prefiere no mirar de frente.

Cuando se observa el desempleo ampliado por edad, el crecimiento más brutal se da en personas de 66 años o más, con un aumento superior al 34%, lo que significa que cada vez más jubilados no solo trabajan, sino que buscan trabajar más horas porque lo que hacen no alcanza ni mínimamente.

El modelo donde la vejez también sobra

El relato libertario habla de mérito, esfuerzo y libertad, pero lo que entrega es un país donde la vejez deja de ser un derecho y se convierte en una carga individual, donde jubilarse es un lujo y descansar después de una vida de trabajo es visto como una falla moral.

No es eficiencia, no es modernización, no es sinceramiento: es un modelo que exprime hasta el último resto de energía social, que convierte a los jubilados en variable de ajuste y que mide el éxito económico por la cantidad de derechos que logra desactivar sin que estalle todo.

Porque cuando un país obliga a sus jubilados a volver a trabajar, no está salvando la economía:
está confesando su fracaso.