Melina Schweizer
Casi 21 millones de argentinos deben dinero a bancos o billeteras virtuales y 5,91 millones ya registran atrasos. La morosidad familiar llegó al 12,8% en entidades bancarias y al 30,1% entre proveedores no financieros. Frente a la crisis, el oficialismo propone advertencias y controles digitales, pero descarta refinanciaciones y límites a las tasas.
La Libertad Avanza prepara en Diputados una respuesta política a dos crisis que golpean directamente a los sectores más vulnerables: el financiamiento del sistema de discapacidad y el endeudamiento de los hogares. Su estrategia no consiste en negar formalmente los problemas, sino en presentar dictámenes propios que reconozcan su existencia, cambien el enfoque de la discusión y eviten cualquier solución con impacto presupuestario o capaz de limitar la rentabilidad del sistema financiero.
En materia de endeudamiento, el oficialismo propone incorporar advertencias, mecanismos de doble verificación y contenidos de educación financiera. Al mismo tiempo, rechaza establecer refinanciaciones, regular las tasas o crear mecanismos públicos de alivio para las familias atrapadas en la mora. Traducido del lenguaje parlamentario: el Gobierno acepta explicarle al deudor los riesgos de endeudarse, pero se niega a intervenir sobre las condiciones económicas que hicieron impagable la deuda.
El planteo llega cuando 20,96 millones de personas mantienen obligaciones con bancos o proveedores no financieros de crédito y 5,91 millones registran atrasos. La crisis dejó de ser un problema marginal de consumidores que administraron mal sus ingresos. Casi tres de cada diez deudores presentan algún incumplimiento y una parte creciente se encuentra atrapada simultáneamente entre bancos, tarjetas y plataformas digitales.
El crédito dejó de financiar consumo y comenzó a reemplazar salarios
El cambio fundamental no está solamente en la cantidad de personas endeudadas, sino en el uso que los hogares hacen del crédito. Una porción cada vez mayor de las familias ya no pide dinero para comprar un automóvil, mejorar una vivienda o adquirir un electrodoméstico. Se endeuda para pagar alimentos, alquileres, tarifas, medicamentos y cuotas anteriores.
En esas condiciones, el crédito deja de anticipar un ingreso futuro y empieza a reemplazar un ingreso que no alcanza. La tarjeta permite llevar comida hoy, pero compromete el salario del mes siguiente; la billetera virtual cubre una factura, pero agrega intereses a una economía familiar que ya era deficitaria antes de tomar el préstamo.
Ese mecanismo puede sostener artificialmente el consumo durante algunos meses. También permite al Gobierno mostrar una caída menos abrupta de las ventas que la que produciría únicamente el deterioro salarial. Pero acumula una fragilidad que finalmente aparece en la mora.
Los números muestran esa secuencia. La irregularidad de las familias dentro del sistema bancario pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,8% en junio de 2026. En diciembre de 2025 ya había llegado al 9,3%, mientras que en abril de 2026 alcanzaba el 12,1%. La trayectoria oficial confirma que no se trata de una fotografía aislada, sino de un deterioro sostenido.
Entre los proveedores no financieros, donde operan billeteras, financieras y emisores de tarjetas no bancarias, el cuadro es todavía más delicado. En febrero de 2026, el 26,9% de la cartera ya era irregular; en los préstamos personales, el indicador llegaba al 34,1%. Para junio, el relevamiento de CEPA ubicó la mora vinculada con ese universo en el 30,1%.
La facilidad de solicitar dinero desde un teléfono permitió ampliar rápidamente el acceso al crédito. También desplazó a millones de personas hacia un sistema donde las tasas suelen ser más elevadas, los contratos menos comprensibles y la relación entre prestamista y consumidor profundamente desigual.
Enseñar a leer la tasa después de que la deuda explotó
La educación financiera puede ser útil. Conocer el costo financiero total, diferenciar una tasa nominal de una efectiva, identificar cargos ocultos y comprender las consecuencias de pagar solamente el mínimo de la tarjeta son herramientas necesarias.
El problema aparece cuando esa educación es presentada como la respuesta central a una crisis causada por salarios insuficientes, tasas elevadas y una expansión crediticia promovida por la desregulación. En ese punto, la propuesta oficial desplaza la responsabilidad desde el modelo económico hacia el comportamiento individual.
La familia deja de aparecer como víctima de ingresos deteriorados y pasa a ser señalada como una consumidora que no leyó adecuadamente el contrato. La mora deja de ser un indicador económico y se convierte en una falla educativa. El Estado que liberó tasas y permitió la expansión acelerada de los prestamistas ahora pretende intervenir únicamente para recomendar prudencia a quienes necesitaron endeudarse para comer.
Las “advertencias” y la “doble verificación” pueden impedir algunas contrataciones impulsivas o fraudulentas. No resuelven una deuda que ya fue contraída, no reducen sus intereses y tampoco recomponen los ingresos necesarios para pagarla. Funcionan antes de tomar un préstamo, mientras que casi seis millones de personas necesitan una respuesta después de haber caído en mora.
El argumento del rescate a los bancos
LLA sostiene que una refinanciación implicaría “rescatar a financieras y bancos”. La afirmación mezcla deliberadamente políticas completamente diferentes.
Un salvataje financiero se produce si el Estado utiliza recursos públicos para cancelar las pérdidas de los prestamistas, comprarles créditos incobrables o garantizarles el cobro integral. En ese caso, el beneficio se concentra efectivamente en bancos y financieras: cobran con dinero público una deuda que las familias ya no podían pagar.
Pero una política de protección al deudor también puede obligar a los acreedores a absorber parte del costo mediante quitas, plazos más extensos, suspensión de intereses punitorios, límites al costo financiero o mecanismos de negociación colectiva. Eso no rescata al banco: reduce la ganancia que esperaba obtener y distribuye entre ambas partes el costo de la crisis.
Todo depende del diseño. Presentar cualquier refinanciación como una transferencia hacia las entidades financieras permite al oficialismo evitar la discusión verdaderamente incómoda: quién debe asumir las pérdidas generadas por millones de créditos otorgados a personas cuyos ingresos no permitían sostenerlos.
Los bancos y las fintech decidieron prestar, establecieron las tasas y calcularon el riesgo. Si la operación era un contrato estrictamente privado cuando producía ganancias, resulta difícil sostener que solamente el deudor deba pagar el costo cuando fracasa.
Los beneficiados por la inacción
Las entidades financieras aparecen como las principales beneficiarias de la posición oficial mientras la cartera todavía conserve alguna capacidad de cobro. Sin límites más estrictos, pueden refinanciar saldos aplicando nuevos intereses, vender las deudas a agencias de recupero o mantener la presión sobre los deudores y su entorno.
Las billeteras virtuales también ganaron centralidad. Entre los 5,91 millones de morosos, 2,90 millones tienen incumplimientos exclusivamente con proveedores no bancarios; 1,66 millones deben solamente a bancos y otros 1,36 millones presentan atrasos en ambos sistemas. La crisis no está simplemente trasladándose desde el banco hacia el celular: millones de personas quedan atrapadas entre ambos.
El Gobierno obtiene un beneficio fiscal y político de corto plazo. Al excluir cualquier mecanismo con costo presupuestario, protege las cuentas públicas y evita abrir un precedente para otros sectores endeudados. También preserva su narrativa de que el Estado no debe intervenir en contratos entre particulares.
Pero esa neutralidad es aparente. El Estado ya intervino cuando desreguló tasas, modificó controles, definió la política monetaria y permitió que el crédito reemplazara parcialmente la recomposición salarial. Decidir no regular las consecuencias también constituye una intervención: favorece la posición contractual del acreedor.
Los hogares pagan más que una deuda
La morosidad no termina cuando una cuota deja de pagarse. A partir de ese momento comienzan los intereses punitorios, las llamadas de las agencias de cobranzas, las amenazas de embargo y la exclusión progresiva del sistema formal.
Las familias reducen alimentos, medicamentos y otros consumos básicos para intentar regularizar sus obligaciones. Quienes no pueden hacerlo quedan fuera del crédito bancario y recurren a circuitos más costosos. El endeudamiento produce así un movimiento descendente: cada refinanciación compra tiempo, pero empeora el punto de partida del mes siguiente.
El impacto tampoco se distribuye de manera neutral. Los hogares encabezados por mujeres suelen concentrar mayores responsabilidades de cuidado y enfrentan más dificultades para acceder a empleos formales y salarios suficientes. Cuando el crédito paga alimentos, útiles escolares o medicamentos, la deuda financiera también refleja la desigual distribución del trabajo doméstico y de los cuidados.
La crisis genera además efectos psicológicos y familiares: angustia, insomnio, ocultamiento de las deudas, conflictos de pareja y temor frente a cada llamado telefónico. La obligación monetaria se convierte en una forma permanente de disciplinamiento cotidiano.
Mientras el acreedor dispone de sistemas automatizados, estudios jurídicos y bases de datos, el deudor enfrenta individualmente contratos que muchas veces no comprende y reclamos cuya legalidad no siempre puede verificar. Hablar solamente de “educación financiera” frente a esa desigualdad es como ofrecer un manual de natación cuando la persona ya está debajo del agua.
Discapacidad: la misma estrategia con otro discurso
El conflicto por la emergencia en discapacidad responde a una lógica parlamentaria semejante. LLA promete una “solución permanente” y descalifica la prórroga impulsada por la oposición como un “parche kirchnerista”. Mientras tanto, busca evitar una norma que obligue a ejecutar recursos y actualizar prestaciones.
El oficialismo utiliza un fallo judicial y la regularización parcial de pagos a prestadores para sostener que la legislación vigente se está cumpliendo. Sin embargo, pagar atrasos no resuelve el deterioro acumulado de los aranceles ni garantiza la continuidad futura de tratamientos, transportes, acompañantes terapéuticos e instituciones.
En ambos temas aparece el mismo método. Frente a la discapacidad, el Gobierno promete una futura solución integral para impedir una respuesta presupuestaria inmediata. Frente al endeudamiento, ofrece prevención y educación para evitar intervenir sobre millones de obligaciones que ya se volvieron impagables.
La discusión no enfrenta soluciones permanentes contra parches. Enfrenta necesidades actuales contra promesas sin fecha, monto ni mecanismo comprobable.
Karina Milei ordena cerrar filas
La visita de Karina Milei al despacho de Martín Menem muestra que la batalla no es solamente técnica. Durante casi dos horas, la secretaria general de la Presidencia se reunió con el titular de Diputados, Gabriel Bornoroni, Eduardo “Lule” Menem y legisladores seleccionados. El mensaje fue que la agenda oficial debía avanzar.
La presencia de Karina revela el nivel de centralización política del bloque. No todos los diputados acceden a ella y los encuentros se realizan con grupos rotativos. La verticalidad funciona como un método para ordenar una bancada compuesta por legisladores de procedencias distintas, algunos de los cuales podrían quedar expuestos en sus provincias si votan contra personas con discapacidad o familias sobreendeudadas.
Los dictámenes propios cumplen allí una función defensiva. Permiten que LLA no aparezca simplemente rechazando los problemas. El bloque puede afirmar que tiene una propuesta, aunque esa iniciativa elimine precisamente las herramientas económicas reclamadas por los afectados.
El objetivo es desplazar el debate desde el recinto hacia las comisiones, estirar los tiempos y obligar a la oposición a reunir nuevamente mayorías. El emplazamiento conseguido en Diputados abre el tratamiento, pero no garantiza la aprobación de los proyectos. En el Congreso, demorar también es una forma de votar.
Malvinas y el Presupuesto como cambio de agenda
La reunión que Javier Milei mantendrá con legisladores incorpora dos asuntos capaces de desplazar la atención: el proyecto de sanciones contra empresas que operan en Malvinas y el Presupuesto 2027.
La causa Malvinas ofrece al oficialismo un terreno de unidad nacional y una épica soberanista que contrasta con el desgaste provocado por la economía cotidiana. El Presupuesto, en cambio, permite convertir cada reclamo en una discusión sobre equilibrio fiscal.
Discapacidad y endeudamiento quedarán atrapados entre esas dos narrativas. A quienes exijan recursos, el Gobierno podrá responderles con el déficit. A quienes cuestionen sus prioridades políticas, les ofrecerá la defensa de la soberanía.
La pregunta central seguirá sin respuesta: cómo pretende el oficialismo sostener la estabilidad económica cuando casi seis millones de personas ya no pueden pagar sus deudas y el sistema de crédito dejó de ampliar el consumo para convertirse en una máquina de acumular incumplimientos.
La crisis que el mercado no puede resolver solo
Cuando la mora se vuelve masiva, deja de ser un conjunto de fracasos individuales. Se transforma en un problema macroeconómico. Los bancos restringen préstamos, las fintech endurecen sus sistemas de calificación, las familias reducen consumos y las empresas venden menos. La crisis de ingresos alimenta la mora y la mora profundiza la recesión.
La educación financiera puede evitar algunos errores futuros, pero no reemplaza una política de ingresos, una regulación eficaz del crédito ni un mecanismo de salida para quienes ya están atrapados. Tampoco basta con prohibir llamados abusivos si la deuda continúa creciendo a una velocidad superior a la capacidad de pago.
La cuestión de fondo no es rescatar a bancos ni premiar incumplimientos. Es decidir cómo se distribuye una pérdida que ya existe. Si el Congreso no interviene, esa distribución no será neutral: recaerá sobre los hogares, mientras las entidades intentarán preservar capital, intereses y penalidades.
LLA pretende presentar la crisis como una suma de decisiones privadas equivocadas. Los números cuentan otra historia. Cuando casi seis millones de personas dejan de pagar al mismo tiempo, el problema no está en seis millones de billeteras: está en la economía que las vació.
Rodolfo Gudino
CONCHITA PRETA
