Melina Schweizer
El máximo tribunal convocó a los jueces Alberto Dalla Vía y Luis Rabbi Baldi Cabanillas para resolver la queja presentada por la Procuración de Investigaciones Administrativas. La causa investiga si se alteró el orden de adjudicación para favorecer a IECSA con el tramo más caro de una obra presupuestada en $8.700 millones. Los exfuncionarios fueron sobreseídos sin ser indagados y la Corte todavía no decidió si reabrirá la investigación.
La Corte Suprema volvió a colocar bajo revisión una de las causas más sensibles para el macrismo: la denuncia por presunto direccionamiento de la licitación del Paseo del Bajo, la obra vial que Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta presentaron como símbolo de eficiencia, modernización y transparencia.
El expediente involucra al exjefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta; al exministro de Transporte nacional Guillermo Dietrich; al entonces ministro porteño Franco Moccia; al expresidente de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, Carlos María Frugoni; y a Natalia Bustos, exjefa de Compras de AUSA.
La acusación sostiene que funcionarios nacionales y porteños habrían alterado las reglas de adjudicación después de conocer las ofertas para impedir que la constructora española Isolux Corsán obtuviera el tramo más costoso y permitir que ese contrato quedara en manos de IECSA, empresa históricamente vinculada con la familia Macri.
La Corte todavía no revocó los sobreseimientos ni dispuso reabrir la investigación. La novedad es que, frente a la falta de una mayoría interna, convocó como conjueces al camarista electoral Alberto Dalla Vía y al magistrado salteño Luis Rabbi Baldi Cabanillas. Ambos deberán intervenir en la resolución de la queja presentada por el Ministerio Público Fiscal.
El paso procesal es importante porque el tribunal tenía una salida mucho más sencilla: rechazar el recurso por inadmisible, sin pronunciarse sobre el fondo. La decisión de integrar la Corte para resolverlo indica que existe una discrepancia entre sus miembros y que, al menos para una parte del máximo tribunal, el planteo fiscal merece ser examinado.
Una licitación dividida en tres
El Paseo del Bajo fue proyectado como un corredor vial de 7,1 kilómetros destinado a separar el tránsito pesado de los vehículos particulares y conectar las autopistas Buenos Aires-La Plata, 25 de Mayo e Illia. La obra fue inaugurada en mayo de 2019 y atravesó una de las zonas de mayor valor inmobiliario y logístico de la Ciudad.
Su ejecución fue dividida en tres tramos —A, B y C— y se estableció que ninguna empresa podía obtener más de uno. El mecanismo buscaba diversificar contratistas y evitar que una única compañía concentrara la totalidad de la construcción.
La adjudicación debía comenzar originalmente por el tramo C, el de mayor complejidad y presupuesto. La lógica era económica: si una empresa había presentado las ofertas más convenientes para los tres sectores, primero obtendría el contrato más caro y quedaría excluida de los dos restantes. De esa forma, el Estado capturaría el mayor ahorro posible.
Isolux Corsán presentó la oferta más baja para los tres tramos. Sin embargo, antes de completar la adjudicación, AUSA modificó el orden y comenzó por el tramo A, el más económico. La constructora española obtuvo ese sector y quedó automáticamente imposibilitada de competir por los otros dos.
El tramo B terminó en manos de la unión transitoria integrada por Green y CEOSA. El tramo C, que representaba más de la mitad del presupuesto de la obra, fue adjudicado a la sociedad formada por IECSA y Fontana Nicastro por aproximadamente $3.183 millones.
El recurso de la Procuración de Investigaciones Administrativas señala que Isolux había ofertado alrededor de $1.547 millones por el tramo A, un 17% menos que el presupuesto oficial. Para los fiscales, la inversión del orden de adjudicación debe investigarse porque pudo haber provocado que el Estado pagara un precio superior por el sector más costoso.
La explicación oficial y la sospecha fiscal
Los responsables de la licitación sostuvieron que el cambio respondió a razones operativas y financieras. Isolux atravesaba una crisis internacional y existía el temor de que no pudiera ejecutar el tramo más complejo. También argumentaron que era necesario cerrar rápidamente uno de los contratos para cumplir con el cronograma del financiamiento.
Ese argumento puede explicar por qué el Gobierno porteño consideraba riesgoso adjudicarle la parte principal a la empresa española. Pero no resuelve el interrogante central de la causa: si Isolux carecía de solvencia suficiente, ¿por qué fue habilitada para participar y terminó recibiendo uno de los contratos?
La Procuración General de la Ciudad había recomendado verificar su capacidad técnica y económica antes de concretar la adjudicación. Pese a esos antecedentes, la empresa no fue excluida: recibió el tramo menor y su participación produjo el efecto exacto que denuncian los fiscales, dejar libre el contrato principal para IECSA.
La defensa oficial sostiene que las ofertas económicas permanecían cerradas cuando se modificó el orden y que, por lo tanto, los funcionarios no podían saber qué compañía resultaría beneficiada. Los fiscales cuestionan esa explicación y reclaman medidas de prueba para determinar cómo se tomó la decisión, quiénes participaron y qué información circulaba dentro de AUSA.
La diferencia entre ambas posiciones no puede resolverse mediante una valoración política. Requiere reconstruir documentos, comunicaciones, reuniones, informes técnicos y actuaciones administrativas. Ese es precisamente el punto de la queja: según el Ministerio Público, los sobreseimientos se dictaron sin agotar las medidas necesarias para comprobar o descartar el direccionamiento.
IECSA y el conflicto de intereses
La identidad de la empresa adjudicataria convirtió una controversia administrativa en un caso político nacional. IECSA había pertenecido al Grupo Macri y fue transferida en 2007 a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. En marzo de 2017, poco después de la adjudicación, fue vendida al grupo de Marcelo Mindlin y posteriormente rebautizada como SACDE.
La transferencia formal separó a la familia presidencial de la propiedad directa, pero no eliminó las sospechas sobre el valor político y económico de los contratos obtenidos durante la gestión de Cambiemos. La hipótesis planteada por sectores de la construcción y por los denunciantes sostiene que una adjudicación de semejante magnitud podía mejorar la cartera de obras, la facturación y, por consiguiente, la valuación de la compañía.
Eso no demuestra por sí mismo que Macri haya intervenido ni que la licitación haya sido direccionada. Pero conforma un posible conflicto de intereses que justificaba una investigación especialmente rigurosa: el Estado nacional y la Ciudad, gobernados por el mismo espacio político, financiaron y administraron una obra cuyo tramo más importante terminó en manos de una constructora vinculada durante décadas con la familia presidencial.
El Estado no solamente debía escoger la propuesta técnicamente admisible. También tenía la obligación de garantizar que cualquier modificación de las reglas estuviera debidamente fundamentada y no alterara la igualdad entre oferentes.
En una contratación pública, cambiar el orden de adjudicación no es un detalle administrativo cuando cada empresa solamente puede recibir un tramo. Modificar la secuencia modifica el resultado posible. La regla procedimental forma parte del valor económico de la competencia.
Una obra de $8.700 millones financiada con deuda
El presupuesto inicial destinado al Paseo del Bajo rondaba los $8.700 millones. De acuerdo con la información incorporada al expediente, aproximadamente el 43% correspondía a recursos de la Ciudad y el 57% a aportes nacionales vinculados con un préstamo de hasta USD 400 millones de la Corporación Andina de Fomento.
Documentación financiera posterior indica que la Ciudad terminó utilizando hasta USD 168,7 millones correspondientes al préstamo CAF 9710 para financiar obras pendientes y que durante 2019 recibió desembolsos por USD 135,9 millones.
El origen de los recursos agrava la obligación de control. No se discutía únicamente la distribución de fondos presupuestarios presentes, sino una deuda que debía ser pagada durante años por el sector público.
La utilidad de la obra tampoco extingue la investigación. El Paseo del Bajo puede haber mejorado la circulación, reducido tiempos logísticos y ordenado el tránsito pesado, y al mismo tiempo haber atravesado una contratación irregular. Una infraestructura útil no vuelve lícito cualquier procedimiento utilizado para construirla.
La frase de Macri durante la inauguración —“este pavimento no es relato, es real”— sintetizó una estrategia política: presentar la existencia física de la obra como prueba suficiente de transparencia. Pero el control público no termina comprobando que el asfalto existe. También debe establecer cuánto costó, cómo se eligieron los contratistas y si el Estado pudo haber pagado menos.
Sobreseídos sin declaración indagatoria
El juez Claudio Bonadio sobreseyó a los funcionarios el 27 de diciembre de 2019, pocas semanas antes de su muerte, sin haberlos convocado a declaración indagatoria. La fiscal Alejandra Mángano y Sergio Rodríguez, titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, apelaron la decisión.
La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmó los sobreseimientos en 2021. Los fiscales sostuvieron que la investigación había sido insuficiente y reclamaron profundizar las pruebas antes de clausurar definitivamente el expediente.
La propia PIA describió el objeto de la causa como una posible “adjudicación indebida, mediante direccionamiento y a un precio mayor al que hubiese correspondido” del tramo más oneroso en favor de IECSA.
Posteriormente, la Cámara Federal de Casación, con los votos de Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, rechazó el planteo fiscal. Alejandro Slokar votó en disidencia. La Procuración llevó entonces el caso mediante un recurso extraordinario y, ante su rechazo, presentó una queja directa ante la Corte Suprema.
La discusión que ahora llega al máximo tribunal no consiste en determinar inmediatamente si Larreta, Dietrich o los demás funcionarios cometieron administración fraudulenta. La Corte debe decidir si los tribunales inferiores clausuraron válidamente la causa o si lo hicieron antes de producir las pruebas necesarias.
El problema del sobreseimiento prematuro
El sobreseimiento tiene efectos jurídicos profundos: desvincula definitivamente a una persona del proceso y produce cosa juzgada. No equivale a una falta de mérito ni a un archivo provisorio que pueda revertirse fácilmente cuando aparecen nuevos elementos.
Por eso, la fiscalía sostiene que una decisión semejante no podía adoptarse mientras permanecieran sin responder interrogantes relevantes sobre la alteración de las condiciones, el conocimiento de las ofertas y el eventual perjuicio económico.
Si la Corte hace lugar a la queja, no estará condenando a los exfuncionarios. Habilitará la revisión del fallo y, eventualmente, la reapertura de la investigación. Si rechaza el recurso, los sobreseimientos quedarán firmes y el caso se cerrará sin juicio oral.
La diferencia es fundamental para titular con precisión: la Corte se incorporó al expediente, pero todavía no concluyó que hubo delito. Los nombres de Larreta y Dietrich aparecen comprometidos por la acusación, no por una sentencia condenatoria.
Conjueces para una Corte incompleta
La necesidad de convocar a Dalla Vía y Rabbi Baldi también expone la fragilidad institucional de una Corte que funciona con menos integrantes que los cinco previstos legalmente. Cuando sus miembros no alcanzan una mayoría o alguno debe apartarse, el tribunal recurre a conjueces para completar su composición.
El mecanismo es legal, pero aumenta la incertidumbre. Dos magistrados que no integran habitualmente la Corte pueden terminar definiendo un expediente con impacto político y económico nacional.
Alberto Dalla Vía es integrante de la Cámara Nacional Electoral, mientras que Luis Rabbi Baldi Cabanillas pertenece a la Justicia Federal de Salta. Su incorporación no anticipa el resultado. Sí confirma que dentro del tribunal no existe una posición uniforme sobre cómo resolver el recurso.
La convocatoria rompe además la quietud de un expediente que parecía destinado a permanecer archivado. Después de varios fallos favorables a los exfuncionarios, el caso recupera capacidad de presión sobre figuras centrales del antiguo PRO.
El costo político para Larreta y el macrismo
Para Rodríguez Larreta, la revisión llega cuando intenta reconstruir una identidad política separada de Mauricio Macri y recuperar centralidad después de su derrota presidencial. El Paseo del Bajo fue una de las obras emblemáticas de su gestión y uno de los principales activos de su relato administrativo.
La reapertura eventual golpearía precisamente ese capital: la imagen de gestor eficiente y moderado. No se trata de una denuncia periférica, sino de una obra utilizada durante años para demostrar capacidad ejecutiva.
Dietrich también queda expuesto porque el financiamiento y la coordinación con la Ciudad pasaron por el área nacional que conducía. Carlos Frugoni, responsable de AUSA durante la licitación, ocupa un lugar particularmente sensible porque la empresa estatal fue la encargada de modificar y aplicar las reglas cuestionadas.
Para Mauricio Macri, el problema es más indirecto, pero políticamente inevitable. No figura entre los principales sobreseídos mencionados, aunque el caso gira alrededor del posible beneficio concedido a la constructora históricamente ligada a su familia.
Una moneda al aire, pero con documentos pendientes
El llamado a conjueces convierte el resultado en una verdadera incertidumbre. La Corte puede considerar que el recurso fiscal no reúne los requisitos extraordinarios y dejar firmes los sobreseimientos. También puede admitirlo, cuestionar el cierre anticipado y devolver la causa para que continúe investigándose.
El interrogante central no es si el Paseo del Bajo existe ni si funciona. Tampoco si Isolux atravesaba dificultades financieras. La pregunta es si el Estado podía modificar una regla decisiva durante la licitación y producir como resultado que el tramo más caro quedara en manos de IECSA sin agotar previamente todas las alternativas previstas para proteger el interés público.
Después de casi siete años de apelaciones, la Corte no debe decidir todavía si existió administración fraudulenta. Debe resolver algo anterior y más elemental: si la Justicia investigó lo suficiente antes de absolver definitivamente a quienes administraron una de las obras más costosas de la Ciudad.
GONZALO SCHWEIZER
