Rodolfo Gudino
El Tesoro volvió a ampliar la recompra de bonos, pero el rendimiento a diez años trepó al 4,83% y el de treinta años rondó el 5,3%. La deuda pública ya se aproxima a los USD 40 billones y el déficit proyectado para 2026 alcanza USD 1,9 billones. No existe un default inminente: la señal verdaderamente inquietante es que los inversores exigen cada vez más dinero para financiar al Estado norteamericano.
Scott Bessent intentó domesticar las tasas de largo plazo mediante una nueva ampliación del programa de recompra de bonos, pero Wall Street respondió llevando los rendimientos en la dirección contraria. El secretario del Tesoro consiguió un alivio inicial que duró apenas unos días: el bono a treinta años regresó a la zona del 5,3% y el Treasury a diez años, referencia para las hipotecas y buena parte del crédito internacional, escaló hasta aproximadamente el 4,83%.
El movimiento no demuestra que Estados Unidos esté a punto de declarar un default. Expone algo menos espectacular, pero mucho más relevante para la economía mundial: el mercado está cobrando una prima creciente por financiar durante décadas a un gobierno que mantiene déficits elevados, acumula deuda y enfrenta presiones inflacionarias difíciles de controlar.
El problema de Bessent no consiste simplemente en que su intervención “fracasó”. Consiste en que trató de resolver mediante una herramienta de liquidez una desconfianza nacida de desequilibrios fiscales, políticos y monetarios. El Tesoro puede recomprar títulos, modificar el calendario de vencimientos y retirar determinados bonos del mercado. Lo que no puede hacer es obligar a los inversores a aceptar una rentabilidad inferior si consideran que los riesgos aumentaron.
Una recompra que no reduce la deuda
La estrategia oficial tiene una trampa que conviene explicar. Cuando el Tesoro recompra bonos antiguos, aumenta transitoriamente su demanda, eleva su precio y presiona su rendimiento hacia abajo. Pero esos recursos no aparecen por arte de magia: Washington continúa realizando subastas para cubrir vencimientos, gastos y déficit.
El propio Tesoro reconoce que las recompras no reducen significativamente el endeudamiento colocado entre privados porque los títulos retirados son reemplazados mediante nuevas emisiones. Para el trimestre julio-septiembre de 2026 proyectó tomar USD 671.000 millones de deuda negociable neta en manos privadas.
En otras palabras, Bessent compra por una ventanilla y vuelve a endeudarse por otra. La operación puede mejorar la liquidez de determinados bonos, ordenar segmentos poco negociados de la curva y evitar dislocaciones puntuales. No modifica, por sí sola, la cantidad de dinero que necesita el gobierno federal.
Por eso es incorrecto presentar cada recompra como una batalla directa destinada a “bajar la tasa”. El objetivo formal del programa es mejorar el funcionamiento y la liquidez del mercado. Si Bessent pretende utilizarlo además para controlar estructuralmente los rendimientos, está intentando que una herramienta de administración de deuda cumpla una función mucho más cercana a la política monetaria.
La diferencia también es institucional. La Reserva Federal puede comprar títulos creando reservas bancarias, expandiendo su balance y modificando las condiciones monetarias. El Tesoro, en cambio, necesita financiar sus compras y administrar simultáneamente la emisión de nueva deuda. No posee la misma potencia de fuego ni la misma misión legal.
El mercado no cuestiona la liquidez, cuestiona el rumbo
La deuda pública norteamericana se aproximaba a los USD 39,8 billones a fines de julio de 2026. No toda esa cifra está colocada en el mercado: una parte corresponde a obligaciones entre organismos del propio Estado. Aun así, su crecimiento cambia la percepción sobre el activo que durante décadas funcionó como referencia mundial del riesgo mínimo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta para 2026 un déficit federal de USD 1,9 billones, equivalente al 5,8% del producto. La cifra crecería hasta USD 3,1 billones en 2036, impulsada en buena medida por los intereses de la deuda. El endeudamiento en manos del público pasaría del 101% del PIB en 2026 al 120% en 2036.
Ese es el dato que Wall Street está procesando. El comprador de un bono a treinta años no evalúa solamente si el Tesoro tendrá dinero para pagar la semana próxima. Debe proyectar tres décadas de inflación, déficit, decisiones impositivas, conflictos comerciales, gasto militar, crecimiento y estabilidad institucional.
Si la incertidumbre aumenta, exige una mayor rentabilidad. Cuando esa tasa sube, el precio de los bonos ya emitidos cae. Por eso las intervenciones pueden ofrecerle al mercado un alivio transitorio, pero también una oportunidad de salida: los inversores aprovechan la suba artificial del precio para vender y exigir mejores condiciones antes de volver a prestarle al Estado.
Bessent enfrenta así un mercado que dejó de responder dócilmente a las señales oficiales. No porque Estados Unidos haya perdido súbitamente toda credibilidad, sino porque los operadores comprenden que las recompras no corrigen el déficit ni eliminan la inflación.
El “default” es un título, no el escenario central
Hablar de un default norteamericano coloca una palabra explosiva sobre un problema real, pero confunde fenómenos diferentes. Estados Unidos emite deuda denominada en su propia moneda, controla el dólar y dispone del mercado financiero más profundo del planeta. No enfrenta la misma restricción que Argentina, que históricamente se endeudó en divisas que no puede emitir.
Un incumplimiento estadounidense podría producirse por una crisis política —por ejemplo, un bloqueo legislativo alrededor del límite de la deuda—, por una decisión deliberada del gobierno o por un accidente administrativo. No es la consecuencia automática de que el bono a treinta años rinda 5,3%.
El ejercicio mencionado por Axios tampoco constituye una advertencia institucional de que el default resulte probable. Según el propio material difundido, partió de un trabajo realizado por estudiantes de Derecho que exploraron jurídicamente esa hipótesis. Convertirlo en evidencia de que Washington se encamina al impago es exagerar el alcance de la discusión.
El peligro más plausible no es una cesación inmediata de pagos, sino un deterioro gradual: intereses que absorben una proporción creciente del presupuesto, inversores que reclaman tasas mayores, deuda que se refinancia a costos más altos y un gobierno que pierde margen para enfrentar la siguiente recesión.
La crisis no necesita llegar al default para producir consecuencias sociales. Basta con que los intereses compitan con el gasto en vivienda, salud, infraestructura, educación o protección social. La deuda empieza entonces a condicionar el presupuesto mucho antes de dejar de pagarse.
Quiénes ganan con las tasas altas
Los primeros beneficiados son los inversores con liquidez suficiente para comprar nuevos Treasuries a rendimientos cercanos al 5%. Fondos monetarios, aseguradoras, grandes patrimonios y entidades financieras pueden acceder a una renta elevada en dólares respaldada por el gobierno norteamericano.
También se fortalece la capacidad de atracción del dólar. Si Estados Unidos ofrece tasas altas, una parte del capital global abandona mercados considerados más riesgosos y se dirige hacia activos norteamericanos. La aparente crisis de confianza convive, paradójicamente, con una demanda mayor de dólares.
Los bancos pueden obtener mejores rendimientos sobre nuevas inversiones, aunque no todos ganan. Las entidades que acumularon bonos cuando las tasas eran mucho menores sufren pérdidas de valuación. El mismo mecanismo que beneficia al comprador nuevo castiga al tenedor antiguo.
Las recompras ofrecen además una salida conveniente para quienes poseen títulos viejos, menos líquidos o depreciados. El Tesoro aparece como comprador y permite recomponer carteras. Así, una herramienta presentada como estabilizadora puede terminar socializando parte del costo de la desconfianza: el Estado mejora la liquidez de los activos que los grandes fondos desean abandonar mientras continúa financiándose a tasas más caras.
Quiénes pagan la intervención
El primer perjudicado es el contribuyente estadounidense. Cada punto adicional de interés encarece la refinanciación y obliga al Estado a destinar más ingresos futuros al servicio de la deuda. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, los costos financieros netos constituyen uno de los principales motores del aumento proyectado del déficit.
También pierden las familias que buscan una vivienda. El Treasury a diez años funciona como referencia para las hipotecas: cuando su rendimiento sube, el crédito inmobiliario tiende a encarecerse. La consecuencia es un mercado de vivienda más inaccesible, menor construcción y hogares obligados a destinar una proporción mayor de sus ingresos al financiamiento.
Las empresas enfrentan un costo superior para emitir deuda, invertir o refinanciar vencimientos. Las grandes corporaciones cuentan con mayores alternativas, pero las firmas pequeñas dependen más del crédito bancario y sufren primero el endurecimiento de las condiciones financieras.
La tasa elevada actúa así como una transferencia de recursos desde trabajadores, contribuyentes y deudores hacia quienes poseen capital líquido. El Estado paga más intereses; las familias pagan hipotecas más caras; las empresas reducen inversiones; los fondos financieros cobran una renta mayor.
El impacto sobre Argentina
Para la Argentina, la derrota de Bessent frente a la tasa larga es una mala noticia. Un Treasury cercano al 5% eleva el piso de rentabilidad exigido a todos los demás países. Si el activo considerado más seguro ofrece ese rendimiento, un bono argentino debe pagar mucho más para compensar el riesgo adicional.
Eso dificulta la estrategia de Luis Caputo de recuperar el acceso sostenido al mercado internacional. Aunque baje el riesgo país, la tasa total que enfrentaría Argentina depende también del rendimiento de los bonos estadounidenses. Una mejora local puede ser neutralizada por un empeoramiento de las condiciones globales.
Las tasas norteamericanas altas también fortalecen el dólar, presionan las monedas emergentes y encarecen el financiamiento de proyectos energéticos, mineros y de infraestructura. El daño alcanza incluso a inversiones que el Gobierno presenta como futuras generadoras de divisas: una decisión final de inversión se vuelve menos probable cuando el capital puede obtener cerca de 5% anual sin asumir riesgo argentino.
Bessent ya intervino durante la crisis cambiaria argentina de 2025 para sostener a Milei, pero ahora enfrenta dificultades dentro del corazón del sistema financiero estadounidense. Si el secretario no consigue estabilizar su propio mercado de deuda, tendrá menos margen político y financiero para actuar como respaldo de aliados extranjeros.
La contradicción de Trump
El gobierno de Donald Trump pretende combinar rebajas tributarias, proteccionismo, mayor gasto estratégico y tasas de largo plazo bajas. El problema es que esas piezas no necesariamente encajan.
Los aranceles pueden aumentar la recaudación, pero también trasladarse a precios y sostener la inflación. Las reducciones de impuestos pueden estimular determinados sectores, pero agrandan el déficit si no están acompañadas por recortes equivalentes. La presión sobre la Reserva Federal puede conseguir tasas cortas más bajas, pero no garantiza que el mercado acepte prestar durante treinta años en las mismas condiciones.
Incluso la Oficina de Presupuesto del Congreso revisó al alza su proyección de inflación para los próximos años y atribuyó buena parte del cambio a los aranceles. También elevó su previsión para las tasas de largo plazo.
La Casa Blanca quiere dinero barato sin abandonar las políticas que alimentan la prima exigida por el mercado. Bessent queda atrapado entre ambas órdenes: debe financiar un Estado deficitario y, al mismo tiempo, convencer a Wall Street de que esa enorme oferta de deuda no merece una tasa mayor.
La potencia que todavía puede pagar, pero cada vez paga más
Estados Unidos conserva ventajas extraordinarias: emite la moneda de reserva mundial, dispone de mercados profundos y sus bonos siguen siendo esenciales para bancos centrales, fondos y empresas. Nada de eso desapareció porque una recompra no consiguiera bajar los rendimientos.
Pero tampoco conviene minimizar la señal. El Tesoro actualizó el 9 de septiembre su calendario de recompras, mientras la curva oficial mostraba el aumento de los rendimientos de largo plazo. La intervención no logró convencer al mercado porque atacó el síntoma y no la causa.
El verdadero interrogante no es si Estados Unidos declarará mañana un default como la Argentina. Es cuánto deberá pagar para evitarlo, quién recibirá esos intereses y qué gastos sociales serán desplazados para sostenerlos.
Bessent todavía puede comprar bonos. Lo que no puede comprar mediante tres anuncios consecutivos es confianza fiscal.
REDACCIÓN
