Melina SchweizerEn 2025, República Dominicana deportó 379.553 personas haitianas, un 37,4 % más que en 2024, con operativos que apuntan a 10.000 expulsiones semanales, una escala sin precedentes en la región. La CIDH advierte muertes, hacinamiento y perfilamiento racial, mientras el Estado defiende soberanía y seguridad sin presentar datos verificables que respalden el impacto real de su política
El gobierno de la República Dominicana defendió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el endurecimiento de su política migratoria, en particular el incremento sostenido de deportaciones de personas haitianas, argumentando razones de soberanía, orden público y sostenibilidad de los servicios estatales, en un escenario regional atravesado por la crisis estructural de Haití y la falta de una respuesta internacional coordinada.
La posición oficial fue presentada luego de que la CIDH reiterara su preocupación por medidas que afectan de manera significativa los derechos de las personas en movilidad humana, señalando que, desde abril de 2025, el organismo viene recibiendo información sobre políticas orientadas a reforzar el control fronterizo, ampliar la eficiencia de las expulsiones y establecer protocolos de control migratorio en hospitales públicos.
Deportaciones en cifras: una política de escala excepcional
Según datos oficiales de la Dirección General de Migración (DGM), en los primeros diez meses de 2025 fueron expulsadas 310.499 personas haitianas, mientras que el cierre del año arrojó un total de 379.553 deportaciones, lo que representa un incremento del 37,4 % respecto de 2024, cuando se registraron 276.215 expulsiones.
La magnitud de la política dominicana no tiene equivalentes regionales.
Para dimensionar:
- Estados Unidos, con una población casi treinta veces mayor, deportó en 2024 alrededor de 142.000 personas haitianas.
- México, principal país de tránsito del continente, registró menos de 40.000 expulsiones de haitianos.
- Chile, uno de los países que más endureció su política migratoria desde 2022, no superó las 12.000 expulsiones.
República Dominicana, en cambio, llegó a fijar como meta oficial la expulsión de hasta 10.000 personas por semana, una cifra que la ubica como el Estado con mayor volumen de deportaciones per cápita de haitianos en América.
El argumento estatal: soberanía, seguridad y servicios públicos
El Ejecutivo dominicano sostuvo ante la CIDH que enfrenta un fenómeno migratorio extraordinario, complejo y sostenido, derivado del colapso político, social y humanitario de Haití, y que sus medidas buscan salvaguardar el orden público, la seguridad nacional y la sostenibilidad fiscal.
En ese marco, defendió la implementación de un protocolo sanitario que exige a personas en situación migratoria irregular documentación laboral y prueba domiciliaria para el acceso a hospitales públicos, aclarando que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia, aunque puede ser expulsada tras su recuperación.
Asimismo, el Estado afirmó que no existe una política de perfilamiento racial ni expulsiones colectivas, y que cada procedimiento permitiría una evaluación individual para determinar eventuales necesidades de regularización o protección internacional.
La respuesta de la CIDH: datos insuficientes y efectos discriminatorios
La CIDH cuestionó que el Estado no haya presentado datos oficiales, actualizados y verificables que respalden sus afirmaciones, y advirtió que el impacto real de las medidas podría ser discriminatorio, aun cuando no exista una intención explícita.
El organismo señaló que organizaciones de la sociedad civil denunciaron que personas dominicanas de ascendencia haitiana, principalmente afrodescendientes, también estarían siendo afectadas por los operativos migratorios, debido al uso de perfiles raciales y a las deficiencias en la implementación de la Ley 169-14, que debía resolver situaciones de apatridia.
La Comisión recordó que en la República Dominicana la población afrodescendiente ha estado históricamente expuesta a vulneraciones estructurales, producto de herencias coloniales, racismo institucional y exclusión social, factores que siguen influyendo en la gestión actual de la migración.
Centros de detención, salud y muertes evitables
Uno de los puntos más sensibles señalados por la CIDH refiere a las condiciones de detención previa a la expulsión. Aunque el Estado aseguró haber invertido en mejoras progresivas de infraestructura y atención sanitaria, la Comisión recibió informes sobre hacinamiento, insalubridad, alimentación deficiente y falta de acceso efectivo a servicios de salud en al menos cuatro centros de retención.
El caso más grave reportado fue el fallecimiento de un recién nacido el 14 de noviembre de 2025 en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, en la provincia de San Cristóbal, un episodio que expuso los límites de una política que afirma garantizar derechos mientras produce daños irreparables.
En materia sanitaria, la CIDH recordó que el acceso a la salud no puede estar condicionado al estatus migratorio, que rige el principio de confidencialidad médica, y que está prohibido realizar operativos de control migratorio en hospitales o sus inmediaciones.
Economía, trabajo y contradicciones estructurales
La política de deportaciones masivas convive con una economía que depende de manera estructural de la mano de obra haitiana, especialmente en la construcción, la agroindustria, el trabajo doméstico y los servicios informales.
El resultado no es la eliminación de la migración, sino su precarización: rotación constante de trabajadores, informalidad crónica y debilitamiento de cualquier reclamo laboral, un esquema que beneficia a sectores empresariales mientras traslada los costos sociales al Estado y a las comunidades más empobrecidas.
Quién gana y quién pierde
Gana el discurso político que transforma la migración en un problema de seguridad.
Ganan sectores económicos que se benefician del trabajo sin derechos.
Pierden las personas migrantes, expuestas a expulsiones aceleradas, miedo, enfermedad y muerte evitable.
Pierde la cohesión social y la credibilidad democrática del Estado.
Pierde la región, que continúa administrando crisis humanitarias sin soluciones colectivas reales.
Un debate abierto en clave regional
La CIDH reconoció que los Estados tienen derecho a definir sus políticas migratorias, pero recordó que ninguna política puede violar derechos inderogables, como la vida, la integridad personal y el principio de no devolución, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Mientras el gobierno dominicano insiste en que no existe una solución nacional a la crisis haitiana, la práctica cotidiana demuestra que sí existe una política unilateral de control, dura en la frontera, restrictiva en derechos y débil en cooperación internacional efectiva.
El debate ya no es técnico ni administrativo: es político, histórico y regional, y define qué tipo de convivencia, qué noción de soberanía y qué jerarquía de derechos se consolidan hoy en el Caribe y en América Latina.
Rodolfo Gudino
REDACCIÓN
