Melina Schweizer
Referentes de la protección animal, abogados y rescatistas se reunieron en la Legislatura porteña para frenar la posible derogación de la Ordenanza 41.831. Advierten que la norma, vigente desde 1987, es una pieza clave para el bienestar animal y la prohibición de criaderos en la Ciudad.
La posibilidad de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avance con la derogación de la Ordenanza 41.831 encendió las alarmas entre organizaciones proteccionistas, especialistas en derecho animal y rescatistas que trabajan diariamente con perros y gatos abandonados. La norma, considerada una de las herramientas históricas de protección animal en la Capital Federal, regula la tenencia responsable de animales domésticos, la actividad veterinaria y prohíbe expresamente el funcionamiento de criaderos.
Frente a esa situación, referentes de distintos sectores vinculados al bienestar animal se reunieron en la Legislatura porteña convocados por el legislador Emmanuel Ferrario, de Confianza y Desarrollo, para analizar el alcance de una eventual derogación y coordinar acciones destinadas a impedir que la normativa desaparezca.
Del encuentro participaron abogados especializados en derecho animal, académicos, representantes de organizaciones proteccionistas y reconocidos activistas del sector. Entre ellos estuvieron Ricardo Bomparola, Carlos Rolero, Marcelo Chumbita, la actriz y activista Liz Solari, Vicky Montenegro y representantes de distintas redes de rescate animal que operan en la Ciudad.
La preocupación no es menor.
La Ordenanza 41.831 fue sancionada hace casi cuatro décadas y constituye uno de los principales marcos regulatorios sobre protección animal dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes participaron de la reunión, su eliminación podría abrir un vacío legal en áreas sensibles vinculadas a la reproducción comercial de animales, el control sanitario y la responsabilidad sobre mascotas.
La controversia comenzó cuando trascendió que la administración porteña evaluaba avanzar con una revisión normativa que incluiría la derogación de distintas ordenanzas históricas. Entre ellas apareció la 41.831, una situación que tomó por sorpresa a buena parte de las organizaciones animalistas.
«Nos enteramos prácticamente un día antes. Sin debate público y con muy poco tiempo para analizar las consecuencias», cuestionó Ferrario durante el encuentro.
El legislador, impulsor de la denominada Ley Huellas, sostuvo que los animales forman parte de miles de familias porteñas y que cualquier modificación sobre los mecanismos de protección requiere una discusión amplia y transparente.
«Los animales son parte de la vida cotidiana de la Ciudad. No se trata de un tema menor ni secundario. Necesitamos políticas públicas que acompañen esa realidad y no que retrocedan en materia de protección», planteó.
Uno de los argumentos centrales expuestos durante la reunión apuntó a la necesidad de actualizar la normativa sin eliminarla.
Ricardo Bomparola, abogado penalista, especialista en derecho ambiental y miembro de la Red de Abogados por la Fauna Argentina (RAFA), sostuvo que la ordenanza fue pionera para su época y permitió construir herramientas fundamentales para la protección animal.
«Los legisladores que la impulsaron fueron visionarios. Lo que corresponde hoy es mejorarla, fortalecerla y adaptarla a nuevos desafíos, pero no eliminarla», afirmó.
La preocupación también fue compartida por quienes trabajan diariamente en rescates y atención de animales abandonados.
Las organizaciones advirtieron que cualquier debilitamiento del marco legal podría favorecer prácticas vinculadas a la reproducción indiscriminada de animales, aumentar los niveles de abandono y dificultar los controles sobre establecimientos vinculados a la comercialización de mascotas.
Para muchos rescatistas, el problema excede la cuestión jurídica.
Se trata de una discusión sobre el modelo de ciudad y sobre el lugar que ocupan los animales dentro de las políticas públicas urbanas.
«Leyes como esta expresan qué sociedad queremos construir. Si eliminamos herramientas de protección animal, también estamos enviando un mensaje sobre cuáles son nuestras prioridades colectivas», expresó Loli Basaldua, referente de la organización Pichichos al Rescate.
En la misma línea se pronunció Liz Solari, una de las voces más activas del movimiento animalista argentino.
La fundadora de Sintientes sostuvo que cualquier intento de reemplazar una legislación protectora debe estar acompañado por una propuesta superadora y no por una simple eliminación normativa.
«A quienes quieren derogar esta ordenanza les corresponde demostrar que existe una alternativa mejor. De lo contrario, el riesgo es retroceder en derechos que costaron décadas construir», afirmó.
Durante el encuentro también se destacó el crecimiento del movimiento proteccionista en los últimos años y la consolidación de una agenda pública vinculada al bienestar animal.
La Ciudad de Buenos Aires cuenta actualmente con miles de familias que conviven con animales de compañía y una extensa red de voluntarios que trabajan en rescates, adopciones, campañas sanitarias y asistencia a mascotas en situación de abandono.
Por eso, la posible derogación de la ordenanza generó una rápida reacción transversal que unió a abogados, académicos, activistas y rescatistas bajo una misma consigna: preservar las herramientas legales existentes y fortalecer las políticas de protección animal.
Al cierre de la reunión no existían definiciones oficiales sobre el futuro de la norma.
Sin embargo, los participantes coincidieron en que el encuentro marcó el inicio de una estrategia común para defender la legislación vigente y evitar que la Ciudad pierda una de las principales normas de protección animal construidas desde el retorno de la democracia.
«Todos los que estamos acá tenemos algo en común: entendemos que los animales merecen protección y respeto. Lo que ocurrió esta semana demuestra que existe una comunidad enorme dispuesta a defender esos valores», concluyó Ferrario.
La discusión recién comienza, pero el mensaje que salió de la Legislatura fue contundente: para los proteccionistas, la respuesta no pasa por eliminar una ley histórica, sino por reforzarla y adaptarla a los desafíos del presente.
REDACCIÓN
