Melina Schweizer
El intento de declarar «personas no gratas» a los dos jóvenes que mataron una nutria terminó en escándalo institucional. Concejales denunciaron amenazas y agresiones tras rechazar una iniciativa impulsada por la presidenta del Concejo, Gisela Caputo.
Bahía Blanca, junio de 2026
Lo que comenzó como una fuerte reacción social ante la muerte de una nutria en el Barrio Universitario de Bahía Blanca terminó derivando en una crisis política que expuso las fracturas internas del oficialismo local, generó amenazas de muerte contra concejales y trasladó al Concejo Deliberante una discusión que rápidamente dejó de ser ambiental para transformarse en una batalla institucional.
El episodio tuvo origen días atrás, cuando dos estudiantes universitarios oriundos de Coronel Suárez fueron filmados mientras mataban a una nutria, una especie protegida que forma parte de la fauna silvestre de la región. Las imágenes se viralizaron rápidamente y provocaron una ola de indignación en redes sociales, organizaciones ambientalistas y sectores políticos de distintos espacios.
En medio de ese clima de repudio, la presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, impulsó un proyecto para declarar personas no gratas a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los jóvenes involucrados en el hecho.
Sin embargo, la iniciativa abrió una controversia inesperada.
Varios concejales consideraron que la propuesta representaba una sobreactuación institucional y cuestionaron la utilización de una herramienta que históricamente había sido reservada para casos de enorme gravedad política e histórica.
El antecedente más citado durante el debate fue el de Alfredo Astiz.
La última vez que el Concejo Deliberante de Bahía Blanca declaró a alguien persona no grata había sido en 1998, cuando el organismo tomó esa decisión respecto del represor condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Para quienes rechazaron el proyecto, colocar en el mismo plano simbólico una condena institucional contra Astiz y otra contra dos jóvenes involucrados en un caso de maltrato animal constituía un exceso político y una utilización desproporcionada de una herramienta excepcional.
La discusión rápidamente dividió al cuerpo deliberativo.
Algunos bloques propusieron avanzar en una declaración de repudio similar a la emitida por la Universidad Nacional del Sur, que condenó públicamente el accionar de los estudiantes sin aplicar sanciones simbólicas adicionales. Otros respaldaron la iniciativa impulsada por Caputo argumentando que la gravedad del hecho justificaba una respuesta institucional contundente.
Finalmente el proyecto fue sometido a votación.
Pero no consiguió los apoyos necesarios para ser aprobado.
La propuesta requería dieciséis votos y apenas obtuvo diez adhesiones, por lo que terminó siendo rechazada.
Lo que ocurrió después agravó todavía más la situación.
Según denunciaron distintos concejales, comenzaron a multiplicarse agresiones en redes sociales, campañas de hostigamiento y amenazas de muerte dirigidas contra quienes votaron en contra del proyecto.
La tensión escaló rápidamente y convirtió una discusión originalmente vinculada al maltrato animal en una crisis institucional de mayor envergadura.
Dentro del Concejo varios dirigentes cuestionaron el clima generado alrededor de la iniciativa y señalaron que la exposición pública de quienes rechazaron el proyecto terminó alimentando situaciones de violencia política difíciles de controlar.
La controversia también volvió a colocar bajo la lupa a Gisela Caputo.
La dirigente llegó al Concejo como integrante de la lista de La Libertad Avanza durante las elecciones de 2025, pero posteriormente protagonizó una fuerte ruptura con el espacio libertario local al desplazar de la presidencia del cuerpo a Mauro Reyes, dirigente que originalmente había sido señalado para ocupar ese cargo.
Aquella maniobra provocó una fractura que todavía atraviesa la política bahiense.
Desde el bloque libertario sostienen que Caputo traicionó tanto a sus compañeros de espacio como a los votantes que respaldaron la lista encabezada por La Libertad Avanza. En cambio, sectores cercanos a la actual presidenta del Concejo argumentan que la conducción del cuerpo respondió a acuerdos políticos legítimos dentro del funcionamiento institucional.
La disputa por la nutria terminó alimentando nuevamente esa interna.
Mientras dirigentes del PRO defendieron la iniciativa impulsada por Caputo y recordaron que incluso Javier Milei había condenado públicamente el caso mediante publicaciones en redes sociales, referentes libertarios locales se negaron a acompañar el proyecto.
Esa diferencia fue interpretada por sectores del PRO como una nueva expresión de la guerra política que mantienen ambos espacios en Bahía Blanca.
«Los libertarios desobedecieron al Presidente», afirmaron dirigentes cercanos a Caputo al recordar que Milei había compartido mensajes reclamando sanciones más severas para quienes atacaron al animal.
Sin embargo, desde La Libertad Avanza respondieron que el rechazo no implicaba defender a los responsables sino cuestionar una herramienta institucional que consideraban desproporcionada.
El episodio adquiere todavía más relevancia porque ocurre en un momento especialmente delicado para la política bahiense.
La ciudad continúa atravesada por el impacto social y económico de las inundaciones que afectaron gravemente a la región durante los últimos meses y, además, sigue pendiente la investigación por la muerte del abogado Juan Roberto Cafasso, fallecido tras caer al vacío a través de una pared falsa en un gimnasio de la ciudad.
Ese caso generó fuertes cuestionamientos sobre controles municipales, habilitaciones e inspecciones urbanas, colocando al gobierno local de Federico Susbielles bajo creciente presión política.
En ese contexto, la polémica por la nutria terminó convirtiéndose en mucho más que una discusión sobre maltrato animal.
Expuso internas partidarias, reabrió viejas disputas dentro del oficialismo local, generó denuncias por amenazas y volvió a mostrar cómo una causa capaz de generar consenso social puede transformarse rápidamente en un escenario de confrontación política cuando entra de lleno en la arena institucional.
Lo que comenzó con la indignación por la muerte de un animal protegido terminó dejando otra víctima inesperada: la convivencia política dentro de uno de los concejos deliberantes más convulsionados de la provincia de Buenos Aires.
REDACCIÓN
