REDACCIÓN
Estados Unidos abrió una investigación comercial contra 60 países, entre ellos Argentina, por posibles prácticas vinculadas al trabajo forzoso. La revisión podría derivar en sanciones y reactivar la política arancelaria que la Corte Suprema estadounidense frenó semanas atrás. La decisión final se conocerá en abril.
El gobierno de Estados Unidos inició una investigación comercial que incluye a Argentina y a otras 59 economías del mundo para determinar si sus políticas comerciales permiten la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso, una práctica que Washington considera una forma de competencia desleal que perjudica a las empresas estadounidenses.
La investigación fue anunciada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que activó un procedimiento en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta legal que permite al gobierno estadounidense responder a prácticas extranjeras consideradas injustificables o discriminatorias en el comercio internacional.
El proceso podría derivar en sanciones comerciales o nuevas medidas arancelarias, lo que abre un nuevo frente de tensión en las relaciones comerciales globales.
Una investigación que alcanza a 60 países
La lista de economías bajo análisis incluye a algunos de los principales socios comerciales de Estados Unidos, entre ellos Canadá, México, los países de la Unión Europea, además de China, India, Japón, Brasil, Rusia y Reino Unido.
La amplitud de la investigación refleja la estrategia del gobierno estadounidense de revisar las cadenas globales de producción y determinar si determinados países están permitiendo la entrada a sus mercados de bienes producidos bajo condiciones laborales coercitivas.
Según el comunicado oficial del organismo comercial, la investigación buscará determinar si las políticas de cada país “son irrazonables o discriminatorias y perjudican o restringen el comercio estadounidense”.
El trasfondo: los aranceles de Trump
La decisión también tiene un fuerte componente político y jurídico. Durante su presidencia, Donald Trump impulsó una política arancelaria agresiva destinada a reducir el déficit comercial de Estados Unidos y estimular la producción industrial doméstica.
Esa estrategia incluyó la imposición de aranceles a importaciones provenientes de distintos países, en especial de China, bajo el argumento de proteger a los trabajadores estadounidenses.
Sin embargo, semanas atrás la Corte Suprema de Estados Unidos determinó, por seis votos contra tres, que varias de esas medidas excedían la autoridad presidencial y que la imposición de impuestos comerciales corresponde exclusivamente al Congreso.
El fallo judicial dejó sin efecto parte de la política arancelaria impulsada por la Casa Blanca.
En ese contexto, analistas comerciales consideran que la investigación basada en la Sección 301 podría convertirse en un camino alternativo para reinstalar restricciones comerciales similares a las que la Corte bloqueó.
La cuestión del trabajo forzoso
El argumento central de la investigación es la existencia de prácticas de trabajo forzoso en cadenas globales de producción.
Según el gobierno estadounidense, los países que permiten la importación de productos fabricados bajo esas condiciones generan una distorsión en el comercio internacional, ya que las empresas que utilizan mano de obra coercitiva pueden reducir artificialmente sus costos.
“Durante demasiado tiempo los trabajadores y las empresas estadounidenses han tenido que competir con productores extranjeros que obtienen ventajas de costos mediante el trabajo forzoso”, afirmó el secretario de Comercio Jamieson Lee Greer.
El funcionario sostuvo que las investigaciones permitirán determinar si los gobiernos extranjeros están aplicando controles suficientes para impedir la circulación de bienes producidos bajo esas condiciones.
Las cifras del trabajo forzoso
La investigación estadounidense cita datos de la Organización Internacional del Trabajo, que estima que 28 millones de personas en el mundo se encuentran actualmente en situación de trabajo forzoso, lo que equivale aproximadamente a 3,5 personas cada mil habitantes del planeta.
El informe del organismo internacional también señala que entre 2016 y 2021 el número de personas sometidas a trabajo forzoso aumentó en 2,7 millones, un crecimiento atribuido principalmente al sector privado.
Según los cálculos de la OIT, los beneficios económicos derivados de estas prácticas en la economía global alcanzaron 63.900 millones de dólares anuales, con ganancias estimadas de 2.113 dólares por víctima en el sector agrícola y 4.994 dólares en el sector industrial.
Para Washington, estas cifras evidencian que el trabajo forzoso sigue siendo un factor relevante en la competencia económica internacional.
El calendario de la investigación
La oficina comercial estadounidense ya envió comunicaciones formales a los países involucrados para que presenten sus respuestas.
Los gobiernos podrán enviar comentarios escritos y solicitar participar en audiencias públicas antes del 15 de abril de 2026, mientras que la audiencia principal está prevista para el 28 de abril.
En esa instancia se evaluarán las medidas adoptadas por cada país para impedir la importación de productos elaborados bajo condiciones laborales coercitivas.
La decisión final sobre posibles sanciones comerciales o medidas correctivas podría anunciarse después de esa audiencia.
Impacto potencial para Argentina
Para Argentina, la investigación podría tener implicancias comerciales relevantes, ya que Estados Unidos es uno de sus principales mercados para productos agroindustriales y manufacturas.
Aunque el procedimiento no identifica productos específicos ni acusa directamente a ningún país de utilizar trabajo forzoso, la amplitud de la definición utilizada por Washington deja abierta la posibilidad de que cualquier economía que no aplique controles estrictos sobre sus importaciones quede expuesta a sanciones.
Analistas del comercio internacional advierten que este tipo de investigaciones pueden convertirse en instrumentos de presión política y económica dentro de disputas comerciales más amplias.
La decisión final del gobierno estadounidense determinará si el caso se limita a una revisión técnica o si marca el inicio de una nueva fase de tensiones comerciales globales impulsadas desde Washington.
Melina Schweizer
