Rodolfo Gudino
Javier Milei firmó un decreto y les giró un anticipo financiero de 400 mil millones de pesos a doce provincias aliadas. Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán son las elegidas. Las que no están en la lista, que se jodan. Buenos Aires, la provincia más poblada, perdió 80 mil millones en un año y su ministro de Economía, Pablo López, denunció que el «desfinanciamiento» se profundiza mes a mes. El gobierno, mientras tanto, defiende la medida como parte del «diálogo político». Traducción: la coparticipación ya no es un derecho. Es un premio a la lealtad. Y el premio, como siempre, lo ponen los que no fueron invitados a la fiesta.
Javier Milei encontró la manera de gobernar sin tener que negociar. No convence, no dialoga, no construye puentes. Compra. Y lo hace con plata que no es suya. El gobierno oficializó este lunes un anticipo financiero de 400 mil millones de pesos para doce provincias aliadas. Las que se portan bien, reciben. Las que no, que se vayan a llorar al cuartito.
Las agraciadas
Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Doce provincias. Doce gobernadores que, o firmaron la paz con el Presidente, o al menos no le hicieron la guerra abierta. La lista no es casual. Es un acto de disciplina fiscal con nombre y apellido.
El decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial, fue firmado el 1° de abril por Milei, Manuel Adorni y Luis Caputo. La letra chica es la de siempre: el monto lo determina la Secretaría de Hacienda «conforme a la capacidad de repago de cada provincia». En criollo: las provincias quedan atadas a una tasa fija nominal anual del 15% y a la afectación de sus recursos coparticipables. El gobierno presta plata con intereses y, si la provincia no paga, le descuenta directamente de la coparticipación. Un negocio redondo.
Las que se quedaron afuera
Buenos Aires, la provincia más poblada del país, no está en la lista. Su ministro de Economía, Pablo López, salió a denunciar que «mes a mes, se profundiza el desfinanciamiento». Según López, la provincia perdió 80 mil millones de pesos en comparación con el año anterior y más de 200 mil millones respecto del promedio histórico.
El gobierno de Axel Kicillof, que no es precisamente un aliado de Milei, quedó afuera del reparto. También otras provincias gobernadas por el peronismo o por fuerzas que no se alinearon con la Casa Rosada. El mensaje es claro: la coparticipación ya no es un derecho. Es un premio. Y el premio, como siempre, lo ponen los que no fueron invitados a la fiesta.
El negocio de la lealtad
En el gobierno justifican la medida como parte de la estrategia para «garantizar la viabilidad de las reformas». Diego Santilli, desde Interior, y Luis Caputo, desde Economía, trabajan en conjunto para equilibrar la asistencia financiera con el «orden fiscal». Traducción: las provincias que bancan al gobierno reciben plata. Las que no, se joden.
El decreto también faculta a Hacienda a retener automáticamente los fondos coparticipables de las provincias beneficiadas para cancelar los anticipos. Es decir, el gobierno presta plata con intereses y, si la provincia no paga, le descuenta directamente de la coparticipación. Un negocio redondo.
La hipocresía del ajuste
Milei llegó al gobierno prometiendo terminar con la «casta» y con el derroche. Pero el anticipo de 400 mil millones no es un gasto menor. Es una transferencia discrecional que beneficia a un grupo de provincias en detrimento de otras. No es coparticipación. Es clientelismo. La misma casta que decía combatir, ahora reparte plata a dedo.
Las provincias aliadas reciben. Las que no, denuncian desfinanciamiento. La grieta, esta vez, no es ideológica. Es fiscal. Y la están pagando los que siempre pagan: los que viven en las provincias que no están en la lista.
Nos leemos pronto.
Melina Schweizer
