Jorge R. Schweizer
La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó este martes, por una mayoría superior a los dos tercios, una ley que anula las restricciones a la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos . La norma, que deroga la Ley 1.341 (conocida como «Ley Copa») vigente desde octubre de 2020, fue girada al Poder Ejecutivo para su promulgación . El presidente Rodrigo Paz queda así habilitado para declarar el estado de excepción y desplegar tropas en las rutas bloqueadas por sectores afines al expresidente Evo Morales, que desde hace 26 días mantienen en vilo al país .
La decisión legislativa se tomó en medio de una crisis que ya suma cuatro semanas de protestas, más de 150 puntos de bloqueo en todo el territorio nacional y un desabastecimiento crítico de alimentos, combustible e insumos médicos en ciudades clave como La Paz, El Alto y Oruro . Los manifestantes, nucleados en la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos, indígenas y juntas vecinales, exigen la renuncia del mandatario, quien asumió en noviembre pasado .
Sin embargo, la decisión de recurrir a las Fuerzas Armadas para resolver un conflicto de raíz política y social es, cuando menos, un despropósito. La experiencia histórica en la región demuestra que la militarización de la protesta social no aplaca los conflictos: los exacerba. El uso de soldados, en su mayoría jóvenes conscriptos sin formación para el control de disturbios civiles, en operativos de despeje de rutas, no resuelve las causas estructurales del malestar, sino que añade un factor de violencia que puede desencadenar consecuencias imprevisibles .
El analista y exviceministro de Autonomías de Bolivia, Emilio Rodas, advirtió sobre el riesgo que asume el gobierno de Paz. «Los militares recurren principalmente a soldados conscriptos que no tienen experiencia represiva. Ese es un riesgo que el gobierno está asumiendo y que le puede traer consecuencias graves» . Rodas también señaló que el presidente aborda el conflicto «como si se tratara solamente de una demanda por bonos o dádivas, cuando el problema es más profundo» y que, al marginar a los movimientos sociales de la participación en el gobierno durante seis meses, se ha quedado sin interlocutores válidos para la negociación .
El diputado oficialista Edwin Valda fue explícito al votar en contra de la medida: advirtió que la derogación de la ley generará «mayor violencia» y que con esta decisión las reivindicaciones sociales quedarán «desprotegidas» . La diputada opositora Marianela Paco también se pronunció en contra, señalando que la intervención militar no resolverá las causas profundas del conflicto .
El escenario que se abre es peligroso. El gobierno de Paz asegura que el estado de excepción es la «última opción» si el diálogo no prospera . Pero las condiciones para un diálogo genuino no existen: la COB condiciona cualquier negociación a la liberación de dirigentes presos y la anulación de causas judiciales, mientras que el gobierno insiste en que no negociará bajo presión. El presidente, por su parte, endureció su discurso contra Evo Morales, a quien acusa de intentar «destrozar Bolivia» para evitar la justicia.
En lugar de allanar el camino para una salida negociada, la militarización del conflicto profundiza la polarización, multiplica los focos de tensión y aleja cualquier posibilidad de una solución pacífica. La comunidad internacional observa con atención, pero hasta ahora no ha logrado articular una mediación efectiva. Bolivia no necesita más violencia. Necesita un acuerdo político que, en las actuales circunstancias, parece cada vez más lejano.
Rodolfo Gudino
REDACCIÓN
