Melina Schweizer
Una sociedad vinculada al consultor adquirió en 2024 el 30% de una empresa de servicios portuarios del Gran Rosario. La rapidez con la que habría obtenido permisos nacionales despierta sospechas, mientras parte de la habilitación municipal continuaría pendiente.
Fernando Cerimedo, el consultor político vinculado a Javier Milei que permanece detenido en Bolivia, extendió sus negocios al estratégico corredor portuario del Gran Rosario mediante su participación indirecta en Sanabria SRL, una empresa dedicada a prestar servicios navales en la Hidrovía.
Surlibre Inversiones, una sociedad vinculada a Cerimedo, adquirió el 30% de Sanabria SRL en julio de 2024. La operación le permitió ingresar a un mercado altamente concentrado, donde los servicios se cobran en dólares y las habilitaciones oficiales constituyen una barrera determinante para cualquier nuevo operador.
Sanabria comenzó como una guardería náutica en Puerto General San Martín, a unos 35 kilómetros de Rosario, pero posteriormente amplió sus actividades para ingresar al negocio de los servicios portuarios. Entre sus operaciones figura la provisión de combustible para los remolcadores de barcazas, una actividad fundamental para el movimiento de cargas por la principal vía navegable del país.
Los registros societarios indican que Surlibre Inversiones recibió 150 de las 500 cuotas que componen el capital de Sanabria SRL. La participación surgió de la transferencia de 100 cuotas pertenecientes a Sergio Ezequiel Amarilla y otras 50 que estaban en manos de Iván Alberto Sanabria.
De esta manera, la sociedad vinculada a Cerimedo quedó con el 30% de la compañía, mientras Sanabria conservó 200 cuotas y Amarilla las 150 restantes. Estos dos últimos continuaron como gerentes conjuntos de la empresa.
Las sospechas sobre una habilitación acelerada
El punto más delicado no es solamente el ingreso de Cerimedo al negocio portuario, sino la velocidad con la que Sanabria habría obtenido los permisos nacionales necesarios para desarrollar sus nuevas actividades.
Las autorizaciones para operar en este sector suelen exigir trámites complejos, inversiones considerables y controles de diferentes organismos. Se trata, además, de un mercado reducido y concentrado, donde el acceso depende de estrictas condiciones técnicas, económicas y de seguridad.
Desde el ingreso de Surlibre Inversiones, Sanabria habría conseguido avanzar con sus autorizaciones en un tiempo inusualmente breve. Esa rapidez despertó dudas dentro del sector portuario, especialmente por los vínculos políticos de Cerimedo y su cercanía con el oficialismo nacional.
Las competencias sobre puertos y vías navegables se encontraban en 2024 bajo la estructura del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. En enero de 2025, el Gobierno creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación como ente autárquico dentro de esa misma cartera y designó a Iñaki Arreseygor como director ejecutivo.
La agencia se convirtió en la autoridad nacional encargada de las políticas relacionadas con los puertos, la navegación, el transporte fluvial y la Vía Navegable Troncal. Arreseygor ya se desempeñaba desde mayo de 2024 al frente del área portuaria que posteriormente fue reemplazada por el nuevo organismo.
Hasta el momento no se difundió el expediente administrativo completo que permita conocer qué permisos recibió Sanabria, cuándo fueron solicitados, qué funcionarios intervinieron y cuánto demoró cada instancia. Tampoco existe una prueba pública de que Caputo haya intervenido personalmente para beneficiar a la empresa.
La eventual existencia de un trato preferencial, por lo tanto, todavía debe ser comprobada. Sin embargo, la dependencia administrativa del área portuaria respecto del Ministerio de Economía coloca al funcionario ante la obligación política de explicar cómo se produjo la habilitación.
Permisos nacionales y trámites municipales pendientes
Mientras la empresa habría avanzado rápidamente ante los organismos nacionales, la Municipalidad de Puerto General San Martín sostuvo que Sanabria todavía tendría pendiente parte de la documentación necesaria para completar su habilitación local.
Funcionarios municipales también habrían manifestado desconocer la participación de Cerimedo y la relación existente entre el consultor y Surlibre Inversiones.
La diferencia entre la velocidad de los trámites nacionales y las exigencias todavía pendientes en el municipio alimenta los interrogantes sobre las condiciones en las que Sanabria consiguió ampliar sus operaciones.
La situación también expone un problema de transparencia. Una empresa puede atravesar controles correspondientes a diferentes jurisdicciones, pero resulta llamativo que las autoridades locales desconozcan quiénes integran una sociedad que desarrolla actividades estratégicas dentro de su territorio.
Un negocio estratégico en el corazón exportador
La Hidrovía Paraná-Paraguay constituye el principal canal de salida de la producción agroindustrial argentina. Por los puertos ubicados en el Gran Rosario circula buena parte de las exportaciones de granos, aceites y derivados del país.
Por esta razón, los servicios asociados con remolcadores, barcazas, abastecimiento de combustible y logística portuaria poseen un elevado valor económico. No se trata de una actividad secundaria, sino de una pieza indispensable para el funcionamiento del complejo agroexportador.
El desembarco de Cerimedo ocurrió además mientras el Gobierno nacional avanzaba con la reorganización y concesión de la Vía Navegable Troncal. En ese escenario, cualquier autorización otorgada a un empresario cercano al oficialismo requiere controles reforzados y la publicación de toda la documentación correspondiente.
La incorporación a Sanabria forma parte de la expansión empresarial desarrollada por Cerimedo después del triunfo electoral de Milei. Además de sus actividades en comunicación y publicidad, el consultor extendió su presencia hacia sociedades de inversión, tecnología, energía y ahora servicios portuarios.
Las explicaciones que debe ofrecer el Gobierno
El Ministerio de Economía y la autoridad portuaria deberían informar qué permisos obtuvo Sanabria, cuándo fueron solicitados, cuáles fueron los organismos intervinientes y si se cumplieron los mismos requisitos y plazos exigidos a otras empresas.
También debería transparentarse la estructura societaria completa de Surlibre Inversiones, el origen de los fondos utilizados para adquirir el 30% de Sanabria y el papel efectivo que desempeñó Cerimedo en la operación.
Los registros disponibles permiten sostener que una sociedad vinculada al consultor adquirió una participación importante en una empresa portuaria. Las acusaciones sobre una habilitación privilegiada o una intervención directa de Caputo, en cambio, todavía necesitan respaldo documental o judicial.
En un sector tan estratégico como la Hidrovía, la rapidez administrativa y las conexiones con el poder no pueden quedar rodeadas de silencio. El Gobierno debe publicar los expedientes y explicar si Sanabria recibió un tratamiento excepcional o atravesó el mismo procedimiento exigido a cualquier otro operador.
