GONZALO SCHWEIZER
Los recursos provinciales se encuentran casi 20% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. El ajuste nacional, la caída del consumo y la menor recaudación local trasladaron la crisis hacia gobernaciones, municipios y familias. Docentes, trabajadores sanitarios, policías y prestadores del PAMI multiplican los reclamos.
El superávit fiscal exhibido por Javier Milei tiene una contracara cada vez más visible fuera de la Casa Rosada: provincias con menos recursos, obras paralizadas, salarios públicos deteriorados y conflictos que se multiplican desde Tierra del Fuego hasta el norte del país.
El Gobierno nacional redujo transferencias, eliminó programas y recortó inversiones mientras la caída de la actividad económica disminuyó simultáneamente la coparticipación y la recaudación propia de las provincias. El resultado es una crisis fiscal trasladada desde la Nación hacia los estados subnacionales y, desde ellos, hacia trabajadores, usuarios y familias.
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina, el promedio móvil de los recursos reales provinciales hasta mayo de 2026 se ubicó un 19,6% por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023. Los recursos de origen nacional estaban 10,6% abajo y la coparticipación había caído un 12% durante el mismo período.
La situación continuó deteriorándose en junio: los recursos de origen nacional disminuyeron 4,3% interanual en términos reales y la coparticipación retrocedió 8,5%. Todas las provincias registraron caídas reales, con disminuciones de entre 7,7% y 10,5% solamente en las transferencias coparticipables.
El problema no puede explicarse únicamente por una decisión discrecional de la Casa Rosada. La coparticipación depende principalmente de la recaudación del IVA y del impuesto a las Ganancias. Cuando cae el consumo, cierran empresas o disminuye la rentabilidad, también se reduce automáticamente el dinero distribuido entre las provincias.
Pero la política nacional profundizó ese deterioro mediante la eliminación de fondos específicos, el freno de la obra pública y la reducción de transferencias no automáticas. La combinación dejó a los gobernadores enfrentados con reclamos que nacen en sus territorios, aunque una parte importante de los recursos haya desaparecido por decisiones adoptadas en Buenos Aires.
Un superávit construido mediante el traslado del déficit
Durante mayo de 2026, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de 1,92 billones de pesos y un resultado financiero favorable de 480.000 millones después del pago de intereses.
Sin embargo, esos números se consiguieron en un contexto en el que los ingresos nacionales también cayeron. La diferencia fue que el gasto se redujo con mayor intensidad. En los primeros cinco meses de 2026, las erogaciones del Estado nacional se encontraban casi 30% por debajo de las de 2023 en términos reales.
La Nación mejoró sus cuentas al dejar de financiar obras, programas educativos, subsidios, transferencias y servicios que no desaparecieron como necesidades sociales. El gasto fue eliminado del presupuesto nacional, pero reapareció en las provincias, los municipios o los bolsillos de los ciudadanos.
Las rutas siguen necesitando mantenimiento aunque Vialidad Nacional no ejecute las obras. Las escuelas continúan funcionando aunque se eliminen los fondos educativos. Los jubilados siguen necesitando atención médica aunque los aranceles del PAMI no alcancen para cubrir las prestaciones.
El déficit no desapareció: cambió de domicilio.
Las rutas como expresión material del ajuste
La infraestructura vial representa una de las manifestaciones más evidentes del retiro nacional. La inversión destinada a rutas nacionales se encuentra en uno de sus niveles más bajos de las últimas tres décadas y algunas provincias acumularon recortes cercanos al 85% entre 2023 y 2025.
Las reducciones alcanzaron aproximadamente el 85% en Buenos Aires y Chubut, el 83% en Chaco, el 77% en Formosa, el 73% en Santa Fe y el 72% en Córdoba. Alrededor del 60% de los tramos viales evaluados presenta condiciones malas o regulares.
La falta de mantenimiento no constituye solamente un problema de comodidad. Aumenta los accidentes, encarece el transporte, perjudica la producción regional y obliga a las provincias a destinar recursos propios para intervenir en corredores pertenecientes a la jurisdicción nacional.
La Rioja se presentó como querellante en una causa que investiga el presunto desvío de más de un billón de pesos correspondientes al Sistema Vial Integrado. La denuncia busca determinar qué ocurrió con recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles que debían utilizarse para financiar obras y mantenimiento.
Tierra del Fuego lleva cuatro semanas sin clases normales
En Tierra del Fuego comenzó la cuarta semana de paro docente por tiempo indeterminado. Los trabajadores mantienen acampes, ollas populares y vigilias mientras reclaman una recomposición salarial, la devolución de descuentos y una ley provincial de financiamiento educativo.
El conflicto también incorporó demandas dirigidas al Gobierno nacional. El sindicato docente exige la restitución de 17 programas eliminados o desfinanciados, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente, los recursos para escuelas técnicas y Conectar Igualdad.
La eliminación del incentivo docente redujo los ingresos de trabajadores de todo el país, pero las provincias quedaron obligadas a responder frente a los reclamos salariales. La Nación se retiró de la negociación sin que desapareciera el componente que financiaba.
La prolongación del paro fueguino refleja el límite de esta transferencia. El Gobierno provincial sostiene que no dispone de margen presupuestario suficiente, mientras los docentes rechazan que el equilibrio fiscal se construya mediante salarios que pierden capacidad adquisitiva.
La salud también salió a la calle
En Santa Fe, miles de trabajadores de hospitales públicos, centros de salud municipales, clínicas privadas y dependencias nacionales preparan nuevas movilizaciones. El reclamo central es elevar el salario básico hasta los dos millones de pesos y recuperar lo perdido frente a la inflación.
La protesta sanitaria se extiende por la capital provincial, Reconquista y otras localidades. La participación conjunta de trabajadores de establecimientos públicos y privados muestra que la crisis no se limita a una sola administración: atraviesa el financiamiento general del sistema de salud.
En La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut, clínicas y sanatorios restringieron o suspendieron prestaciones para afiliados del PAMI. Los establecimientos denuncian atrasos en los aranceles, demoras en las acreditaciones y aumentos de costos que no fueron acompañados por las actualizaciones oficiales.
El conflicto comenzó con restricciones en consultas de guardia, derivaciones y cirugías programadas. Los prestadores advirtieron que algunos valores reconocidos por el PAMI no cubren siquiera los materiales descartables utilizados en determinados procedimientos.
Las clínicas privadas de la región atienden a una parte considerable de la población y sostienen miles de empleos. Cuando interrumpen prestaciones, la presión recae inmediatamente sobre hospitales provinciales que también atraviesan dificultades presupuestarias.
Policías, trabajadores judiciales y transportistas
Los reclamos salariales alcanzaron también a las fuerzas de seguridad. En Santa Fe y Rosario, familiares y efectivos retirados se manifestaron para evitar las sanciones que podrían recibir los agentes en actividad. Los cuestionamientos se concentran en los salarios bajos, las condiciones de trabajo y el deterioro de los ingresos frente al costo de vida.
La situación tiene ecos en otras provincias y alcanza a integrantes de fuerzas federales como Gendarmería y Prefectura. El malestar dentro de organismos armados representa una señal especialmente delicada para cualquier gobierno porque evidencia que la crisis salarial atraviesa incluso a las estructuras responsables de garantizar la seguridad.
En Córdoba se acumularon protestas de docentes universitarios, trabajadores sanitarios, judiciales y usuarios del transporte público. Aunque cada conflicto posee causas propias y responsabilidades provinciales o municipales específicas, todos se desarrollan sobre el mismo escenario: menos transferencias nacionales, menor recaudación y un consumo deprimido.
Los adelantos que hipotecan ingresos futuros
Ante la falta de recursos, el Gobierno nacional ofrece adelantos de coparticipación a algunas provincias. El mecanismo permite obtener liquidez inmediata, pero no incorpora fondos nuevos: anticipa dinero que posteriormente será descontado de las transferencias futuras.
Las provincias resuelven una urgencia actual a cambio de contar con menos recursos durante los meses siguientes. Esta dependencia también debilita políticamente a los gobernadores, porque cada adelanto queda sujeto a una negociación individual con la Casa Rosada.
El mecanismo transforma una obligación federal en una herramienta de disciplinamiento. Los mandatarios que necesitan pagar salarios o afrontar emergencias llegan a Buenos Aires con menor capacidad para discutir el presupuesto, las leyes económicas o la distribución de impuestos.
Responsabilidades compartidas, recursos desiguales
El recorte nacional no exime a los gobernadores de sus propias responsabilidades. Cada provincia administra presupuestos, define prioridades, recauda impuestos y decide cómo distribuir sus recursos. Algunas sostienen estructuras políticas costosas, contrataciones poco transparentes o gastos difíciles de justificar mientras reclaman asistencia nacional.
Pero tampoco puede exigirse a las provincias que sustituyan indefinidamente programas, obras y transferencias eliminadas por la Nación. El federalismo fiscal argentino concentra una parte sustancial de la recaudación en el Estado nacional, mientras las provincias deben financiar servicios esenciales como educación, salud, seguridad y justicia.
El Gobierno celebra el superávit como una prueba de eficiencia, pero el equilibrio de una sola caja no significa que el conjunto del Estado esté equilibrado. Si la Nación deja de gastar y las provincias acumulan deudas, suspenden servicios o reducen salarios, el problema fiscal no fue resuelto: solamente fue desplazado.
Las protestas que hoy atraviesan el país son la expresión social de ese traslado. El ajuste salió de las planillas del Ministerio de Economía y llegó a las escuelas, los hospitales, las rutas y las clínicas. Milei conserva el superávit en Buenos Aires; las provincias reciben las facturas.
