Melina Schweizer
La fecundidad descendió a 1,2 hijos por mujer y los nacimientos comenzaron a caer seis años antes de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Una encuesta nacional reveló que el 57% de las personas jóvenes tendría más hijos si pudiera y que las barreras económicas y de cuidado explican el 62% de los proyectos familiares frustrados.
Javier Milei responsabilizó a la legalización del aborto por la caída de la natalidad y vinculó el descenso de los nacimientos con la futura sostenibilidad del sistema previsional. Sin embargo, la cronología demográfica contradice una explicación basada en una sola ley: la natalidad argentina comenzó a disminuir sostenidamente en 2014, mientras la interrupción voluntaria del embarazo fue aprobada a finales de 2020.
La diferencia temporal no permite sostener que la ley haya originado un proceso iniciado seis años antes. Tampoco significa que el aborto no tenga ninguna incidencia estadística sobre los nacimientos. Significa que no puede presentarse como causa principal de una transformación demográfica anterior, prolongada y observable también en países con legislaciones reproductivas muy diferentes.
La tasa global de fecundidad argentina se encuentra actualmente alrededor de 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional estimado en 2,1. En 2024 se registraron 413.135 nacimientos, frente a aproximadamente 777.000 en 2014: una caída cercana al 47% en una década.
Pero contar nacimientos no explica por qué nacen menos niños. La Primera Encuesta Nacional de Intenciones Reproductivas muestra que el fenómeno no responde simplemente a que la sociedad haya renunciado a formar familias. Existe una distancia creciente entre los hijos que las personas desean tener y aquellos que materialmente pueden criar.
El deseo existe, las condiciones no
La investigación, desarrollada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Argentina y la consultora Voices!, reveló que el 57% de las personas de entre 18 y 45 años todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener si no existieran limitaciones.
El 32% tiene la cantidad de hijos que desea y un 11% tuvo más de los que hubiera preferido. Entre las personas de 18 a 24 años, siete de cada diez todavía no concretaron su expectativa reproductiva.
El ideal de dos hijos continúa siendo el más mencionado y fue elegido por el 34% de los participantes. Al sumar a quienes desean entre uno y tres hijos, la proporción alcanza al 59%.
Los datos cuestionan la idea de una sociedad que dejó de valorar la familia o que rechaza masivamente la maternidad y la paternidad. Ocho de cada diez personas consideran que la familia es uno de los aspectos más importantes de su vida. Entre las mujeres de 18 a 24 años, dos de cada diez manifiestan que no desean tener hijos: una decisión legítima, pero insuficiente para explicar por sí sola el desplome nacional.
La investigación identifica una brecha entre deseo y posibilidad. Las personas no necesariamente renunciaron a tener hijos: postergan, reducen o abandonan el proyecto porque no cuentan con estabilidad suficiente para sostenerlo.
Criar un hijo se volvió un proyecto económicamente incierto
Las barreras económicas y relacionadas con el cuidado explican el 62% de los casos en los que las personas tuvieron menos hijos de los deseados. La falta de recursos, el empleo inestable y la imposibilidad de acceder a una vivienda aparecen como los principales obstáculos.
La decisión reproductiva dejó de limitarse a una pregunta afectiva. Antes de tener un hijo, las personas calculan si podrán pagar alimentos, ropa, salud, educación, transporte y vivienda durante años. También evalúan si conservarán el empleo, quién cuidará al niño y qué ocurrirá si uno de los adultos debe dejar de trabajar.
La canasta de crianza calculada por el INDEC llegó en julio de 2026 hasta los 697.268 pesos mensuales para un niño de entre 6 y 12 años. El indicador combina el costo de los bienes y servicios con el valor económico del tiempo destinado al cuidado.
Ese monto no representa un gasto excepcional, sino una obligación mensual sostenida. En una economía marcada por la informalidad laboral, los alquileres elevados, la morosidad y los salarios rezagados, formar una familia implica asumir una responsabilidad que muchas personas desean, pero no pueden garantizar.
La baja natalidad no surge únicamente de un cambio cultural. También expresa una pérdida de confianza en el futuro.
La vivienda propia como condición
La dificultad para acceder a una vivienda ocupa un lugar central. El 95% de las personas consultadas considera que disponer de una vivienda propia es un requisito importante para una vida plena.
La exigencia no debe interpretarse necesariamente como una aspiración conservadora a la propiedad. En Argentina, alquilar implica contratos cortos, aumentos frecuentes, depósitos, garantías y mudanzas que dificultan la construcción de un proyecto familiar estable.
Una pareja puede desear hijos y, al mismo tiempo, preguntarse si continuará viviendo en el mismo lugar dentro de dos años. La incertidumbre residencial condiciona la elección del jardín, la escuela, el trabajo y las redes de cuidado.
La desaparición del crédito hipotecario accesible y la distancia entre los salarios y el precio de las propiedades convirtieron la vivienda propia en una posibilidad remota para buena parte de las nuevas generaciones. Pedirles que tengan más hijos sin resolver ese problema equivale a exigir confianza mientras se eliminan las bases materiales para construirla.
El trabajo registrado tampoco garantiza estabilidad
La inseguridad laboral aparece junto con la vivienda como uno de los principales factores de postergación. Tener empleo no siempre significa contar con ingresos suficientes, continuidad contractual o protección social.
Trabajadores formales permanecen por debajo de la línea de pobreza, mientras millones sobreviven mediante actividades informales, empleos temporales o trabajos para plataformas. La llegada de un hijo puede convertir una economía doméstica frágil en una situación imposible.
Esta incertidumbre afecta especialmente a quienes no tienen licencias remuneradas, cobertura médica o acceso a espacios de cuidado. Una enfermedad, la pérdida del empleo o el aumento del alquiler pueden destruir en pocas semanas el equilibrio familiar.
La política natalista basada en discursos morales ignora este aspecto. Los nacimientos no aumentan porque un presidente critique el aborto o invoque la continuidad de la Nación. Aumentan cuando las personas creen que podrán alimentar, alojar, cuidar y educar a sus hijos sin caer en la pobreza.
Las mujeres cargan con el costo oculto
La baja natalidad también está atravesada por la desigual distribución de los cuidados. El 18% de las mujeres mencionó el reparto inequitativo de las tareas domésticas y familiares como una razón para tener menos hijos de los deseados.
La diferencia con los varones no se reduce a una percepción. Las mujeres continúan dedicando más horas a cocinar, limpiar, acompañar, organizar consultas médicas y cuidar niños o adultos mayores. El 51% se identifica como principal responsable del cuidado de personas mayores, frente al 36% de los hombres.
La maternidad puede interrumpir estudios, reducir ingresos, limitar ascensos o provocar la salida del mercado laboral. El 41% de las personas con hijos debió suspender su formación durante dos años o más por un embarazo, maternidad o paternidad. Entre las mujeres, la proporción asciende al 49%.
Las jóvenes conocen esas consecuencias y toman decisiones en función de ellas. Entre las mujeres de 18 a 24 años, el 51% considera necesario alcanzar seguridad económica antes de ser madre; el 35% prioriza finalizar sus estudios superiores y el 36% desea sentirse preparada emocional y psicológicamente.
No están rechazando necesariamente la maternidad. Están intentando evitar que tener un hijo implique renunciar al resto de su vida.
Menos embarazos adolescentes también reducen la natalidad
Una parte de la disminución de los nacimientos responde a un avance social: la reducción de los embarazos no intencionales, especialmente entre adolescentes. El acceso a anticonceptivos, la educación sexual y una mayor autonomía reproductiva permitieron evitar maternidades no deseadas.
El 92% de las personas encuestadas conoce métodos anticonceptivos. Sin embargo, un 22% manifestó que alguna vez no pudo utilizar el método elegido y casi cuatro de cada diez mujeres dijeron haber tenido dificultades para rechazar relaciones sexuales no deseadas con su pareja.
Estos datos muestran que la autonomía reproductiva todavía está lejos de ser completa. La preocupación demográfica no debería utilizarse para debilitar el derecho a decidir ni para presentar los embarazos no intencionales como una solución previsional.
Un país no puede sostener su sistema jubilatorio mediante maternidades forzadas. Necesita empleo registrado, salarios con aportes, productividad y políticas capaces de integrar a quienes hoy trabajan en la informalidad.
Una encuesta importante, pero no definitiva
El estudio fue realizado entre enero y febrero de 2026 mediante cuestionarios digitales autoadministrados a 1.515 personas de entre 18 y 70 años. La muestra incluyó participantes de todas las regiones y fue ponderada según parámetros del Censo 2022 y nivel educativo.
Sus resultados ofrecen información valiosa sobre deseos, obstáculos y percepciones, pero no sustituyen las estadísticas vitales ni permiten atribuir un porcentaje exacto de la caída nacional a cada causa. Como toda encuesta en línea, depende además de las respuestas declaradas por los participantes.
La evidencia disponible, no obstante, coincide con una tendencia internacional: la reducción de la fecundidad es un fenómeno multicausal asociado con cambios culturales, mayor educación, urbanización, acceso a anticonceptivos, postergación de la maternidad, precariedad laboral, costo de la vivienda y desigualdad en los cuidados.
Reducir toda esa complejidad a la ley de aborto puede resultar políticamente rentable, pero es demográficamente pobre.
La natalidad no se recupera culpando a las mujeres
Si el Gobierno considera preocupante la caída de los nacimientos, necesita construir una política familiar y no una campaña de culpabilización.
Eso implica facilitar el acceso a la vivienda, promover empleos estables, recomponer salarios, ampliar licencias, garantizar jardines maternales, sostener sistemas públicos de cuidado y distribuir de manera más equitativa las responsabilidades familiares.
También requiere proteger el acceso a anticonceptivos, tratamientos de fertilidad y servicios de salud sexual y reproductiva. La autonomía incluye el derecho a no tener hijos, pero también el derecho a tenerlos sin que la pobreza, la violencia o la falta de oportunidades decidan por las personas.
La verdadera crisis demográfica no consiste solamente en que nazcan menos niños. Consiste en que millones desean construir una familia y no encuentran trabajo, vivienda, tiempo ni seguridad para hacerlo.
Culpar al aborto oculta esa realidad. Las personas no necesitan sermones para tener hijos: necesitan un país donde criarlos.
