Melina Schweizer
La exclusión del crédito formal y la precarización de los ingresos alimentan un mercado clandestino de pequeños préstamos que se promociona incluso en TikTok e Instagram. Con intereses que pueden rondar el 100% mensual y mecanismos violentos de cobro, el fenómeno llegó al Congreso, donde un proyecto busca penalizar la explotación crediticia de personas vulnerables.
La crisis de ingresos tiene una dimensión que difícilmente aparezca completa en las estadísticas bancarias. Cuando una familia no llega a fin de mes, está fuera del sistema financiero, carece de recibo de sueldo o arrastra antecedentes que le impiden obtener crédito, la necesidad de dinero no desaparece. Lo que desaparece es el banco. En ese espacio está creciendo un circuito informal de prestamistas que entrega pequeñas cantidades de efectivo con intereses extraordinarios y, en algunos casos, utiliza amenazas y hostigamiento para garantizar el cobro.
El fenómeno permite mirar desde otro lugar el creciente endeudamiento de los hogares argentinos. Ya no se trata únicamente de tarjetas saturadas, préstamos personales, cuotas atrasadas o billeteras virtuales. Existe una capa todavía más precaria: personas que necesitan apenas unos miles de pesos para resolver necesidades inmediatas y aceptan condiciones que dentro del sistema financiero resultarían difícilmente imaginables.
Según el relevamiento difundido por El Destape, en barrios del conurbano bonaerense existen préstamos que incluso pueden rondar el 100% mensual de interés. Los montos pueden ser mínimos —en algunos casos no superan los $10.000— y los plazos pueden reducirse a semanas o incluso días. Precisamente allí está una de las claves del problema: quien acepta semejante costo financiero probablemente no está comparando tasas para realizar una inversión. Está resolviendo una urgencia.
Cuando $10.000 se convierten en una trampa
Un interés del 100% mensual significa, en términos simples, que una deuda de $10.000 puede exigir la devolución de $20.000 al cabo de un mes, dependiendo de las condiciones pactadas. Para una persona con ingresos informales o intermitentes, semejante obligación puede generar rápidamente una cadena en la que se necesita conseguir nuevo dinero para cancelar el préstamo anterior.
Así funciona buena parte de la lógica de la usura: el negocio no depende solamente de prestar caro, sino de hacerlo sobre una necesidad que reduce prácticamente a cero la capacidad de negociación del deudor.
La proliferación de estos prestamistas tampoco ocurre en un vacío económico. El mercado informal encuentra clientes precisamente entre quienes tienen cerradas las puertas del crédito convencional: trabajadores sin recibo de sueldo, personas incluidas en registros de morosidad, hogares sin garantías suficientes o familias cuyos ingresos son demasiado bajos o inestables para superar los filtros bancarios.
La paradoja es brutal. Quienes tienen menos capacidad económica terminan accediendo al dinero más caro. El sistema formal considera que prestarles implica demasiado riesgo; el circuito informal acepta ese riesgo, pero lo convierte en tasas extraordinarias y mecanismos de cobro que pueden llegar a la intimidación.
TikTok convirtió al prestamista informal en “emprendedor”
Una característica especialmente llamativa es la exposición pública del fenómeno. TikTok e Instagram contienen perfiles donde prestamistas muestran su actividad, explican cómo iniciarse en el negocio, discuten qué intereses cobrar y ofrecen consejos para reducir la posibilidad de incobrabilidad.
En ese universo, prestar dinero aparece presentado como otro emprendimiento. Se recomienda solicitar recibos de sueldo, garantías, evitar familiares o amigos y seleccionar cuidadosamente al cliente. Algunos llevan sus operaciones apenas en cuadernos. Las redes funcionan simultáneamente como publicidad, espacio de capacitación entre prestamistas y mecanismo para construir reputación territorial.
Pero esa aparente profesionalización convive con prácticas mucho más oscuras. El material relevado incluye referencias a aprietes domiciliarios, amenazas y mecanismos de presión sobre las familias, incluso situaciones extremas vinculadas con los hijos de los deudores. Al mismo tiempo, debajo de esas publicaciones aparecen personas solicitando desesperadamente que alguien les preste dinero.
Esa combinación explica mejor el problema que cualquier definición abstracta de usura: de un lado existe alguien dispuesto a prestar bajo condiciones extremas; del otro, alguien cuya situación económica es tan frágil que aun conociendo esas condiciones necesita aceptar.
Del barrio al Congreso
El crecimiento del fenómeno llevó al diputado nacional de Unión por la Patria Juan Carlos Molina, acompañado por legisladores de su bloque, a presentar un proyecto para incorporar específicamente la explotación crediticia informal de sectores vulnerables al terreno penal.
La iniciativa propone penas de dos a seis años de prisión para quienes otorguen habitualmente préstamos fuera del sistema financiero regulado, aprovechándose de la vulnerabilidad socioeconómica del deudor e imponiendo condiciones manifiestamente desproporcionadas.
La pena podría elevarse a entre tres y ocho años cuando aparezcan amenazas, coacciones, apropiación de bienes como mecanismo de cobro o cuando el prestamista utilice una posición de ascendencia dentro de la comunidad para generar temor.
El proyecto intenta además establecer un parámetro concreto para evitar que cualquier préstamo informal sea automáticamente considerado delito. Considera desproporcionada una tasa cuando supere en más de tres veces la tasa activa promedio del Banco Central para créditos personales no bancarios.
La distinción es importante porque prestar dinero fuera de un banco no constituye por sí mismo el núcleo del problema. Tampoco pretende criminalizar la ayuda entre familiares, vecinos o integrantes de una comunidad. Lo que busca identificar es otra cosa: la transformación de la necesidad económica de una persona en una relación sistemática de explotación.
Penalizar al usurero no alcanza
Sin embargo, el propio proyecto introduce una cuestión más profunda. El prestamista informal puede ser la expresión visible del problema, pero detrás existe una población expulsada o marginada de los mecanismos convencionales de financiamiento.
Por eso la iniciativa incorpora políticas de inclusión financiera para personas con empleo informal, sin historial crediticio, con ingresos insuficientes o sin garantías. Sin esa segunda dimensión, existe el riesgo de perseguir penalmente al prestamista sin modificar la necesidad que creó su clientela.
Porque si una persona necesita dinero hoy para comer, comprar medicamentos, pagar servicios o resolver una emergencia familiar, prohibirle una fuente abusiva de financiamiento no resuelve automáticamente el problema que la llevó hasta ella. Si no aparece una alternativa legal y accesible, otro prestamista ocupará el lugar.
Ese es precisamente el debate económico detrás del debate penal.
La usura como síntoma de una economía fragmentada
El crecimiento de estos circuitos muestra hasta dónde puede llegar la segmentación financiera. En la parte superior de la economía se discuten bonos, tasas, carry trade y financiamiento empresario. En el extremo inferior, alguien puede necesitar $10.000 y aceptar devolver el doble porque ninguna institución está dispuesta a prestárselos.
Por eso los préstamos informales no pueden analizarse únicamente como una cuestión policial. Son también un indicador de exclusión financiera, informalidad laboral y deterioro de los ingresos. Cuanto mayor sea la cantidad de personas sin estabilidad económica, historial crediticio o garantías, mayor será el territorio disponible para quienes convierten esa vulnerabilidad en negocio.
Las redes sociales simplemente hicieron visible y escalable algo que históricamente existió en muchos barrios. Ahora el prestamista puede publicitarse, enseñar su método, conseguir clientes y exhibir sus cobros ante miles de personas. La vieja usura territorial encontró una plataforma digital.
El Congreso podrá discutir cuánto castigo corresponde a quien presta aprovechándose de la desesperación. Pero hay una pregunta anterior que ninguna modificación del Código Penal puede resolver por sí sola: ¿por qué cada vez hay personas dispuestas a aceptar un préstamo al 100% mensual para conseguir apenas unos miles de pesos?
La respuesta no está en TikTok. Está en una economía donde, para una parte de la población, hasta endeudarse dentro de la legalidad empieza a convertirse en un privilegio.
CONCHITA PRETA
GONZALO SCHWEIZER
