Melina Schweizer
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad conservaba cuatro series de bonos de Generación Mediterránea cuando la empresa ya atravesaba graves problemas financieros. En febrero de 2026 aceptó modificar sus condiciones para facilitar una reestructuración cercana a los 1.500 millones de dólares. La exposición del organismo y el valor actual de los títulos permanecen sin conocerse.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES quedó expuesto al incumplimiento financiero de Generación Mediterránea, la principal compañía eléctrica del Grupo Albanesi, pero el organismo previsional todavía no informó cuánto dinero de los jubilados estaba invertido ni cuál es el valor de los títulos recibidos después de la reestructuración.
El Acta 277 del Comité Ejecutivo del Fondo, fechada el 26 de febrero de 2026, confirma que la ANSES conservaba obligaciones negociables de las clases XV, XVI, XVII y XIX emitidas por la empresa. Para entonces, Generación Mediterránea llevaba varios meses enfrentando dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.
El documento no precisa el valor nominal de las tenencias del Fondo en cada una de las cuatro emisiones. Esta ausencia impide calcular la magnitud exacta del dinero público comprometido y determinar si la operación produjo una pérdida efectiva, una reducción en el valor de mercado o solamente una postergación de los pagos.
Por esa razón, no puede afirmarse todavía que la ANSES perdió una cantidad específica de miles de millones. Lo que sí está documentado es que el Fondo era acreedor de una compañía en default, aceptó modificar las condiciones de sus bonos y no transparentó el resultado económico de esa decisión.
La crisis había comenzado meses antes
Generación Mediterránea comunicó en abril de 2025 que no podría pagar intereses por aproximadamente 19,5 millones de dólares correspondientes a distintas obligaciones negociables. Una vez vencido el período de gracia sin que se concretaran los pagos, se configuraron los eventos de incumplimiento.
En julio de ese año, la calificación crediticia de la empresa fue reducida a categoría de default. Es decir, la crisis financiera no apareció después de la decisión adoptada por la ANSES en febrero de 2026: el deterioro llevaba alrededor de diez meses y el incumplimiento había sido reconocido públicamente.
Al cierre de 2025, Generación Mediterránea acumulaba una deuda financiera cercana a los 1.510 millones de dólares, mientras disponía de aproximadamente 20 millones entre efectivo e inversiones corrientes. Cerca del 93% de sus compromisos correspondía a obligaciones negociables.
La empresa impulsó entonces una reestructuración integral destinada a extender vencimientos, preservar el funcionamiento de sus centrales y evitar el colapso operativo. El proceso alcanzó pasivos cercanos a los 1.500 millones de dólares y trasladó parte de los pagos hasta la próxima década.
Aunque algunas publicaciones describieron la situación como una “quiebra”, la información disponible muestra un default seguido por una reestructuración financiera. No existe, en los documentos analizados, una declaración de quiebra de Generación Mediterránea. La diferencia no es menor: el incumplimiento y la pérdida de valor pueden afectar seriamente a los acreedores, pero jurídicamente no equivalen a la liquidación de la compañía.
Las condiciones que aceptó modificar la ANSES
El 18 de febrero de 2026, Generación Mediterránea solicitó el consentimiento de los tenedores para cambiar los términos de varias obligaciones negociables. Ocho días después, el Comité Ejecutivo del Fondo trató la propuesta.
Las modificaciones alcanzaban cláusulas sensibles relacionadas con los eventos de incumplimiento, la reestructuración de otras emisiones, los concursos preventivos, los acuerdos con acreedores y las posibles acciones judiciales contra la empresa.
Entre los cambios figuraba la incorporación de una cláusula denominada “Informes de Reestructuración”, mediante la cual Generación Mediterránea debía comunicar a los inversores los hechos relevantes vinculados con el proceso y cualquier acontecimiento que pudiera afectar el funcionamiento de sus proyectos o el pago de las obligaciones negociables.
También se modificaron las condiciones bajo las cuales el incumplimiento de otras deudas superiores a 25 millones de dólares podía provocar la caducidad anticipada de los bonos. Determinados compromisos incluidos dentro de ofertas de canje o acuerdos preventivos quedaban exceptuados temporalmente de esa definición.
Las enmiendas contemplaban, además, escenarios de concurso preventivo, quiebra, insolvencia, liquidación, cesión de bienes a los acreedores y designación de síndicos o administradores. También extendían ciertos plazos frente a acciones judiciales iniciadas sin el consentimiento de la compañía.
Estas disposiciones muestran que el Fondo no estaba frente a una modificación administrativa menor. La empresa buscaba adecuar las protecciones de sus acreedores a una reestructuración provocada por su incapacidad para cumplir con las condiciones originales.
El argumento de la continuidad operativa
Las áreas técnicas del FGS recomendaron aceptar las modificaciones porque, según el acta, permitían garantizar la continuidad operativa de las centrales y no alteraban los términos financieros ni el esquema de flujos de los instrumentos.
El argumento tenía un fundamento económico: Generación Mediterránea administra centrales eléctricas importantes para el abastecimiento nacional y una aceleración generalizada de sus deudas podía profundizar la crisis, comprometer su funcionamiento y reducir todavía más las posibilidades de recuperación de los acreedores.
La decisión, por lo tanto, pudo representar una alternativa menos perjudicial que exigir inmediatamente el pago de una deuda que la empresa no estaba en condiciones de cancelar. Sin embargo, esa explicación no libera a la ANSES de informar cuánto dinero tenía comprometido, qué títulos recibió, cuáles son sus nuevos vencimientos y cuánto valen actualmente.
Generación Mediterránea ofreció también un pago de 60 millones de pesos por cada solicitud de consentimiento aprobada, que debía distribuirse proporcionalmente entre los tenedores participantes. Como estaban involucrados cuatro grupos de obligaciones negociables, el monto total ofrecido podía alcanzar los 240 millones de pesos.
El acta no aclara cuánto recibió efectivamente el Fondo por esos consentimientos. Tampoco explica qué proporción representaba ese ingreso frente al valor de la deuda de Albanesi mantenida en su cartera.
Después de la intervención de las áreas técnicas y del servicio jurídico de la ANSES, el Comité Ejecutivo tomó conocimiento de lo actuado sin formular objeciones. En la reunión participaron el director ejecutivo del organismo, Fernando Bearzi, y funcionarios del Ministerio de Economía.
La cifra que continúa oculta
El punto central no es únicamente que el FGS haya invertido en bonos de una compañía que luego cayó en default. Todo portafolio financiero contiene riesgos y una reestructuración no implica necesariamente la pérdida completa del capital.
El verdadero problema es la falta de información necesaria para evaluar la administración de recursos pertenecientes al sistema previsional. El acta confirma la existencia de las cuatro tenencias, pero omite su monto, su valor contable, su cotización después del incumplimiento y las condiciones definitivas aceptadas por el Fondo.
Para determinar el perjuicio sería necesario conocer cuántos bonos poseía la ANSES, cuánto había pagado por ellos, qué intereses dejó de cobrar, qué instrumentos recibió durante la reestructuración y cuál es hoy su valor recuperable. Sin esos datos, cualquier cifra sobre la pérdida sería especulativa.
La ANSES debe publicar la exposición completa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Grupo Albanesi y explicar por qué aceptó modificar las protecciones de sus títulos cuando el deterioro financiero ya era público.
No se trata de dinero privado ni de una negociación comercial que pueda permanecer bajo reserva. Son recursos destinados a respaldar el sistema previsional. Hasta que el organismo publique las cifras, la única certeza será tan grave como incompleta: los fondos de los jubilados quedaron atrapados en el default, pero todavía nadie explica cuánto costó.
Rodolfo Gudino
