Melina Schweizer
La Secretaría de Trabajo analiza impulsar en las paritarias la consigna “ningún convenio por debajo de la línea de pobreza”. La cifra equivaldría a unos $880.000 de bolsillo, pero no sería obligatoria ni reemplazaría al Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en agosto permanece en apenas $376.600.
El Gobierno de Javier Milei evalúa promover un “salario mínimo garantizado” de 1.070.000 pesos brutos para las categorías más bajas de determinados convenios colectivos. La iniciativa busca recomponer los ingresos de trabajadores registrados que, pese a tener empleo, permanecen por debajo de la línea de pobreza.
No se trata de una medida aprobada ni de un aumento general dispuesto por decreto. Es una propuesta interna que la Secretaría de Trabajo intentaría introducir progresivamente en las negociaciones paritarias de los sectores más rezagados.
El monto analizado equivaldría a unos 880.000 pesos netos mensuales. La consigna política sería que ningún convenio colectivo mantenga salarios inferiores a la línea de pobreza, aunque la instrumentación dependería de acuerdos entre sindicatos y empleadores.
La propuesta representa un cambio significativo en el discurso de una administración que desde su llegada al poder limitó las homologaciones salariales, cuestionó los aumentos considerados superiores a su pauta inflacionaria y sostuvo que el crecimiento de los ingresos debía surgir exclusivamente de la productividad y la negociación privada.
Ahora, el deterioro del consumo, la expansión del endeudamiento y la existencia de trabajadores formales pobres obligan al propio Gobierno a reconocer que la estabilización de las variables macroeconómicas no garantiza por sí misma una recuperación de las condiciones de vida.
Trabajar y continuar bajo la línea de pobreza
La iniciativa parte de una realidad difícil de ocultar: contar con un empleo registrado ya no garantiza superar la pobreza. Numerosas categorías convencionales mantienen remuneraciones básicas inferiores al costo de una canasta familiar.
Entre los sectores identificados aparecen trabajadores de centros asistenciales, gastronomía, construcción, textiles, calzado, maestranza y medios de comunicación. Son actividades intensivas en mano de obra que combinan salarios bajos con una elevada exposición a la caída del consumo y la retracción económica.
El cálculo utilizado por el área laboral establece que una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesita sumar aproximadamente 2.140.000 pesos brutos mensuales —cerca de 1,8 millones netos— para mantenerse sobre la línea de pobreza.
Bajo ese esquema, cada adulto debería recibir al menos 1.070.000 pesos brutos. Sin embargo, la estimación presupone que los dos integrantes mayores del hogar tienen empleos registrados y jornadas completas. Si solamente trabaja uno, el ingreso propuesto seguiría siendo insuficiente para cubrir la canasta familiar.
La cifra, por lo tanto, no constituye un verdadero salario familiar garantizado. Es un piso individual pensado para hogares con dos ingresos equivalentes. La diferencia resulta central porque millones de familias cuentan con un solo salario, empleos informales, trabajos discontinuos o jornadas reducidas.
No debe confundirse con el salario mínimo oficial
El denominado “salario mínimo garantizado” no reemplazaría al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Tampoco tendría, al menos bajo el diseño conocido, alcance universal ni fuerza obligatoria para todas las actividades.
El Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en agosto de 2026 es de 376.600 pesos mensuales para una jornada completa y de 1.883 pesos por hora para trabajadores jornalizados. Es decir, equivale apenas al 35% del piso de 1.070.000 pesos que el propio Gobierno considera necesario para algunos convenios.
La distancia entre ambas cifras expone una contradicción difícil de justificar. Si la Secretaría de Trabajo entiende que un ingreso inferior al millón de pesos mantiene a un trabajador formal en una situación de pobreza, resulta incomprensible que el salario mínimo legal continúe por debajo de los 400.000 pesos.
Desde el Gobierno argumentan que solamente una pequeña proporción de los trabajadores registrados cobra exactamente el mínimo y que su función es principalmente indicativa. Sin embargo, ese valor determina también prestaciones sociales, referencias judiciales y montos vinculados con el seguro de desempleo.
Además, el salario mínimo establece el piso que el Estado considera compatible con una vida digna. Mantenerlo tan lejos del costo real de subsistencia implica aceptar institucionalmente que una persona puede trabajar durante toda la jornada legal y continuar siendo pobre.
Los sectores que podrían ser alcanzados
La prueba comenzaría en convenios con categorías iniciales inferiores al millón de pesos. La Secretaría de Trabajo buscaría intervenir durante las paritarias para que sindicatos y empresas incorporen adicionales o reorganicen las escalas hasta alcanzar los 1.070.000 pesos brutos.
La medida podría beneficiar a trabajadores de sanidad, particularmente de centros asistenciales; categorías bajas de hotelería y gastronomía; obreros de la construcción; empleados textiles y del calzado; personal de limpieza y maestranza, y trabajadores de medios de comunicación.
Pero la implementación enfrenta obstáculos importantes. Muchas de estas actividades figuran entre las más perjudicadas por la caída de la demanda. Obligar o presionar para alcanzar un piso uniforme podría provocar resistencia empresarial, mayor informalidad o reducción de puestos de trabajo si no existe una recuperación paralela de la actividad.
Una gran empresa puede absorber una recomposición salarial con mayor facilidad que un restaurante pequeño, un taller textil o una clínica endeudada. Aplicar el mismo piso sin contemplar productividad, facturación y tamaño empresarial podría producir efectos muy diferentes.
El Gobierno deberá decidir si solamente exhortará a las partes, si condicionará la homologación de los convenios o si ofrecerá algún mecanismo de asistencia a las pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora no se conoce una resolución ni un programa oficial que responda estas preguntas.
El temor al achatamiento de las escalas
La CGT recibió la versión con escepticismo. La central obrera duda de que una administración identificada con la desregulación laboral esté dispuesta a intervenir para elevar los salarios y advierte sobre los posibles problemas de implementación.
Uno de ellos es el achatamiento de las escalas. Si las categorías inferiores reciben un aumento mayor para alcanzar el nuevo piso, los puestos con mayor experiencia, formación o responsabilidad pueden terminar cobrando prácticamente lo mismo.
Ese efecto obliga a recomponer la totalidad del convenio, lo que multiplica el costo para las empresas. No basta con elevar el salario inicial: también deben preservarse las diferencias entre categorías para evitar conflictos y desincentivos.
Los antecedentes de sumas fijas otorgadas durante otros gobiernos muestran este problema. Las mejoras benefician rápidamente a quienes menos cobran, pero posteriormente deben incorporarse a los básicos y reorganizar toda la estructura salarial.
La pelea dentro del Gobierno
La iniciativa surgiría del sector político de la administración, encabezado en materia laboral por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y Claudia Testa. También contaría con el respaldo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Dentro del oficialismo existirían diferencias con el sector económico representado por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, más reacio a intervenir sobre los acuerdos salariales. El Ministerio de Economía sostiene que la recuperación debería producirse mediante estabilidad, inversión y expansión del crédito, sin decisiones administrativas que presionen sobre los costos laborales.
Conviene aclarar una inconsistencia presente en las primeras versiones de la iniciativa: Diego Santilli no ocupa la Jefatura de Gabinete. El jefe de Gabinete es Manuel Adorni. Santilli integra el Gobierno, pero no desempeña ese cargo.
Una discusión atravesada por el Consejo del Salario
El debate coincide con la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para el viernes 28 de agosto. La reunión se realizará de manera virtual, pese al pedido sindical de recuperar la modalidad presencial.
La comisión correspondiente comenzará a sesionar a las 10 y el plenario fue convocado para las 12.30, con una segunda instancia prevista para las 14. Participarán 16 representantes sindicales y 16 empresariales.
Allí deberá definirse una nueva actualización del salario mínimo y de las prestaciones por desempleo. Si no se alcanza un acuerdo, el Gobierno podrá volver a fijar los valores mediante un laudo, como ocurrió después de la reunión de noviembre de 2025.
La discusión mostrará hasta dónde llega el supuesto giro oficial. Resultaría contradictorio impulsar pisos superiores al millón de pesos en algunos convenios mientras se conserva un salario mínimo nacional equivalente a poco más de un tercio de esa cifra.
Sin consumo no existe reactivación
La propuesta reconoce implícitamente que la economía no se reactiva solamente mediante créditos o estabilidad nominal. Las empresas producen cuando existe demanda y las familias consumen cuando cuentan con ingresos disponibles.
Durante los últimos meses, una parte creciente de los hogares utilizó tarjetas, préstamos y billeteras virtuales para comprar alimentos, pagar servicios y sostener gastos básicos. El crédito dejó de financiar proyectos futuros y comenzó a reemplazar salarios insuficientes.
Elevar los ingresos más bajos puede tener un impacto inmediato sobre el consumo porque esos trabajadores destinan casi todo el dinero adicional a necesidades cotidianas. Pero una recomendación informal en las paritarias no constituye una política salarial.
Para que el “salario mínimo garantizado” sea algo más que una consigna, el Gobierno deberá explicar quién estará obligado a pagarlo, cómo se protegerán los puestos de trabajo y por qué el salario mínimo legal continúa en 376.600 pesos.
Hasta entonces, el millón de pesos será apenas el reconocimiento tardío de una evidencia: la economía podrá mostrar equilibrio en las cuentas nacionales, pero no se reactiva mientras quienes trabajan sigan siendo pobres.
