CONCHITA PRETA
El juez Enrique Lavié Pico, el mismo que en 2024 les dijo «no» a los amparos contra el DNU 70/2023, volvió a cruzarse en el camino de los trabajadores. Este miércoles rechazó la medida cautelar que la CGT presentó para frenar el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires. Su argumento: no hay «peligro en la demora». O sea, según el magistrado, desguazar un fuero entero, dejar a 1600 empleados judiciales en la calle y mandar a los laburantes a litigar a tribunales manejados por el PRO no es algo urgente. Lo que sí hizo fue abrir la demanda de fondo y darle 5 días al Estado para que conteste. Mientras tanto, la reforma sigue su curso, los artículos 90 y 91 de la Ley 27.802 siguen vigentes, y los trabajadores se preguntan cuándo la justicia va a ser realmente justicia.
Miércoles 11 de marzo. En los tribunales de la calle Talcahuano se cocinaba una decisión que debería poner en alerta a cualquiera que alguna vez haya tenido que defender su laburo en un juicio laboral. El juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, resolvió rechazar la medida cautelar presentada por la CGT contra el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.
En criollo: la central obrera intentó frenar el cambio en la Justicia laboral y el juez dijo no.
El dato no aparece en el vacío. Lavié Pico ya había tenido sus cruces con la CGT. En 2024 rechazó dos amparos presentados contra el DNU 70/2023 de Javier Milei, aquel decreto que quiso reescribir buena parte de las reglas laborales por la vía rápida.
La repetición empieza a dibujar un patrón curioso. Cada vez que la central sindical golpea la puerta del juzgado con un planteo para defender derechos laborales, la respuesta del despacho parece bastante previsible.
Uno podría pensar que es simple coincidencia jurídica. También podría pensar otra cosa: que hay magistrados que encuentran muy convincentes los argumentos del poder político y bastante menos persuasivos los reclamos del mundo del trabajo.
Y cuando las decisiones judiciales empiezan a caer siempre del mismo lado del mostrador, la discusión deja de ser técnica.
Pasa a ser política.
LA CAUTELAR QUE NO FUE
La CGT había presentado una acción de amparo contra el Estado Nacional el 6 de marzo, el mismo día que la Ley de Modernización Laboral (27.802) se publicaba en el Boletín Oficial. En su escrito, pedían la nulidad de los artículos 90 y 91 además del Convenio de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral a la Ciudad, incluido como anexo de la ley .
¿Qué dicen esos artículos?. El 90 establece que cualquier juez laboral que se aparte de los precedentes de la Corte Suprema será acusado de mal desempeño. Así que, si un magistrado interpreta la ley de manera distinta a lo que digan los jueces del palacio, puede irse derechito a un jury. Esto solo aplica para el fuero laboral, para ningún otro . Una presión explícita sobre la independencia judicial.
El artículo 91 declara la «vigencia transitoria» de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se concrete su disolución y el pase de competencias a la Ciudad. Traducción: le ponen fecha de vencimiento a un fuero que funciona desde hace décadas y lo mandan a una jurisdicción donde el PRO gobierna hace 19 años y maneja los nombramientos a piacere.
LOS ARGUMENTOS DEL JUEZ (PARA LLORAR)
Lavié Pico consideró que la medida cautelar solicitada era «innovativa», que suena a, que alteraba el estado de cosas previo, y que por lo tanto debía ser tratada con extrema prudencia. Dijo que no veía «peligro en la demora» porque la acción de amparo, por su naturaleza sumarísima, garantiza una resolución rápida sobre el fondo.
«No se advierte -en este estado del proceso- la configuración en la presente causa del peligro en la demora que justifique la tutela requerida», argumentó el magistrado .
¿No hay peligro en la demora?. Mientras tanto, la reforma sigue su curso, el traspaso avanza, y los trabajadores que necesiten litigar contra un despido en los próximos meses tendrán que hacerlo en un fuero que está siendo desguazado, con jueces que miran de reojo el artículo 90 y se preguntan si fallar en contra de una empresa les puede costar el cargo.
LO QUE ABRIÓ (Y LO QUE NO)
Lo que sí hizo Lavié Pico fue correr vista al Estado Nacional para que en 5 días conteste la demanda de fondo. Es decir, el proceso sigue, pero sin la protección cautelar que hubiera frenado el avance del traspaso. El Estado tendrá que presentar el informe previsto en el artículo 8° de la Ley 16.986 y ofrecer las pruebas que considere pertinentes .
La CGT, por su parte, deberá adjuntar copias digitales de toda la documentación . Mientras tanto, en la central obrera aseguran que «van a continuar el reclamo judicial». Pero el tiempo corre y la reforma no espera.
LO QUE DICEN LOS QUE LA VAN A SUFRIR
Julio Piumato, referente de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), fue lapidario: «Nuestro gremio está en lucha ante la virtual desaparición de la Justicia Nacional del Trabajo, primera vez que en la historia argentina borran un fuero» . Y agregó: «En la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia hace lo que el Gobierno de la Ciudad quiere. Quien gobierna la Ciudad, maneja la Justicia» .
Son alrededor de 1600 personas las que podrían perder su empleo si se concreta el traspaso. Pero claro, para el juez Lavié Pico, eso no configura un peligro urgente.
EL FONDO DEL PROBLEMA
Detrás de esta disputa judicial hay una pelea más grande: el gobierno de Milei quiere eliminar la Justicia Nacional del Trabajo y pasar sus competencias a la Ciudad. En los tribunales laborales de la Capital es donde históricamente los trabajadores conseguían fallos más favorables, donde la especialidad del fuero permitía equilibrar la balanza entre el empleado y la empresa. Pasarlo a la órbita porteña, con jueces designados en un distrito gobernado por el PRO desde hace dos décadas, es una forma de garantizar que los fallos sean más «predecibles» para el poder económico.
La CGT, las CTA y sindicatos como SiPreBA ya tienen preparadas nuevas presentaciones para cuestionar otros aspectos de la reforma. Pero la batalla se presenta cuesta arriba. Sobre todo cuando los jueces que deben resolver son los mismos que ya dijeron «no» antes.
CIERRE: MIENTRAS TANTO, LA REFORMA SIGUE
La resolución de Lavié Pico no es una sorpresa para nadie que haya seguido su trayectoria. Ya había marcado cancha en 2024. Pero eso no la hace menos dolorosa para los trabajadores. La Justicia Laboral Nacional, esa que durante décadas fue el último refugio del laburante contra el atropello patronal, está en terapia intensiva. Y los médicos que la atienden no parecen tener muchas ganas de salvarla.
El juez dice que no hay peligro en la demora. Habría que preguntarle a esos 1600 empleados judiciales que miran el futuro con incertidumbre. Habría que preguntarle a los trabajadores que iniciaron juicios y ahora no saben en qué fuero terminarán. Habría que preguntarle a los abogados laboralistas que ven cómo desguazan la herramienta que usaban para defender derechos.
Pero bueno, mientras tanto, seguimos esperando. Como siempre. Como si el tiempo no existiera. Como si desarmar un poder del Estado no fuera urgente para los que viven de su trabajo.
Melina Schweizer
