Melina Schweizer
El 44,4% señala la corrupción como uno de los principales problemas del país y el 43,9% menciona el desempleo, según AtlasIntel. El 70% califica negativamente el mercado laboral, el 63% considera mala la economía y la desaprobación de Milei llega al 58%. La baja de la inflación dejó de ordenar las expectativas: ahora el Gobierno enfrenta el costo político del ajuste, la destrucción de empleo y sus propios escándalos.
La última encuesta de AtlasIntel y Bloomberg muestra un cambio profundo en la estructura del malestar argentino. La inflación, el problema alrededor del cual Javier Milei construyó su victoria electoral y justificó buena parte de su programa económico, dejó de ocupar el centro exclusivo de las preocupaciones. Su lugar fue tomado por dos amenazas mucho más difíciles de controlar mediante un índice mensual: la corrupción y el desempleo.
El 44,4% de los consultados ubicó la corrupción entre los principales problemas del país y el 43,9% mencionó el desempleo. La situación económica quedó en tercer lugar, con el 32,1%, mientras que los altos precios y la inflación descendieron al cuarto puesto, con el 28,8%.
Como la pregunta permitía seleccionar hasta tres respuestas, los porcentajes no representan grupos separados ni deben sumarse como si fueran intención de voto. Muestran la intensidad con la que cada asunto aparece dentro de la agenda social.
El dato más importante no es únicamente que el desempleo haya escalado al segundo lugar. Es que la sociedad comenzó a evaluar al Gobierno con una vara distinta. Milei puede exhibir una desaceleración de los precios, equilibrio fiscal o estabilidad cambiaria, pero esas variables ya no alcanzan para compensar la percepción de que faltan empleos, se deteriora la economía familiar y las prácticas de la denominada “casta” continúan dentro de la administración libertaria.
La encuesta fue realizada entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026 sobre una muestra de 2.193 adultos, mediante reclutamiento digital aleatorio, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.
No anticipa por sí sola un resultado electoral. Pero retrata el problema que Milei deberá resolver si pretende llegar competitivo a 2027: consiguió reducir la centralidad política de la inflación, pero el alivio esperado fue reemplazado por el miedo a perder el trabajo y la sospecha de que el sacrificio no terminó con la corrupción.
La inflación baja en la encuesta, no necesariamente en los hogares
Que la inflación descienda en el ranking de preocupaciones no significa que los precios hayan dejado de afectar a las familias. Significa que otros problemas comenzaron a ser percibidos como más urgentes.
Una persona puede enfrentar aumentos de tarifas, alquiler, alimentos o servicios y, al mismo tiempo, temer más por la continuidad de su empleo. Cuando el ingreso desaparece o se vuelve inestable, la discusión deja de ser cuánto suben los precios y pasa a ser cómo pagarlos.
La pérdida de centralidad de la inflación podría presentarse como un éxito del Gobierno. Milei llegó al poder prometiendo terminar con el descontrol monetario y convirtió cada desaceleración del índice en una victoria política. Pero la encuesta revela el límite de esa narrativa: estabilizar precios no equivale automáticamente a mejorar las condiciones materiales.
La economía puede desacelerar la inflación mediante una fuerte contracción del consumo, salarios contenidos, apertura importadora y restricción monetaria. El resultado estadístico puede ser favorable mientras fábricas, comercios y pequeñas empresas pierden ventas, reducen turnos o despiden trabajadores.
El Gobierno corre así el riesgo de quedar prisionero de su propio logro. Cuanto menos domina la inflación la conversación pública, más atención reciben las variables que la estrategia oficial subordinó: producción, empleo, salarios, crédito y consumo.
Milei ganó las elecciones prometiendo que el ajuste sería el paso doloroso hacia una recuperación. Casi tres años después, una parte creciente de la sociedad parece preguntarse cuándo termina el sacrificio y quién recibió finalmente sus beneficios.
El empleo se convirtió en el límite político del modelo
El 70% de los encuestados considera mala la situación actual del mercado laboral. Apenas el 14% la califica como buena y el resto la define como normal.
La diferencia negativa de 56 puntos no describe únicamente a quienes están formalmente desempleados. También incluye el temor de los ocupados, la precarización, el trabajo informal, la reducción de horas, la pérdida de clientes y la incertidumbre de quienes observan despidos en su sector.
Por eso no existe contradicción automática entre una tasa oficial de desocupación determinada y una percepción social mucho más grave. El indicador del Indec mide quién no tiene empleo, lo busca activamente y está disponible para trabajar. No captura por completo el deterioro de la calidad laboral, el cuentapropismo forzado, la inestabilidad ni el miedo a ser el próximo despedido.
Los datos disponibles sobre el mercado laboral ya mostraban una sustitución parcial de empleo registrado por ocupaciones informales. Durante el primer tramo de 2026 se perdieron cerca de 200.000 puestos formales y se crearon aproximadamente 147.000 informales, mientras industria y comercio explicaron cerca de la mitad de la caída del empleo registrado.
Ese proceso permite contener estadísticamente el desempleo, pero deteriora la seguridad económica de los hogares. Una persona puede seguir figurando como ocupada y haber perdido aportes, estabilidad, cobertura médica, vacaciones e ingresos previsibles.
La preocupación por el trabajo refleja, además, la naturaleza desigual de la recuperación. Los sectores exportadores vinculados con energía, minería y agro pueden crecer sin absorber una cantidad suficiente de mano de obra. En cambio, la industria, la construcción y el comercio —mucho más intensivos en empleo— sufren la caída del mercado interno.
El modelo puede producir dólares sin producir la cantidad de trabajos necesaria para sostener consenso social.
La sociedad ya no espera una recuperación inmediata
El pesimismo no se limita al presente. El 63% considera mala la situación económica del país y solamente el 24% la evalúa como buena. Pero el dato más delicado aparece cuando se pregunta por los próximos seis meses: el 49% cree que la economía empeorará, frente a un 37% que espera una mejora.
En el mercado laboral, el 50% anticipa un deterioro y apenas el 34% proyecta una recuperación.
Incluso la economía familiar muestra expectativas negativas: el 41% piensa que su situación empeorará, mientras el 32% espera una mejora y el resto calcula que permanecerá igual.
La confianza del consumidor también permanece en terreno desfavorable. El índice general de AtlasIntel se ubicó 24,3 puntos por debajo del nivel neutral. La evaluación de la situación actual se hundió 41,6 puntos, mientras las expectativas futuras quedaron 8,1 puntos abajo.
La distancia entre presente y futuro contiene una señal política ambivalente. La población evalúa muy mal su realidad actual, pero conserva una expectativa menos negativa hacia adelante. Eso significa que Milei todavía dispone de un margen de esperanza: una parte de la sociedad continúa esperando que el programa produzca resultados.
Sin embargo, esa reserva se está agotando. Si el empleo y los ingresos no mejoran, la expectativa puede converger con la mala evaluación del presente. En ese momento, el Gobierno perdería no solamente aprobación, sino también la promesa de futuro que sostiene a muchos votantes dispuestos a tolerar dificultades actuales.
Corrupción: el problema que destruye la identidad libertaria
La corrupción ocupa el primer lugar con el 44,4%. Para cualquier gobierno sería un dato grave. Para Milei resulta especialmente corrosivo porque cuestiona el fundamento moral de su llegada al poder.
La Libertad Avanza no se presentó solamente como una opción económica. Prometió destruir a la casta, terminar con los privilegios y expulsar a quienes utilizaban el Estado para enriquecerse.
Cuando la corrupción se convierte en la principal preocupación durante una administración que hizo de la superioridad moral su identidad, el daño excede a cada expediente judicial. La contradicción afecta el contrato político completo.
Las controversias alrededor de la criptomoneda Libra, las denuncias en organismos públicos, los cuestionamientos patrimoniales y las sospechas sobre contrataciones o vínculos empresariales contribuyen a una percepción acumulativa. No hace falta que todos los casos terminen en condenas para producir desgaste político. Las sociedades distinguen entre responsabilidad penal y credibilidad pública.
El problema para Milei es que no puede atribuir indefinidamente estos episodios a la herencia recibida. Después de casi tres años, la corrupción que la ciudadanía observa dentro de su administración deja de ser un residuo de la política anterior y se convierte en responsabilidad propia.
Un sondeo anterior de AtlasIntel ya había colocado la corrupción en primer lugar, con el 47,9%. La cifra bajó hasta el 44,4%, pero continúa encabezando la agenda. No se trata, por lo tanto, de una reacción aislada a un escándalo reciente, sino de una preocupación consolidada.
La combinación con el desempleo es explosiva. Una sociedad puede tolerar austeridad si cree que el esfuerzo es equitativo y que quienes gobiernan respetan las reglas. Pero cuando percibe simultáneamente pérdida de empleos y corrupción, el ajuste deja de parecer un sacrificio colectivo y comienza a interpretarse como una transferencia desigual.
Milei recupera cuatro puntos, pero no sale de la zona de rechazo
La desaprobación presidencial se ubicó en el 58%, frente a una aprobación del 38,1% y un 3,9% de indecisos. La diferencia negativa es de casi veinte puntos.
Respecto de julio, la desaprobación cayó cuatro puntos, pero esa mejora no se trasladó completamente a la aprobación. Buena parte se convirtió en indecisión.
El movimiento debe interpretarse con cuidado. Milei detuvo momentáneamente el crecimiento del rechazo, pero no recuperó un respaldo proporcional. Algunos ciudadanos dejaron de desaprobarlo abiertamente sin regresar todavía al oficialismo.
Ese espacio de indecisos puede ser una oportunidad o una advertencia. Si la economía mejora, el Presidente podría reconstruir parte del apoyo perdido. Si empeora el empleo o aparece un nuevo escándalo, esos votantes pueden volver rápidamente a la desaprobación.
La imagen personal presenta un cuadro todavía más duro: 62% negativa y 38% positiva. La evaluación general del Gobierno resulta apenas menos desfavorable, con 52,7% de opiniones malas o muy malas, 31,5% buenas o excelentes y 15,8% regulares.
La diferencia entre desaprobación presidencial y evaluación gubernamental sugiere que Milei concentra un rechazo personal mayor que algunas áreas de su administración. Su figura sigue siendo el principal activo movilizador del oficialismo, pero también se convirtió en su mayor techo electoral.
El ajuste golpea con más fuerza a los sectores de menores ingresos
Los cruces demográficos revelan una fractura social importante. La desaprobación de Milei llega aproximadamente al 70% entre quienes perciben menos de 630.000 pesos mensuales y permanece por encima del 65% en el segmento siguiente.
En cambio, entre los ingresos más elevados la aprobación aumenta y puede superar el 50%.
La diferencia expone quiénes perciben beneficios y quiénes cargan con los costos del programa. Los hogares de menores ingresos destinan una proporción mayor a alimentos, transporte, tarifas y alquiler. También dependen más del empleo informal, los servicios públicos y las transferencias estatales.
La estabilidad cambiaria o la reducción del riesgo financiero pueden mejorar las expectativas de sectores con capacidad de ahorro e inversión, pero no compensan automáticamente el deterioro cotidiano de una familia que pierde horas de trabajo o se endeuda para pagar gastos corrientes.
La encuesta también muestra una desaprobación más elevada entre las mujeres que entre los hombres. Esa brecha puede relacionarse con una distribución desigual de las tareas de cuidado, la mayor exposición femenina a empleos precarios y el impacto del ajuste sobre servicios sociales utilizados para sostener la vida familiar.
El malestar económico no se distribuye de manera uniforme. Tampoco lo hace el apoyo al Gobierno.
Bregman encabeza la imagen positiva, pero nadie rompe el rechazo
Myriam Bregman aparece como la dirigente con mayor imagen positiva, con el 43%. Sin embargo, también registra un 51% de negativa. Encabezar el ranking no significa disponer de mayoría social ni convertirse automáticamente en una candidata presidencial competitiva.
Cristina Fernández de Kirchner ocupa el segundo lugar con 39% de imagen positiva y 55% negativa. Su mejora mensual —cuatro puntos más de valoración favorable y ocho menos de rechazo— muestra que conserva capacidad para recuperar centralidad, pero continúa enfrentando un techo elevado.
Patricia Bullrich registra 38% de positiva y 55% de negativa. Axel Kicillof se ubica detrás, también con un saldo desfavorable.
La conclusión política es clara: el deterioro de Milei todavía no construyó un liderazgo opositor dominante.
La oposición recibe oportunidades, pero permanece fragmentada. Bregman capitaliza una identidad coherente contra el ajuste; Cristina conserva un núcleo electoral considerable; Kicillof cuenta con estructura territorial y aspiraciones presidenciales. Ninguno consigue todavía transformar el rechazo al Gobierno en una mayoría propia.
Ese vacío protege parcialmente a Milei. Un Presidente puede conservar competitividad con niveles altos de desaprobación cuando sus adversarios también acumulan imágenes negativas y no existe una alternativa capaz de ordenar el descontento.
Caputo queda pegado al costo económico
Dentro del gabinete, Diego Santilli aparece con la mejor imagen positiva, alrededor del 39%. Luis Caputo lo sigue con el 38%, pero registra una negativa del 55%, una de las más elevadas entre los ministros.
Federico Sturzenegger alcanza 33% de imagen positiva y 49% negativa. Sandra Pettovello obtiene 35% favorable y 43% desfavorable.
La situación de Caputo es políticamente significativa. El ministro conserva reconocimiento y un núcleo de apoyo porque representa la estabilidad fiscal y financiera defendida por el Gobierno. Pero también concentra el rechazo producido por tasas elevadas, caída de la actividad, apertura importadora y deterioro laboral.
Si el desempleo continúa creciendo como preocupación, Caputo dejará de ser evaluado solamente por el dólar, la inflación o las reservas. Su éxito o fracaso empezará a medirse por la cantidad y la calidad del trabajo.
Sturzenegger enfrenta un problema parecido. Las desregulaciones pueden ser celebradas por sectores empresariales y financieros, pero su impacto político cambia cuando la sociedad las asocia con cierres, pérdida de protecciones y empleos destruidos.
Quién se beneficia y quién pierde
El principal beneficiado por el desplazamiento de la inflación debería ser el Gobierno, porque reduce la centralidad del problema que prometió resolver. Sin embargo, el cambio de agenda también le quita su argumento más eficaz.
Milei podía justificar casi cualquier costo diciendo que era necesario para terminar con la inflación. Resulta más difícil explicar que la pérdida de empleo es una etapa deseable del programa o que la corrupción forma parte de la transición hacia una sociedad más libre.
La oposición sindical y los movimientos sociales ganan una agenda con capacidad de atravesar identidades partidarias. El temor al desempleo puede movilizar incluso a personas que no pertenecen a sindicatos ni votaron al peronismo.
Kicillof puede beneficiarse si logra presentar una alternativa productiva, pero corre el riesgo de limitarse a denunciar sin construir credibilidad económica. Bregman encuentra condiciones favorables para su discurso contra el ajuste, aunque todavía debe convertir imagen positiva en volumen electoral. Cristina mejora, pero su rechazo continúa funcionando como límite.
Los gobernadores y dirigentes moderados también pueden aprovechar el nuevo escenario si ofrecen empleo, producción y estabilidad sin quedar identificados con el pasado. El problema es que todavía no existe una figura que reúna simultáneamente experiencia, baja imagen negativa y capacidad territorial.
Los grandes perdedores son los trabajadores, las pequeñas empresas y los sectores vinculados al mercado interno. También pierde el Gobierno si continúa interpretando cualquier crítica como una operación política y no como una señal de agotamiento social.
La estabilización dejó de ser una promesa suficiente
La encuesta no demuestra que Milei haya perdido definitivamente la elección de 2027. Conserva un 38,1% de aprobación, un núcleo electoral significativo y una oposición sin liderazgo indiscutido.
Pero sí muestra que cambió la pregunta con la que será evaluado.
En 2023, la sociedad preguntaba quién podía terminar con la inflación. En 2026, comienza a preguntar quién puede garantizar trabajo, recuperar la economía y evitar que el poder vuelva a convertirse en una red de privilegios.
Milei tiene una respuesta elaborada para la inflación: déficit cero, disciplina monetaria y apertura económica. No ha construido una explicación igualmente convincente para la destrucción de empleo. Mucho menos para la corrupción dentro de un espacio que prometió eliminarla.
El oficialismo puede celebrar que la inflación cayó al cuarto lugar. Pero sería una lectura incompleta. No desapareció el malestar: cambió de forma.
La preocupación por los precios permitía prometer que el tiempo resolvería el problema. El desempleo tiene una urgencia diferente. Una fábrica cerrada, un comercio quebrado o un puesto formal reemplazado por una changa difícilmente se recuperan mediante una cadena nacional.
La corrupción, además, destruye el argumento moral con el que se pide paciencia.
El mensaje político de la encuesta es más incómodo que sus porcentajes: los argentinos ya no evalúan solamente si Milei estabilizó la economía, sino qué quedó en pie después de estabilizarla.
Rodolfo Gudino
