Rodolfo Gudino
El senador mantiene hasta seis reuniones políticas por día y esperará a diciembre para definir si compite por la gobernación el 9 de mayo de 2027. Jaldo responde con intendentes, funcionarios que pertenecieron al manzurismo y una posible ventaja electoral, pero enfrenta dos amenazas: la discusión constitucional sobre su reelección y el costo de su acercamiento a Milei. San Miguel de Tucumán, con Rossana Chahla en el centro de la disputa, será el campo de batalla decisivo.
Juan Manzur volvió a caminar Tucumán después de tres años de perfil bajo y su sola aparición alteró el equilibrio que Osvaldo Jaldo creía haber consolidado. El exgobernador todavía no confirmó que será candidato en 2027, pero mantiene hasta seis reuniones políticas por día, reconstruye contactos territoriales y deja trascender que en diciembre resolverá si enfrenta a quien durante ocho años fue su vice y heredero.
No se trata únicamente de una pelea entre dos viejos socios. Lo que comenzó a disputarse es la conducción del peronismo tucumano, el control de una de las estructuras electorales más poderosas del norte argentino y la posición que adoptará la provincia frente al gobierno de Javier Milei.
Jaldo pretende convertir su administración, su red de intendentes y su relación pragmática con la Casa Rosada en una plataforma para la reelección. Manzur busca transformar ese acercamiento al oficialismo nacional en una acusación política: sostiene que Milei tiene dos candidatos en Tucumán, el libertario Lisandro Catalán y el propio gobernador.
La frase resume su estrategia. Manzur no necesita demostrar que Jaldo se convirtió formalmente en libertario. Le alcanza con instalar que dejó de representar al peronismo para convertirse en un aliado funcional del ajuste nacional.
Manzur todavía no es candidato, pero ya está en campaña
Esperar hasta diciembre le permite a Manzur jugar sin asumir todos los costos. Mientras no oficialice su candidatura, puede recorrer la provincia, medir lealtades, identificar dirigentes descontentos y observar si el respaldo territorial de Jaldo es tan sólido como asegura el oficialismo.
También puede esperar la evolución de la economía nacional. Si la recesión, la caída del consumo y el deterioro de los ingresos se profundizan, el vínculo de Jaldo con Milei podría convertirse en un pasivo electoral. Si el Gobierno recupera estabilidad y conserva competitividad en Tucumán, el gobernador podrá presentar su relación con la Casa Rosada como una demostración de responsabilidad institucional.
La ambigüedad beneficia a Manzur, pero no es gratuita. Cada mes que demora su definición permite que Jaldo cierre acuerdos, distribuya candidaturas y termine de absorber a dirigentes que anteriormente respondían al exgobernador.
Manzur ya no dispone del poder territorial que administró durante sus dos mandatos. Su salida a la Jefatura de Gabinete en 2021 le permitió adquirir una dimensión nacional, pero también dejó a Jaldo al frente de la provincia durante aproximadamente diecisiete meses. Ese período no fue una suplencia puramente administrativa: le permitió al entonces vicegobernador manejar recursos, relacionarse directamente con intendentes y construir una conducción propia.
Cuando Manzur regresó a Tucumán en febrero de 2023, Jaldo ya no era un subordinado. Era un sucesor con poder.
Jaldo convirtió la herencia en una estructura propia
La principal fortaleza del gobernador no aparece en los cruces verbales, sino en el mapa territorial. Jaldo construyó una red de intendentes, delegados comunales, legisladores y funcionarios que dependen política o administrativamente de la continuidad de su gobierno.
Además, se rodeó de antiguos integrantes del manzurismo. El movimiento cumple una doble función: fortalece su estructura y debilita la posibilidad de que Manzur reconstruya automáticamente el espacio que condujo durante años.
El anuncio anticipado de Miguel Acevedo como compañero de fórmula es parte de esa estrategia. El actual vicegobernador proviene del dispositivo político de Manzur, pero Jaldo ya lo incorporó a su proyecto de reelección. Confirmarlo varios meses antes del cierre de listas busca transmitir estabilidad, cerrar especulaciones y advertir que las principales figuras de la antigua administración no necesariamente regresarán con su exjefe.
Rossana Chahla representa una operación semejante. Llegó a la intendencia de San Miguel de Tucumán impulsada por Manzur, después de haber sido ministra de Salud provincial y diputada nacional. Posteriormente se acercó a Jaldo y ahora fue ratificada como la candidata oficialista para conservar la capital.
Jaldo intenta demostrar que no heredó transitoriamente el poder manzurista: lo absorbió.
El gobernador subió a Manzur al ring
La decisión de Jaldo de desafiar públicamente a su antecesor revela confianza, pero también preocupación.
“Lo espero el 9 de mayo de 2027 en las urnas”, afirmó el gobernador, después de reclamarle “coraje” para confirmar la candidatura y llamar “caniches” a los dirigentes que hablan en nombre de Manzur. Pablo Yedlin respondió fotografiándose con uno y convirtió la provocación en una pieza de campaña.
El intercambio puede parecer folclore político, pero tiene una función concreta. Jaldo quiere obligar a Manzur a definirse antes de que termine de reconstruir su estructura. Si acepta el desafío demasiado pronto, deberá exhibir candidatos, financiamiento, intendentes y fiscales. Si continúa demorándolo, el gobernador intentará presentarlo como un dirigente sin decisión.
La reacción también sirve para ordenar al oficialismo. Al identificar un adversario interno, Jaldo obliga a los dirigentes intermedios a escoger una conducción. En sistemas provinciales altamente territorializados, las lealtades ambiguas pueden sostenerse durante un tiempo, pero desaparecen cuando comienzan a distribuirse las candidaturas.
Según la versión difundida por el jaldismo, sus encuestas le otorgan alrededor del 48% de intención de voto, frente a un 20% de los libertarios y apenas un 7% de Manzur. Son números atribuidos al propio entorno del gobernador y no una medición independiente publicada con su correspondiente ficha técnica. Por eso deben interpretarse como parte de la batalla política, no como un resultado consolidado.
Si la diferencia fuera verdaderamente irreversible, Jaldo no necesitaría dedicar tanta energía a quien supuestamente mide siete puntos. El ataque puede demostrar fortaleza, pero también confirma que la candidatura de Manzur tiene capacidad para alterar el tablero.
La reelección puede terminar en la Corte
La discusión más peligrosa para Jaldo no es electoral, sino constitucional.
El artículo 90 de la Constitución tucumana establece que el gobernador y el vicegobernador duran cuatro años y pueden ser reelegidos por un período consecutivo. También dispone que quien completó dos períodos seguidos debe dejar transcurrir un mandato antes de volver a presentarse para el mismo cargo.
Manzur sostiene que Jaldo ya acumula dos períodos en la conducción del Poder Ejecutivo: el tiempo durante el cual quedó a cargo de la provincia, entre septiembre de 2021 y febrero de 2023, y el mandato como gobernador iniciado en octubre de 2023.
El argumento del oficialismo provincial es diferente. Jaldo fue gobernador interino porque Manzur nunca renunció al cargo. El entonces gobernador tomó licencia para asumir como jefe de Gabinete nacional y posteriormente regresó a completar su mandato. Desde esta interpretación, Jaldo ejerció una sustitución temporal y su primer mandato propio comenzó después de las elecciones de 2023. La información institucional nacional también diferencia ambos períodos: lo registra como gobernador interino desde septiembre de 2021 hasta febrero de 2023 y como gobernador electo desde octubre de 2023.
La Constitución no resuelve de manera inequívoca si una suplencia prolongada debe computarse como mandato a los efectos de la reelección. Allí aparece la zona de conflicto que Manzur podría llevar ante la Justicia provincial y, eventualmente, ante la Corte Suprema nacional.
No sería la primera vez que el máximo tribunal interviene en la sucesión tucumana. En 2023 suspendió inicialmente las elecciones ante el cuestionamiento contra la candidatura de Manzur a vicegobernador, después de que hubiera completado dos períodos como vice y dos como gobernador. La controversia perdió objeto cuando renunció a la candidatura y la Corte levantó la suspensión.
Aquel antecedente no determina automáticamente la situación de Jaldo, porque los recorridos institucionales son distintos. Pero demuestra que la Corte está dispuesta a intervenir cuando considera que una interpretación provincial de las reelecciones puede afectar el principio republicano de alternancia.
Por eso la respuesta de Manzur fue jurídicamente calculada: “Me invita a un lugar donde él no sabe si va a estar”.
La paradoja judicial de Manzur
El problema para el senador es que cuestionar la reelección de Jaldo lo obliga a utilizar un argumento parecido al que en 2023 impidió su propia candidatura.
Manzur defendió entonces una interpretación literal y diferenciada de los cargos: sostenía que, después de dos períodos como vicegobernador y dos como gobernador, podía volver a competir por la vicegobernación porque se trataba de funciones distintas. Sus adversarios respondieron que esa lectura permitía una permanencia indefinida en el Poder Ejecutivo y violaba el objetivo constitucional de garantizar alternancia. Su recorrido institucional —dos períodos como vice y dos como gobernador— fue precisamente el centro de aquel litigio.
Ahora necesita que los jueces adopten una interpretación amplia: que no observen solamente el título formal que tuvo Jaldo durante la licencia, sino el ejercicio efectivo del poder.
Jurídicamente, la discusión es atendible. Políticamente, deja a Manzur expuesto a una contradicción. En 2023 reclamaba diferenciar cargos para habilitar su candidatura; en 2027 podría pedir que se acumulen ejercicios distintos para bloquear la de su antiguo vice.
La definición probablemente no dependerá únicamente de la letra constitucional. También influirán los tiempos judiciales, la legitimidad política de los contendientes y la composición de los tribunales que reciban la eventual impugnación.
Milei no necesita derrotar a Jaldo
La relación con el Gobierno nacional atraviesa toda la disputa.
Jaldo fue uno de los gobernadores peronistas más dispuestos a negociar con la Casa Rosada. Sus legisladores facilitaron proyectos centrales del oficialismo y la provincia procuró conservar canales de diálogo para obtener fondos, obras o autorizaciones administrativas en un contexto de fuerte ajuste sobre las jurisdicciones subnacionales.
Desde la perspectiva del gobernador, se trata de pragmatismo. Tucumán depende de transferencias nacionales, tiene una estructura estatal relevante y enfrenta demandas sociales que no pueden administrarse únicamente mediante confrontación política.
Manzur busca rebautizar ese pragmatismo como subordinación. Su frase sobre los “dos candidatos de Milei” intenta ubicar a Jaldo y a Catalán dentro de un mismo proyecto, aunque compitan con boletas diferentes.
La estrategia puede funcionar si el electorado peronista considera que el gobernador cruzó una frontera ideológica. También puede fracasar si los votantes valoran que Jaldo consiga recursos y preserve gobernabilidad mientras otros mandatarios mantienen conflictos permanentes con la Nación.
Para Milei, la fractura del peronismo tucumano ofrece una ventaja incluso si Catalán no gana la gobernación. Un enfrentamiento entre Jaldo y Manzur divide estructuras, obliga a gastar recursos en la interna y debilita la capacidad del justicialismo para actuar como un bloque nacional.
La Casa Rosada no necesita que Jaldo se convierta en libertario. Le alcanza con que el gobernador continúe negociando por separado y que el peronismo provincial llegue fragmentado a 2027.
Chahla y la batalla por San Miguel
La capital será mucho más que una elección municipal. San Miguel de Tucumán concentra población, visibilidad pública, administración y buena parte de la clase media provincial. También expone con mayor rapidez el desgaste producido por la caída del consumo, el deterioro de los servicios y la falta de infraestructura.
Chahla conserva una imagen competitiva, pero gobierna una ciudad atravesada por problemas acumulados durante décadas: barrios postergados, déficit de obras, transporte, residuos, presión sobre los servicios y una recaudación afectada por la crisis económica.
Su candidatura beneficia a Jaldo porque evita abrir una interna en el distrito más importante. También puede convertirse en su principal vulnerabilidad si la gestión municipal llega desgastada a mayo.
Germán Alfaro ya intenta explotar ese frente. Aunque nació políticamente en el peronismo, fue opositor a Manzur y ahora sostiene que, si Chahla vuelve a ser candidata, el oficialismo perderá la capital. Su advertencia puede responder a una lectura electoral, pero también sirve para aumentar su valor dentro de una eventual negociación con Jaldo.
Las sospechas sobre un entendimiento entre ambos revelan la complejidad del tablero. Alfaro puede atacar a Chahla sin romper necesariamente con el gobernador. Jaldo puede tolerar esas críticas si le permiten disciplinar a la intendenta o mantener dividido el voto opositor.
Chahla queda atrapada entre tres presiones: debe defender su gestión, demostrar lealtad al gobernador que ratificó su candidatura y conservar autonomía frente a los hombres que pretenden utilizar San Miguel como moneda de negociación.
Qué gana Manzur aunque no compita
Manzur no necesita presentarse finalmente para obtener beneficios políticos.
La amenaza de una candidatura puede permitirle conservar legisladores, negociar intendencias, colocar dirigentes en las listas y evitar la desaparición de su espacio. También puede obligar a Jaldo a reconocerle participación en la conducción del peronismo provincial.
Esperar hasta diciembre le permite medir cuánto puede conseguir sin llegar a las urnas. Si reconstruye una estructura competitiva, podrá ser candidato. Si no lo logra, todavía tendrá margen para negociar la unidad desde una posición más favorable que la que tenía antes de comenzar sus recorridas.
Su candidatura, por lo tanto, funciona simultáneamente como proyecto electoral y póliza de supervivencia.
El riesgo es que Jaldo interprete el movimiento como una declaración de guerra y cierre definitivamente todos los espacios. Si el gobernador controla intendentes, Legislatura, recursos provinciales y candidaturas locales, Manzur podría terminar obligado a competir con una estructura insuficiente o retirarse después de haber mostrado sus límites.
Quiénes ganan y quiénes pierden
Jaldo gana al anticipar su fórmula y ordenar el oficialismo, pero pierde tranquilidad. La reaparición de Manzur lo obliga a defender simultáneamente su gestión, su identidad peronista y su habilitación constitucional.
Manzur recupera centralidad y vuelve a condicionar la política provincial. Sin embargo, cada dirigente que permanece con Jaldo confirma que el aparato que alguna vez controló ya tiene otro dueño.
Milei gana con la división. Catalán puede presentarse como la única oposición formal mientras los dos principales referentes peronistas discuten quién colaboró más o menos con la Casa Rosada.
Chahla conserva el respaldo oficial para competir en la capital, pero queda en medio de una disputa que no controla. Alfaro aumenta su capacidad de negociación atacándola, aunque todavía no demuestre voluntad de someterse nuevamente al voto.
Los intendentes y legisladores son los beneficiarios silenciosos. Cuando existen dos jefaturas en competencia, cada apoyo adquiere mayor valor. Podrán negociar lugares, recursos y autonomía hasta que el cierre de listas los obligue a elegir.
Quienes más pueden perder son los sectores sociales afectados por la crisis. Mientras la dirigencia discute reelecciones, candidaturas y lealtades, Tucumán enfrenta problemas estructurales de pobreza, empleo informal, infraestructura y desigualdad territorial que no aparecen en el centro de la pelea.
Una interna que puede redefinir el poder tucumano
La elección del 9 de mayo de 2027 todavía parece lejana, pero el poder provincial ya comenzó a reorganizarse. El cierre de listas previsto para abril obligará a resolver mucho antes las alianzas, las candidaturas municipales y la distribución territorial.
Diciembre será la primera fecha decisiva. Si Manzur confirma su candidatura y exhibe intendentes, legisladores y dirigentes propios, Tucumán ingresará en una disputa abierta por la conducción del peronismo. Si posterga nuevamente la definición, Jaldo podrá afirmar que la amenaza tenía como único objetivo negociar espacios.
La segunda definición será judicial. Una impugnación contra la reelección del gobernador podría alterar todo el proceso, especialmente si la resolución llega cerca de los comicios.
La tercera ocurrirá en San Miguel. Quien controle políticamente la capital llegará fortalecido a la disputa provincial y tendrá una plataforma propia para el siguiente ciclo.
Jaldo posee hoy el gobierno, los recursos y la estructura. Manzur conserva experiencia, relaciones nacionales y conocimiento del sistema que ayudó a construir. La diferencia es que el exgobernador debe recuperar en pocos meses un poder que su sucesor lleva años administrando.
Manzur volvió a caminar porque comprendió que, si espera hasta 2027, ya será demasiado tarde. Jaldo lo desafía porque sabe que permitirle caminar sin responder también tiene un costo. Detrás de las chicanas sobre “caniches” se desarrolla una pelea mucho más seria: determinar quién se queda con el peronismo tucumano y si la provincia seguirá gobernada por un aliado incómodo de Milei o por el dirigente que ahora intenta convertir esa alianza en su principal acusación electoral.
CONCHITA PRETA
