Melina Schweizer
El presidente del BCRA aseguró que las 13 toneladas enviadas al exterior en 2024 permanecen depositadas en el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza. Pero no reveló en qué país están las bóvedas, quién conserva la custodia física, si el metal fue utilizado como garantía ni qué rendimiento obtuvo la Argentina. La diferencia entre depositario, custodio y ubicación dejó intacto el principal problema: después de dos años, todavía no existe trazabilidad pública completa.
Santiago Bausili intentó cerrar en el Senado una controversia que acompaña al Banco Central desde 2024: dónde están las aproximadamente 13 toneladas de oro retiradas de sus bóvedas, bajo qué modalidad fueron colocadas y qué beneficio obtuvo la Argentina a cambio de asumir los riesgos de mantenerlas en el exterior.
Su respuesta, lejos de despejar las dudas, abrió una nueva discusión.
El presidente del BCRA sostuvo que el metal fue depositado en el Banco de Pagos Internacionales, conocido como BIS por sus siglas en inglés, y que continúa allí. Como el organismo tiene su sede principal en Basilea, la explicación fue interpretada inmediatamente como una confirmación de que el oro se encuentra en Suiza.
Pero ambas afirmaciones no significan necesariamente lo mismo.
El BIS puede ser la contraparte financiera o la institución en cuya cuenta se registra el activo sin que las barras estén físicamente guardadas en una bóveda suiza. En el mercado internacional del oro, la propiedad, la cuenta de depósito, el custodio y la ubicación material pueden corresponder a entidades y países distintos.
Por eso la declaración de Bausili responde quién administraría formalmente la colocación, pero no identifica dónde están los lingotes.
Tampoco permite conocer si las mismas barras que salieron de la calle Reconquista continúan existiendo bajo titularidad argentina, si fueron refinadas y sustituidas por otras de mayor calidad, si se encuentran asignadas individualmente, si fueron utilizadas en una operación de swap o si respaldan algún compromiso financiero.
La discusión no es semántica. Determina qué puede hacer el Banco Central con ese oro, cuánto tarda en recuperarlo, qué riesgos jurídicos asumió y quién controla efectivamente uno de los activos más sensibles de las reservas nacionales.
BIS no es sinónimo de una bóveda en Suiza
El Banco de Pagos Internacionales funciona como una institución financiera para bancos centrales y organismos oficiales. Recibe depósitos, administra inversiones y ofrece operaciones de compra, venta, préstamo, refinación y swap de oro. El propio BIS informa que presta servicios de actualización de lingotes e inversiones respaldadas por el metal.
Que el BCRA tenga una posición depositada o registrada con el BIS no permite deducir automáticamente la ubicación física.
Una cuenta puede estar administrada desde Basilea mientras el activo subyacente permanece en uno de los grandes centros internacionales de custodia. Londres ocupa un lugar central porque concentra el mercado mayorista de oro, las refinerías aceptadas, las cámaras de compensación y una de las bóvedas oficiales más importantes del mundo.
El Banco de Inglaterra reconoce que custodia más de 400.000 barras para el Tesoro británico, otros bancos centrales y determinadas entidades financieras. También explica que, cuando un cliente vende oro a otro dentro de sus bóvedas, las barras normalmente no se desplazan: cambia el nombre del propietario en el sistema.
Ese mecanismo vuelve técnicamente posible que el BIS figure como depositario o contraparte y que el oro físico continúe en Londres. Pero posibilidad técnica no equivale a prueba sobre el caso argentino.
Para afirmar dónde están las barras del BCRA se necesita documentación específica: contrato de custodia, número de cuenta, certificado de depósito, listado de lingotes, ubicación de la bóveda y condiciones de la operación. Esa información no fue publicada.
El mercado puede tener razones fundadas para señalar Londres, especialmente porque los lingotes habrían sido enviados allí para su refinación o certificación. Sin embargo, mientras no aparezcan los documentos, tampoco corresponde presentar esa ubicación como un hecho definitivamente probado.
La conclusión rigurosa es menos espectacular, pero más grave: Bausili informó que la contraparte es el BIS, no demostró que las 13 toneladas estén físicamente en Suiza y tampoco descartó que permanezcan bajo custodia en el Reino Unido.
El oro “cara chica” y la calidad de los lingotes
Bausili comparó las barras argentinas con los dólares “cara chica”. Sostuvo que parte del oro había sido fundido durante distintas décadas y que esa antigüedad producía calidades desiguales o mayores costos de aceptación.
La comparación es rudimentaria, pero describe un problema real del mercado institucional. Para que una barra pueda negociarse con facilidad en Londres debe cumplir los estándares Good Delivery de la London Bullion Market Association. Esos criterios regulan peso, pureza, dimensiones, marcas, apariencia y refinería de origen.
Una barra puede contener oro de alto valor y, sin embargo, no ser inmediatamente aceptada en las operaciones mayoristas si no cumple la certificación exigida. En ese caso debe analizarse, refinarse o transformarse antes de adquirir plena liquidez internacional.
La explicación técnica de Bausili puede justificar el traslado para elevar la calidad comercial del activo. Lo que no justifica es el secreto posterior.
Si el objetivo fue exclusivamente reemplazar barras antiguas por otras con estándar internacional, el Banco Central podría informar cuántas toneladas se enviaron, qué refinería intervino, cuánto costó el proceso, cuántas barras nuevas recibió, su grado de pureza y dónde quedaron depositadas.
La necesidad de administrar reservas con prudencia no exige revelar públicamente cada movimiento antes de ejecutarlo. Pero una vez concluida la operación, el secreto permanente no protege al mercado: impide evaluar la gestión.
Las preguntas que Bausili no contestó
La ubicación física es apenas una parte del problema. El Congreso necesita saber bajo qué figura jurídica se encuentra el metal.
Una cuenta de oro asignada significa que el cliente conserva la titularidad sobre barras específicas, identificables mediante números y características propias. El Banco de Inglaterra explica que, en su sistema de custodia asignada, el cliente mantiene el título sobre lingotes determinados y no solamente un crédito equivalente a cierto peso de oro.
En una cuenta no asignada, en cambio, el cliente posee un derecho contra la institución por una cantidad de metal, pero no necesariamente la propiedad individualizada de barras concretas. Eso introduce riesgo de contraparte.
Un swap agrega otra capa. El banco central entrega temporalmente oro o su disponibilidad económica a cambio de divisas, con el compromiso de revertir la operación en una fecha o bajo determinadas condiciones. Durante ese período, el metal puede quedar inmovilizado o jurídicamente afectado.
Por eso no alcanza con preguntar dónde está. También debe aclararse:
si el oro permanece registrado como activo del BCRA; si las barras están asignadas individualmente; si existe un swap vigente; si fueron utilizadas como colateral; si respaldan un préstamo; qué institución es la contraparte; cuánto rindieron; cuánto costaron el transporte, el seguro, la refinación y la custodia; y cuáles son las condiciones para repatriarlas.
Bausili sostuvo que los movimientos están documentados y auditados. Si es así, debería ser posible responder sin revelar estrategias financieras en curso ni información capaz de perjudicar al Banco Central.
La transparencia no obliga a publicar claves operativas, rutas de traslado o dispositivos de seguridad. Obliga a rendir cuentas sobre la propiedad, el uso, los riesgos y los resultados.
La auditoría de la AGN que nadie puede leer
El titular del Central afirmó que la operación fue controlada y que existen informes de auditoría. La senadora Juliana di Tullio respondió que la Auditoría General de la Nación no habría podido reconstruir una trazabilidad completa.
La contradicción sólo puede resolverse publicando el documento correspondiente.
No alcanza con afirmar que “la AGN auditó”. Una auditoría puede haber verificado el registro contable sin confirmar la ubicación física; puede haber examinado movimientos generales sin acceder al contrato completo; o puede haber formulado observaciones que el funcionario omite mencionar.
También puede tratarse de un informe interno, una actuación todavía no aprobada por el Colegio de Auditores o documentación que no fue incorporada a un informe público definitivo.
En la búsqueda realizada no aparece publicado por la AGN un informe específico que permita comprobar la ubicación, custodia, utilización y trazabilidad completa de las 13 toneladas mencionadas por Bausili. Por lo tanto, no corresponde presentar la supuesta auditoría como una certificación pública definitiva.
Si el informe existe, el Gobierno debería remitirlo al Congreso. Si contiene información operativa sensible, puede entregarse bajo los procedimientos de confidencialidad correspondientes. Lo inadmisible es utilizar una auditoría secreta como argumento público de autoridad.
Bausili pide que se confíe en un control que los ciudadanos y legisladores no pueden examinar.
Reserva estratégica o activo financiero
El argumento económico del Gobierno es que el oro guardado dentro del país era un activo inmovilizado. Al trasladarlo a un centro financiero internacional, el BCRA podía refinarlo, colocarlo, utilizarlo como garantía o generar un rendimiento.
Desde una perspectiva estrictamente financiera, la decisión puede ser racional. Los bancos centrales no conservan todas sus reservas en efectivo dentro de su territorio. Diversifican monedas, instrumentos, custodios y jurisdicciones para obtener liquidez y seguridad.
El BIS ofrece precisamente servicios financieros y depósitos para bancos centrales. Su memoria institucional confirma que trabaja con depósitos y operaciones de oro de clientes oficiales.
Pero convertir una reserva estratégica en un activo operativo modifica el perfil de riesgo.
El oro dentro del país tiene baja liquidez inmediata internacional, pero se encuentra bajo control físico nacional. En el exterior puede ser utilizado con mayor velocidad, aunque queda sujeto a custodios, contratos, jurisdicciones extranjeras y eventuales litigios.
No existe una opción sin costos. La obligación de Bausili era demostrar que el rendimiento obtenido compensaba los riesgos asumidos.
Hasta ahora no informó cuánto ganó el Banco Central. Sin ese dato, la “oportunidad” mencionada por el funcionario no puede evaluarse.
Si el costo de refinación se redujo por una coyuntura favorable, debe conocerse el ahorro. Si el oro generó intereses o permitió obtener divisas, debe explicarse el resultado. Si únicamente fue trasladado para mejorar su certificación, debe informarse por qué continúa fuera del país.
Una operación óptima debería poder exhibir números, no solamente comparaciones con billetes viejos.
Londres, Malvinas y una contradicción política
La controversia adquirió una dimensión nueva después de que Milei endureciera su discurso contra el Reino Unido por la explotación petrolera en las Islas Malvinas.
Durante casi tres años, el Gobierno mantuvo una política exterior favorable al acercamiento con Londres. Milei elogió públicamente a Margaret Thatcher y su administración evitó confrontaciones profundas con los británicos. En ese contexto, mantener oro argentino bajo jurisdicción británica podía ser presentado como una decisión financiera ordinaria.
La nueva ofensiva por Malvinas alteró ese equilibrio. El Presidente anunció sanciones contra empresas relacionadas directa o indirectamente con la explotación de recursos en las islas y calificó nuevos avances como una amenaza a la seguridad nacional.
Si las barras permanecen efectivamente en Londres, la Argentina estaría endureciendo su posición contra el Reino Unido mientras una parte de sus reservas estratégicas continúa bajo custodia británica.
Esa contradicción explica la urgencia política por ubicar el oro en el BIS y asociarlo con Suiza. Pero el domicilio institucional del depositario no modifica necesariamente la jurisdicción material de la bóveda.
Tampoco significa que el Gobierno británico pueda apropiarse del oro por una simple represalia diplomática. Una tensión por Malvinas no habilita automáticamente una confiscación.
Los activos de los bancos centrales gozan generalmente de protecciones especiales frente a embargos, aunque esas inmunidades dependen de la legislación aplicable, el uso del activo, los contratos firmados y las excepciones reconocidas por cada jurisdicción. El riesgo no es idéntico al de una cuenta comercial corriente, pero tampoco debe tratarse como inexistente.
La experiencia internacional demuestra que reservas oficiales pueden quedar inmovilizadas mediante sanciones, decisiones judiciales o conflictos geopolíticos. Por eso la ubicación y la estructura jurídica importan.
El antecedente venezolano que nadie menciona
El Banco de Inglaterra ya protagonizó una disputa de enorme impacto por reservas extranjeras. El oro venezolano depositado en Londres quedó inmovilizado durante el conflicto sobre quién representaba legítimamente al Estado de Venezuela.
El caso argentino es completamente diferente: no existe una disputa sobre el reconocimiento del Gobierno ni una sanción británica contra el BCRA. Utilizar el antecedente para afirmar que Londres confiscará las barras sería alarmista.
Pero el episodio demuestra que la custodia internacional nunca es políticamente neutral. El propietario puede conservar un derecho contable y, aun así, perder temporalmente la capacidad material de disponer del activo.
El oro no necesita ser expropiado para dejar de cumplir su función. Basta con que una orden judicial, una sanción o un conflicto contractual demore su utilización cuando el país necesita liquidez.
La administración de reservas exige evaluar escenarios improbables precisamente porque su función es responder ante situaciones excepcionales.
¿Puede el oro ser embargado?
La preocupación por eventuales embargos tiene antecedentes en la extensa litigiosidad de la deuda argentina.
Los bancos centrales suelen invocar inmunidad soberana sobre activos destinados a funciones monetarias. Esa protección es más fuerte cuando el oro pertenece claramente al BCRA, está individualizado y no se utiliza con fines comerciales.
Pero una operación de swap, una garantía o una cuenta no asignada puede modificar la discusión jurídica. Si el activo fue afectado a una transacción financiera, los acreedores podrían intentar argumentar que perdió parte de su carácter exclusivamente soberano.
Eso no significa que tendrían éxito. Significa que la modalidad contractual puede alterar el riesgo.
Por ese motivo es esencial conocer si las barras están libres de gravámenes, si existe una renuncia parcial a inmunidades, qué ley gobierna el contrato y qué tribunal resolvería una controversia.
La opacidad impide incluso medir el peligro que el Gobierno asegura estar administrando.
Quién gana con el secreto
El Banco Central obtiene discrecionalidad. Puede mover, transformar o utilizar activos sin enfrentar presión política inmediata ni revelar su estrategia a operadores financieros.
Caputo y Bausili también preservan una herramienta de liquidez. El oro certificado en un centro internacional puede servir para conseguir divisas mediante un swap o garantizar financiamiento con mayor rapidez.
Las contrapartes financieras ganan comisiones de custodia, refinación, intermediación o estructuración. Si existió una operación crediticia, también reciben rendimiento y garantías.
El Gobierno obtiene además una ventaja comunicacional: puede registrar el oro dentro de las reservas sin explicar públicamente si está disponible de manera inmediata o comprometido en una operación.
Los que pierden son el Congreso, que no puede controlar plenamente la administración de un activo público; la AGN, si sus conclusiones son utilizadas sin publicación; y la sociedad, que debe aceptar una versión oficial imposible de verificar.
También pierde credibilidad el propio BCRA. Una institución monetaria depende de la confianza. Negarse durante dos años a responder una pregunta básica alimenta sospechas incluso cuando la operación pudiera haber sido financieramente razonable.
Lo que debería publicar el Central
El BCRA no necesita revelar la ubicación exacta dentro de una bóveda ni los protocolos de transporte. Puede proteger información de seguridad y, al mismo tiempo, rendir cuentas.
Debería informar la cantidad exacta trasladada, fecha y destino de cada envío, calidad original de las barras, proceso de refinación, cantidad de metal resultante, custodio jurídico, país de almacenamiento, tipo de cuenta y condición de asignación.
También debe aclarar si existieron swaps, préstamos, garantías o gravámenes; el rendimiento bruto y neto; los costos de transporte, seguro, custodia y refinación; y las condiciones para recuperar o repatriar el activo.
Finalmente, debe publicar la auditoría invocada por Bausili o entregar al Congreso una versión con las únicas reservas estrictamente necesarias.
Eso permitiría diferenciar una administración profesional de reservas de una operación opaca.
El problema no es Suiza o Londres: es no poder comprobarlo
Bausili presentó la salida del oro como una oportunidad técnica para transformar barras antiguas en activos de mayor calidad y liquidez. La explicación es posible y coincide con el funcionamiento general del mercado internacional.
Lo que no demostró es que las barras estén físicamente en Suiza.
Decir que fueron depositadas en el BIS identifica una relación financiera, no necesariamente una bóveda. El Banco de Inglaterra confirma que custodia oro para bancos centrales y que muchas transferencias se realizan cambiando registros de propiedad sin mover físicamente las barras. Londres, además, continúa siendo el centro del mercado Good Delivery.
El mercado puede estar en lo cierto cuando afirma que el metal permanece allí. Bausili también puede ser técnicamente correcto al decir que el depósito pertenece al BIS. Las dos cosas podrían coexistir.
La contradicción aparece porque el funcionario utilizó una verdad institucional para evitar una respuesta geográfica.
Después de dos años, Argentina sigue sin conocer públicamente dónde están sus 13 toneladas, qué contrato las regula y si continúan disponibles sin restricciones. La discusión no se resuelve eligiendo entre Suiza y Londres.
Se resuelve mostrando los documentos.
El oro puede cambiar de calidad, de custodio y hasta de bóveda. Lo que no debería perder en el camino es la trazabilidad pública.
Rodolfo Gudino
CONCHITA PRETA
