Melina Schweizer
El conflicto en Medio Oriente ya impacta en el 20% del comercio energético global y dispara medidas de emergencia en más de 30 países. En EE.UU., el petróleo presiona la inflación mientras la aprobación presidencial cae por debajo del 40%. Argentina enfrenta el shock externo con caída del salario real, consumo en retroceso y deterioro de la legitimidad política.
El tiempo prestado: cuando la economía deja de patear problemas y empieza a pagarlos
“El crédito no evita la crisis, la posterga”. La frase resume una mecánica conocida en la historia argentina, pero también en la historia del capitalismo periférico: cuando un gobierno no resuelve desequilibrios estructurales, compra tiempo. A veces lo hace con deuda, a veces con respaldo geopolítico, a veces con un shock de confianza financiera, a veces con una combinación de las tres cosas. El problema es que ese tiempo nunca es gratis. Viene con intereses económicos, con fragilidad política y con una condición tácita: usar la tregua para fortalecer la estructura antes de que vuelva la tormenta. Si ese tiempo se desperdicia, el problema regresa más caro, más profundo y con menos herramientas para enfrentarlo.
Eso es lo que empieza a asomar ahora. No porque el modelo haya colapsado de golpe, sino porque se están agotando los mecanismos que permitían diferir sus costos más visibles. Durante meses, el gobierno administró expectativas. Sostuvo el relato de estabilización mientras el deterioro real se corría hacia adelante: salarios que perdían contra precios, consumo deprimido, recaudación en baja, actividad frenada. El resultado es conocido: cuando la economía no mejora en la experiencia cotidiana, la paciencia social se transforma en desconfianza. Ahí el “tiempo prestado” se convierte en factura.
El paralelismo con 2001 no debe usarse de manera mecánica, pero sí como advertencia estructural. Entonces también se compró tiempo con refinanciaciones, apoyos externos y promesas de ordenamiento. El desenlace fue un colapso más violento porque lo que se postergó no desapareció: se acumuló. La enseñanza es simple y brutal. Las crisis diferidas no se evaporan. Maduran. Y cuando maduran, ya no permiten correcciones graduales. Exigen decisiones de emergencia.
Crisis energética global: el shock que redefine la economía mundial
El conflicto en Medio Oriente dejó de ser una noticia de geopolítica para transformarse en una variable económica de alcance planetario. La interrupción parcial del flujo por el estrecho de Ormuz, el aumento del riesgo sobre rutas marítimas críticas y el encarecimiento del crudo ya empujaron a gobiernos de Asia, Europa y África a tomar medidas de emergencia, desde racionamientos y semanas laborales reducidas hasta subsidios y liberación récord de reservas estratégicas. Reuters advirtió que una disrupción prolongada en Ormuz podría sacar del mercado entre 13 y 14 millones de barriles diarios, en un contexto donde ese paso sigue moviendo cerca de un quinto del petróleo y el gas globales.
Lo importante no es solo la suba del precio del barril, sino el modo en que ese shock reorganiza toda la economía. La energía no es un sector más: es el insumo transversal de todos los sectores. Si sube el combustible, sube el transporte. Si sube el transporte, suben los alimentos, los insumos industriales y la logística de exportación. Si la energía escasea, se restringe la producción, se alteran cadenas de suministro y se multiplican las decisiones defensivas de los Estados. Associated Press describió un escenario de creciente temor a recesión global, con países asiáticos apelando a racionamientos y gobiernos europeos desplegando medidas de contención para amortiguar el golpe.
Ese es el punto que muchas veces se pierde en el debate local: no estamos frente a una simple suba de commodities, sino ante un shock sistémico que reordena prioridades estatales, redibuja presupuestos y altera la relación entre mercado y política. En una crisis energética, el libre mercado dura hasta que empiezan a faltar combustible y electricidad. Después, todos regulan.
Inflación, corporaciones y poder: quién gana en medio de la crisis
Uno de los errores más persistentes al analizar crisis de costos es asumir que sus efectos se distribuyen de manera pareja. No es así. Las crisis no golpean a todos por igual, ni benefician a todos por igual. Cuando hay escasez o disrupción, los actores dominantes del mercado suelen ganar poder de fijación de precios. Tienen espalda financiera, control de cadenas de suministro, capacidad logística y margen para trasladar aumentos reales o incluso inflados. Los consumidores, en cambio, no tienen margen: pagan.
Eso ya ocurrió durante la pandemia y volvió a verse con la guerra en Ucrania. El mecanismo es conocido: una crisis externa real crea cobertura política y comunicacional para remarcar precios, proteger márgenes y, en algunos casos, expandir rentabilidades. No toda inflación de crisis es meramente “traslado de costos”: también hay apropiación de renta extraordinaria. Por eso el debate no puede agotarse en cuántos dólares cuesta el barril, sino en quién aprovecha ese contexto para defender o ensanchar ganancias. El problema deja de ser técnico y pasa a ser político.
En escenarios de escasez, además, aparece otro fenómeno todavía más duro: el poder monopólico temporal. Cuando no hay sustitutos rápidos o la oferta cae abruptamente, las grandes firmas no solo remarcan; pueden imponer condiciones. Associated Press y otros medios advirtieron que el conflicto actual ya está generando desabastecimientos parciales, tensiones sobre fertilizantes, transporte y cadenas industriales enteras. Eso no solo alimenta inflación. Reordena poder económico. Y en cada crisis de este tipo, la pregunta vuelve a ser la misma: quién absorbe el golpe y quién lo transforma en oportunidad.
Argentina en ese tablero: fragilidad interna en un mundo inestable
El problema para Argentina es que llega a este shock externo con defensas debilitadas. Un país puede atravesar una crisis global con mayores chances de amortiguación si tiene reservas políticas, herramientas fiscales, coordinación institucional y cierto consenso social. Argentina hoy muestra lo contrario: salarios reales resentidos, consumo planchado, conflictividad creciente, legitimidad en descenso y un Estado sometido a un ajuste que le resta capacidad de reacción.
En ese contexto, cualquier shock global se vuelve más peligroso. No porque automáticamente genere un colapso, sino porque encuentra al sistema con menor elasticidad. Si suben combustibles y energía, el impacto interno es doble: por un lado encarece costos y presiona sobre precios; por otro, encuentra una sociedad que ya llega con menos resto para absorber nuevos aumentos. La guerra y el shock energético no crean la fragilidad argentina, pero la agravan. Le agregan un factor externo a una estructura ya tensionada.
Ese es el núcleo del riesgo político. No se trata solo de macroeconomía. Se trata de gobernabilidad. Un gobierno con respaldo sólido puede pedir sacrificios extraordinarios. Un gobierno desgastado, cuestionado por corrupción y con indicadores sociales en deterioro, tiene menos margen para exigir y más dificultad para disciplinar expectativas. Ahí la crisis deja de ser “económica” en sentido estricto y se vuelve crisis de conducción.
Legitimidad en retroceso: cuando el poder pierde margen de excepción
Todo gobierno necesita un capital de legitimidad para administrar momentos críticos. Ese capital no es abstracto. Es la capacidad de tomar decisiones dolorosas sin que se conviertan de inmediato en desborde social o ruptura política. Durante un tiempo, Milei tuvo ese margen. No porque la situación material fuera buena, sino porque parte de la sociedad todavía le otorgaba crédito político para intentar algo distinto. Ese crédito empieza a erosionarse.
Las encuestas ya muestran caída de aprobación, y lo más significativo es que el deterioro aparece incluso en segmentos que funcionaban como núcleo de sostén, como los jóvenes. No se trata necesariamente de un corrimiento ideológico total. A veces es algo más simple y más peligroso para el oficialismo: decepción acelerada. La experiencia material empieza a perforar la adhesión simbólica. Cuando eso pasa, el gobierno pierde una herramienta decisiva: la excepcionalidad.
Ese punto es central. Milei se sostuvo buena parte de su gestión sobre la idea de que podía romper reglas, incomodar actores, ejercer conflicto y tensar instituciones porque había una legitimidad de origen y una narrativa de transformación radical que lo respaldaban. Si esa legitimidad se reduce, cada decisión deja de leerse como audacia y empieza a leerse como arbitrariedad. Ahí el poder no cae necesariamente en votos de un día para otro, pero pierde algo más delicado: capacidad de imponer agenda, de ordenar aliados y de gestionar crisis sin quedar a la intemperie.
El debate de fondo: quién paga la crisis
Toda crisis termina organizándose alrededor de una pregunta brutalmente simple: quién la paga. Esa pregunta aparece siempre, aunque a veces se disfrace de lenguaje técnico. ¿Se pagan los costos con salarios más bajos, consumo comprimido, servicios recortados y hogares endeudados? ¿O se redistribuyen hacia sectores que concentran riqueza, renta y capacidad de captura del Estado? La respuesta nunca es técnica. Siempre es política.
Argentina tiene una historia demasiado conocida de resolución regresiva de las crisis. Ajuste sobre mayorías, protección relativa de minorías concentradas, socialización de pérdidas y privatización de ganancias. Lo nuevo, si algo hay de nuevo, es que esta vez el contexto global es más adverso. Una crisis energética mundial reduce márgenes, encarece importaciones, tensiona balanzas comerciales y vuelve más conflictiva cualquier transición. Eso obliga a sincerar el debate.
No alcanza con decir que “hay que ordenar”. Hay que decir a costa de quién. No alcanza con denunciar herencias. Hay que decidir si el costo lo absorben otra vez quienes viven de ingresos fijos, quienes trabajan más para consumir menos, quienes recortan remedios, estudios o alimentos. O si se disputa renta en serio a los sectores que siguieron ganando en contextos de crisis. Ese es el nudo. Y ninguna fuerza política que aspire a gobernar en serio puede seguir evitándolo.
El cruce entre crisis global y definición política
El escenario actual combina dos vectores que, juntos, son explosivos: una crisis internacional que encarece la energía y desordena la economía mundial, y una debilidad interna que reduce la capacidad de respuesta. Cuando esas dos líneas se cruzan, el margen de error se vuelve mínimo. Ya no se discute si habrá costos. Los costos están ahí. Lo que se discute es cómo se reparten, quién los administra y con qué legitimidad se intenta hacerlo.
Las crisis no solo reordenan precios, presupuestos o mercados. Reordenan poder social. Definen quién conserva márgenes de maniobra y quién queda a la intemperie. Por eso la pregunta “quién va a pagar la cuenta” no es un cierre retórico. Es el eje real de la etapa que empieza.
Y esa respuesta no va a venir de los mercados, ni del petróleo, ni de los analistas financieros. Va a venir de la política. Porque, al final, las crisis siempre terminan revelando lo mismo: no hay neutralidad posible cuando hay que decidir quién pierde para que otros sigan ganando.
