Discapacidad en Emergencia: una ley que existe en los papeles pero no en los bolsillos ni en los pagos

Este jueves 5 de marzo a las 10.30, familias, personas con discapacidad y trabajadores del sector se concentrarán frente al Ministerio de Salud para reclamar lo que ya debería estar funcionando. Porque la Ley de Emergencia en Discapacidad fue reglamentada en febrero, pero los pagos siguen demorados, los aumentos son insuficientes y los prestadores aseguran que la crisis, lejos de terminar, se profundiza. Detrás de los números fríos hay historias de terapias que se interrumpen, de familias que hacen malabares y de trabajadores que sostienen el sistema con recursos propios mientras esperan que el Estado cumpla.

LO QUE PASA: UNA MARCHA QUE NO DEBERÍA SER NECESARIA

Este jueves 5 de marzo a las 10.30, en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Belgrano, frente al Ministerio de Salud, habrá una concentración. La convocatoria es del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto al Sindicato de Choferes Particulares.

El reclamo es concreto: que se normalicen los pagos del PAMI y del programa Incluir Salud, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y garantiza cobertura médica a titulares de Pensiones No Contributivas.

LOS NÚMEROS QUE EXPLICAN LA BRONCA

📄 La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) fue aprobada en 2025, a pesar de los intentos del gobierno de Javier Milei por vetarla o derogarla. Finalmente, tras un fallo judicial que ordenó su aplicación, el Ejecutivo la reglamentó mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial el 3 de febrero de este año.

📈 Hace apenas una semana, el Ministerio de Salud aplicó un incremento del 5,78% en las tarifas del nomenclador del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. El porcentaje fue calculado «sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a los meses de diciembre 2025 y enero 2026», según consta en la Resolución 340/2026.

📉 Pero desde el sector lo recibieron con más bronca que alivio. Porque el aumento parte de bases que ya estaban atrasadas. «Si los aumentos se calculan desde bases que arrastran deudas, nunca se va a poder lograr el objetivo. Claramente la situación va a ser peor», advirtió el Foro Permanente en un comunicado. Para ellos, la recomposición real debería ser del 40%.

🚐 El servicio de transporte para personas con discapacidad ya fue suspendido a partir del 25 de febrero en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, justamente por las demoras en los pagos. Maximiliano Quiroz, delegado regional del sindicato de choferes particulares, explicó que el gremio logró sostener la actividad con recursos propios ante la falta de transferencias. «Gracias a la bolsa de trabajo del sindicato y a la secretaria general, Andrea Aranda, los choferes están solamente con un mes de atraso», dijo. Un mes de atraso que se vive como un éxito, cuando debería ser una anomalía.

LO QUE DICEN LOS QUE ESTÁN EN LA CALLE

Marcela Kriscovic, referente nacional en discapacidad, lo resumió sin vueltas hace unos meses: «La discapacidad no puede esperar al 2026, necesitamos soluciones ya». Y sin embargo, 2026 ya llegó y las soluciones siguen sin llegar.

En San Nicolás, prestadores locales aseguran que «no hay cambios concretos» y que continúan los atrasos en pagos, recortes de prestaciones y demoras en autorizaciones. En Buenos Aires, los choferes siguen esperando. En todo el país, el Foro denuncia que «la emergencia continúa».

POR QUÉ ESTO IMPORTA (Y NO ES UN RECLAMO SECTORIAL)

Desde el Foro Permanente insisten en algo que suele perderse en la discusión: «No se trata de un reclamo sectorial». Es «la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país».

Por eso duele tanto que las soluciones tarden. Porque cuando un pago se demora, cuando un aumento no alcanza, cuando un trámite se traba, no es solo un problema administrativo. Es una terapia que se interrumpe. Es una familia que no sabe cómo seguir. Es una persona con discapacidad que ve afectada su calidad de vida por decisiones que se toman en escritorios lejanos.

LO QUE PASA MAÑANA JUEVES 5 DE MARZO

Este jueves 5 de marzo, los manifestantes se van a encontrar frente al Ministerio de Salud. Van a pedir lo mismo que vienen pidiendo hace meses: que los pagos se normalicen, que los aumentos sean reales, que la ley se cumpla.

No van a pedir favores. Van a reclamar derechos.

Y mientras tanto, en algún lugar del país, un chofer espera que le paguen el mes de febrero. Un terapeuta hace números para ver si puede seguir atendiendo. Una familia se pregunta hasta cuándo va a poder sostener el tratamiento de su hijo.

La emergencia en discapacidad no es una categoría legal. Es una realidad que se vive todos los días. Y mañana jueves 5 de marzo, va a tener nombre y apellido en la 9 de Julio.