Melina Schweizer
Cuando el Estado retrocede en derechos y endurece la represión, la marea verde ya no desborda como antes, y la pregunta deja de ser romántica para volverse brutalmente política. No es si existen feministas; es si su potencia actual alcanza para frenar un retroceso que avanza más rápido que la calle.
Hubo un momento —y no hablo en tono nostálgico sino en términos históricos concretos, documentados y medibles— en que el feminismo argentino no sólo ocupaba las calles sino que determinaba la agenda política, saturaba la conversación pública y obligaba al sistema institucional a responder bajo presión permanente, porque lo que estaba en juego no era una consigna sectorial sino una disputa por el sentido mismo del Estado y del cuerpo, y en ese momento las carpas frente al Congreso no eran un recurso táctico sino una declaración de soberanía colectiva que convertía el espacio público en territorio feminista durante semanas enteras, mientras la vigilia verde transformaba la madrugada en parlamento popular y la marea no pedía permiso para existir sino que simplemente desbordaba.
No estamos en ese momento.
Estamos en 2026, en un país donde el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidades fue eliminado, donde la arquitectura institucional de políticas de género fue desmantelada, donde la provisión centralizada de insumos de salud sexual dejó de ser política prioritaria, donde se modificaron aspectos de la Ley de Identidad de Género, donde se impulsa una reforma laboral señalada por organizaciones feministas como regresiva para mujeres y diversidades, donde el protocolo anti-piquete habilita la intervención policial para disolver manifestaciones y donde el discurso oficial no oculta su antagonismo explícito hacia lo que denomina “ideología de género”, y sin embargo, frente a ese escenario de regresión estructural, la escena pública no está ocupada por una vigilia permanente ni por una marea que desborde las avenidas con la misma intensidad que en 2018.
Vale la pena destacar que no niego en absoluto la existencia de movilización: están documentadas las marchas del 8 de marzo de 2025, los pronunciamientos conjuntos contra la reforma laboral y las articulaciones con otros sectores sociales. Sin embargo, el enfoque que propongo es otro.
El movimiento feminista no se evaporó ni se replegó al silencio, pero resulta pertinente preguntar: ¿dónde están aquellas feministas que fueron estigmatizadas como “feminazis”, las del “alerta de flequillo”, las que ocuparon el centro de la escena pública y cultural durante años?
La pregunta, entonces, no es ontológica sino política: no se trata de discutir si el feminismo existe, sino de medir su volumen, su intensidad y su capacidad de irrupción en el espacio público frente a la magnitud del retroceso actual. En 2018, la discusión por la despenalización del aborto desbordó el Congreso y convirtió la plaza en un territorio simbólico teñido de verde, con vigilias multitudinarias y una presión social constante. Hoy, en cambio, frente a un escenario que implica desmantelamiento institucional y endurecimiento represivo, no se observa una ocupación de las calles de la misma escala ni una presencia sostenida que logre imponer el tema en el centro de la agenda pública.
No se trata de negar la complejidad del contexto actual, ni de ignorar que la represión y la criminalización de la protesta modifican la ecuación costo-beneficio de la movilización, ni de simplificar el escenario como si la épica pudiera repetirse mecánicamente en condiciones distintas, pero tampoco se puede esquivar el contraste histórico sin caer en un análisis complaciente, porque la memoria colectiva recuerda que la marea verde no sólo fue capaz de instalar una ley sino de instalar una hegemonía cultural transitoria que obligó a sectores políticos reticentes a posicionarse, a debatir y a votar bajo la mirada constante de una ciudadanía movilizada.
La diferencia entre aquel momento y el actual no es meramente cuantitativa sino cualitativa. El feminismo de la década pasada combinaba expansión institucional, legitimidad cultural en ascenso y una demanda concreta capaz de sintetizar múltiples desigualdades en una consigna unificadora. El presente, en cambio, aparece atravesado por una fragmentación de conflictos —laborales, previsionales, sanitarios, migratorios— que redistribuye la energía social en múltiples frentes y diluye la centralidad de cualquier agenda específica, incluida la feminista, en un paisaje político donde la disputa por el modelo económico absorbe buena parte de la atención pública.
En ese marco, la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, el cierre del INADI y el desmantelamiento de otras estructuras vinculadas a políticas de igualdad no constituyen sólo decisiones administrativas: funcionan como señales simbólicas que reubican la cuestión de género en un escalón inferior dentro de la jerarquía estatal. A ello se suman discursos presidenciales que, en foros internacionales, han asociado las “versiones más extremas” de la ideología de género con el abuso infantil, instalando una narrativa que equipara activismo con desviación moral. No existe evidencia que demuestre que las personas homosexuales tengan mayor propensión a cometer abusos sexuales contra menores; sin embargo, la potencia política de esa retórica reside en su capacidad de estigmatizar y reconfigurar el clima cultural.
Que ese conjunto de decisiones y declaraciones no haya derivado en una ocupación sostenida del espacio público comparable a la vigilia por el aborto legal abre una pregunta incómoda sobre la transformación de la potencia colectiva. Si la marea verde logró convertir un proyecto de ley en un fenómeno cultural masivo, ¿por qué el desmantelamiento de parte de la estructura institucional que surgió al calor de esa presión no genera una reacción de intensidad equivalente?.
La hipótesis más inmediata sería atribuir la diferencia exclusivamente al endurecimiento del contexto represivo. Pero esa explicación, aunque relevante, resulta insuficiente. La capacidad de un movimiento social para sostener niveles altos de movilización no depende sólo de la hostilidad del adversario, sino también de su organización interna, de la densidad de sus redes territoriales, de su capacidad de interpelación transversal y de la existencia —o no— de un relato que articule demandas dispersas en una narrativa común de justicia social.
No estoy haciendo un control de calidad del feminismo ni pasando lista para ver quién fue a tal o cual marcha. No se trata de sumar fotos con jubilados para cumplir con la cuota de compromiso social. Eso puede ser estrategia, puede ser supervivencia, puede ser lectura inteligente del momento. Perfecto.
Lo que estoy haciendo es otra cosa: estoy golpeando la mesa.
¿Dónde está esa fuerza que nos vendieron como imparable?, ¿Dónde está la marea que decía que iba a tirar abajo el patriarcado?, ¿Dónde está esa potencia que convirtió el Congreso en un mar verde, que desbordó las plazas, que te marcaba la agenda política y cultural con una consigna?.
Porque esa energía existió. No fue invento. Logró leyes, ministerios, presupuesto, cargos, estructuras. Supo presionar, incomodar, condicionar.
Y también supo ordenar el discurso puertas adentro. Hubo hegemonías. Hubo verticalidades disfrazadas de horizontalidad. Hubo un relato blanco, urbano, académico, que hablaba en nombre de todas mientras muchas quedaban al costado. Mujeres negras, mujeres indígenas, mujeres pobres usadas para la foto cuando la interseccionalidad cotizaba alto, cuando servía para decorar el flyer violeta, cuando convenía mostrar diversidad. Después, silencio. Después, nada.
Se habló de deconstrucción hasta el cansancio, pero cuando tocaba revisar privilegios internos, ahí ya no era tan cómodo.
Y ahora que el escenario es adverso de verdad —sin ministerio, sin estructura, con ajuste, con protocolo antipiquete, con discurso estigmatizante desde el poder— la pregunta no es moral, es política:
¿esa fuerza era estructural o era circunstancial?
¿era marea o era momento?
¿era convicción o era viento a favor?
Porque cuando el clima era favorable, había épica. Cuando el poder dialogaba, había ocupación permanente de la calle. Ahora que el poder confronta, la épica parece más baja, más fragmentada, más diluida.
No es una condena. Es una provocación.
Es decirlo sin anestesia: si alguna vez hubo fuego real, hoy la temperatura parece otra.
Y eso merece, como mínimo, una respuesta.
En 2018, el feminismo no pedía lugar en la coalición; era la coalición, porque su demanda sintetizaba una injusticia estructural que encontraba resonancia incluso en sectores no militantes, mientras que en 2026 la disputa por el modelo económico y la precarización generalizada de la vida cotidiana configuran un escenario donde la indignación se distribuye en múltiples direcciones y la energía colectiva no converge necesariamente en una sola bandera, lo cual no significa que la bandera haya caído, sino que compite por visibilidad en un contexto saturado de conflictos.
La ironía política del presente es que el feminismo fue acusado durante años de capturar el Estado y de imponer una agenda omnipresente, y sin embargo cuando esa supuesta captura se desmantela y las políticas específicas son revertidas, la respuesta pública no reproduce la intensidad de la etapa expansiva, lo cual sugiere que la relación entre movimiento social e institucionalización es más compleja de lo que suelen admitir tanto sus detractores como sus defensores, porque la institucionalización puede fortalecer la incidencia política pero también puede modificar las formas de movilización y las expectativas de cambio.
La pregunta entonces no es si las feministas están —porque están, marchan, denuncian y articulan— sino si la forma actual de su presencia es suficiente para frenar una regresión estructural en un contexto donde el Estado no se muestra permeable a sus demandas sino que adopta una postura explícitamente antagonista, y esa pregunta no se resuelve con nostalgia ni con reproche sino con análisis político riguroso, porque la potencia de un movimiento no se mide únicamente por la cantidad de cuerpos en la calle sino por su capacidad de alterar correlaciones de fuerzas, instalar sentido común y generar costos políticos para quienes retroceden en derechos.
Si la marea verde fue un fenómeno que desbordó las costas institucionales en un momento de expansión, el desafío actual es determinar si la resistencia defensiva puede convertirse nuevamente en expansión en un contexto más hostil, más fragmentado y más económicamente asfixiante, porque la historia de los movimientos sociales no es lineal ni acumulativa sino oscilante, y las fases de ofensiva y repliegue forman parte de su dinámica, aunque el contraste entre 2018 y 2026 sea demasiado visible como para ignorarlo.
Quizás la pregunta más honesta no sea dónde están las feministas sino qué forma debe adoptar la potencia colectiva cuando el escenario ya no ofrece ventanas de oportunidad sino muros de contención, y si esa forma actual —más articulada, menos espectacular, más defensiva— es una adaptación estratégica que preserva energía para un momento de apertura o si constituye un límite estructural de la capacidad de movilización en una sociedad atravesada por el desgaste económico y la polarización política, porque lo que está en juego no es sólo la memoria de la marea verde sino la posibilidad de que vuelva a desbordar cuando el retroceso no sea ya una amenaza sino una realidad consolidada.
CONCHITA PRETA
