Jorge R. Schweizer
Manuel Adorni no está detenido. No porque las pruebas en su contra sean inexistentes o insuficientes, sino porque su condición de legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo protege con un escudo jurídico que, por ahora, la Justicia no ha logrado penetrar. El jefe de Gabinete acumula sobre sí tres vectores de poder que lo hacen prácticamente inalcanzable: la inmunidad de arresto que le otorga su banca en la Legislatura porteña, la protección política irrestricta del “Triángulo de Hierro” que conduce el gobierno libertario, y el control directo sobre la “Acción de Oro” de YPF, la empresa más estratégica del país.
El análisis de su situación requiere desagregar cada uno de estos planos, evaluar los precedentes judiciales aplicables y determinar si la doctrina Irurzun —que permitió la detención de altos funcionarios kirchneristas entre 2017 y 2018— resulta o no extensible al jefe de Gabinete.
El fuero como garantía institucional y como obstáculo procesal
Adorni fue electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires en mayo de 2025, en el marco de los comicios que el oficialismo utilizó como plebiscito de la gestión de Javier Milei. Su banca en la Legislatura porteña le otorga inmunidad de arresto. El artículo 109 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que los legisladores no pueden ser arrestados desde el día de su elección, salvo el caso de flagrancia en la comisión de un delito que merezca pena privativa de la libertad.
Para que un juez federal pueda ordenar la detención de Adorni, es necesario que la Legislatura porteña autorice previamente su desafuero. Este mecanismo, concebido como una garantía contra la persecución política, se ha transformado en los hechos en un blindaje para los funcionarios que cuentan con respaldo parlamentario suficiente para evitar su remoción. En la actual composición de la Legislatura, el oficialismo local —liderado por el PRO, que mantiene una alianza estratégica con La Libertad Avanza— no tiene interés político en habilitar el avance de una causa que compromete al jefe de Gabinete del gobierno nacional.
Es importante destacar, sin embargo, que la inmunidad de arresto no suspende la investigación. El fiscal federal Gerardo Pollicita continúa reuniendo pruebas, citando testigos y peritando la documentación secuestrada. La causa puede avanzar en todas sus etapas, excepto en aquella que implique la restricción de la libertad ambulatoria del imputado. La diferencia no es menor, pero en la práctica dilata los tiempos procesales y otorga al encausado un margen de maniobra del que carecería un ciudadano común.
La doctrina Irurzun y el precedente de los funcionarios K
El 19 de mayo de 2026, la diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido de detención contra Adorni invocando la doctrina Irurzun, un criterio jurisprudencial sentado por el juez federal Martín Irurzun en 2017. Esta doctrina justificó la prisión preventiva de exfuncionarios kirchneristas con base en su “poder residual” o “capacidad estructural” para entorpecer la investigación, aun cuando no existieran pruebas concretas de riesgo de fuga.
Los antecedentes son claros y consistentes. El 17 de octubre de 2017, el juez federal Luis Rodríguez, a instancias del fiscal Pollicita, dictó la prisión preventiva de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, por su “capacidad estructural” para influir en testigos y obstaculizar la investigación en la causa de los cuadernos de las coimas. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la medida el 6 de diciembre de 2017, estableciendo un precedente que luego se aplicaría a otros funcionarios del mismo gobierno.
El 1 de noviembre de 2017, el juez Rodríguez ordenó la detención de Carlos Zannini, entonces secretario de Legal y Técnica y hombre de máxima confianza de Cristina Fernández, bajo el argumento de que su “capacidad estructural” como alto funcionario del Estado le permitía interferir en la pesquisa. Amado Boudou, exvicepresidente y exministro de Economía, fue detenido el 3 de noviembre de 2017 por decisión del juez Rodríguez, confirmada por la Cámara Federal. En el caso del empresario Cristóbal López, la doctrina se aplicó no por su función pública sino por el poder económico derivado de los contratos estatales que había acumulado durante los gobiernos kirchneristas.
Pagano sostiene que Adorni, en su condición de jefe de Gabinete, posee una “capacidad estructural” análoga a la de aquellos funcionarios. La evidencia que esgrime incluye el testimonio del contratista Matías Tabar, quien afirmó haber recibido un mensaje de Adorni por WhatsApp antes de declarar, y que parte de esa conversación habría sido borrada. El fiscal Pollicita rechazó el pedido de detención inmediata por considerar que, en esta etapa, no se configuraba un “riesgo real o grave” de entorpecimiento, pero ordenó el peritaje del teléfono celular de Tabar para determinar la veracidad de esas comunicaciones.
La decisión de Pollicita no cierra definitivamente la posibilidad de aplicar la doctrina Irurzun en el futuro. Si el peritaje confirma la existencia de comunicaciones orientadas a influir en el testigo, y si la investigación avanza hacia estadios más comprometedores, el fiscal podría reconsiderar el pedido de detención. Por el momento, sin embargo, el precedente kirchnerista no se ha traducido en una medida cautelar contra el actual jefe de Gabinete.
La designación en YPF y la concentración del poder económico
El 30 de enero de 2026, el Gobierno nacional oficializó la designación de Manuel Adorni como director titular clase A de YPF en representación del Estado, con la denominada “Acción de Oro”. Este instrumento, previsto en el estatuto de la empresa y en la ley de soberanía hidrocarburífera, otorga al Estado el derecho de veto sobre decisiones estratégicas de la compañía, incluyendo la aprobación de planes de inversión, la emisión de acciones, la modificación del objeto social y la fusión o escisión de la empresa.
Adorni ocupó el lugar que hasta entonces desempeñaba Guillermo Francos, quien pasó a integrar el directorio como titular clase D. Junto a Adorni, asumió también el exlegislador del PRO Martín Maquieyra, en cumplimiento de un acuerdo político entre La Libertad Avanza y el sector de ese partido liderado por Cristian Ritondo. Las vacantes que permitieron estos ingresos se generaron tras las renuncias de Eduardo Javier Rodríguez Chirillo y José Rolandi, quienes se apartaron por “razones de estricta índole personal”.
Al igual que sus antecesores en la jefatura de Gabinete —Nicolás Posse y el propio Francos—, Adorni renunció a percibir los honorarios correspondientes a su función como director de YPF. Estos honorarios, que según estimaciones sectoriales pueden superar los 70 millones de pesos mensuales, fueron rechazados por el funcionario, quien declaró que solo cobraría su salario como jefe de Gabinete, que asciende a aproximadamente 5,9 millones de pesos brutos mensuales.
La designación tiene un significado político que excede el gesto de austeridad. Adorni, un funcionario sin antecedentes en el sector hidrocarburífero, asume el control de la “Acción de Oro” en un momento en que el Ejecutivo debate la eventual privatización parcial de YPF. Su presencia en el directorio garantiza que el gobierno mantenga el control estratégico sobre la empresa mientras, al mismo tiempo, predica el retiro del Estado de la economía. La contradicción es evidente: el mismo funcionario que desde el atril celebra el desguace de organismos públicos y la reducción del empleo estatal ocupa ahora un sillón en la cúpula de la empresa más valiosa del país.
El blindaje político como tercer escudo
El fiscal Pollicita puede reunir pruebas. El juez Casanello puede ordenar peritajes. La oposición puede presentar pedidos de detención. Pero mientras Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del Presidente, sostenga que Adorni es “inamovible”, ninguna de esas iniciativas tendrá consecuencias prácticas. El respaldo de la hermana del Presidente no es retórico: se tradujo en una visita conjunta al Malbrán en abril pasado, en medio de las denuncias por enriquecimiento, que fue interpretada como un mensaje a la Justicia y a la oposición.
El caso de Carlos Frugoni, el secretario de Infraestructura que renunció a las pocas horas de que se descubriera que había omitido declarar siete departamentos en Miami, es ilustrativo de cómo opera el filtro político en el gobierno libertario. Frugoni no tenía el respaldo de Karina. Adorni, en cambio, lo tiene. Esa es la diferencia que explica por qué un funcionario se fue y el otro se queda.
La situación de Manuel Adorni no es análoga a la de ningún ciudadano común. Acumula tres escudos que lo hacen, por ahora, inalcanzable para la Justicia. Su condición de legislador porteño lo protege contra la detención. Su rol como jefe de Gabinete y su relación directa con los hermanos Milei lo blinda contra cualquier intento de remoción política. Y su posición en el directorio de YPF, con la “Acción de Oro” bajo su control, le otorga un poder económico y estratégico que excede largamente las funciones propias de su cargo.
La doctrina Irurzun, que permitió encarcelar a De Vido, Boudou y Zannini, sigue vigente como herramienta jurisprudencial. Hasta ahora, sin embargo, ningún fiscal ni juez la ha aplicado a Adorni. El fiscal Pollicita optó por la prudencia. El juez Casanello pidió más papeles. La Legislatura porteña no convoca al desafuero. Y Karina Milei sigue respaldando a su hombre.
La pregunta no es si Adorni es culpable o inocente. La pregunta es por qué, después de todas las pruebas recogidas y de todos los testimonios acumulados, el jefe de Gabinete sigue en su cargo, con sus fueros intactos, con su lugar en YPF asegurado y con el control de la “Acción de Oro” bajo su puño. La respuesta, como en tantos otros casos de la historia judicial argentina, no es jurídica. Es política.
Melina Schweizer
