Jorge R. Schweizer
El pasado viernes 23 de mayo, InfoNegro publicó una nota titulada «Uruguay registró la primera muerte por eutanasia tras la entrada en vigor de la ley de muerte digna»—una mujer de 69 años con cáncer terminal que ejerció su derecho a morir dignamente—, el Congreso argentino reabrió la discusión sobre un tema que lleva años en la agenda sin tratamiento. El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó un proyecto de ley para legalizar la muerte voluntaria médicamente asistida, que se suma a las más de diez iniciativas que duermen en comisiones desde 2021. La propuesta establece la cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, y contempla un riguroso sistema de controles médicos, psicológicos y bioéticos.
El nuevo proyecto, denominado «Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida», distingue dos modalidades: la eutanasia, en la que un profesional de la salud administra directamente una sustancia letal, y el suicidio médicamente asistido, en el que el paciente se autoadministra la medicación prescripta por un médico. Ambos procedimientos quedarían integrados al sistema de salud como prestaciones obligatorias y gratuitas, sin costos adicionales para el paciente.
Los requisitos y el sistema de control
La iniciativa fija condiciones estrictas para acceder a la práctica. Podrán solicitarla las personas mayores de 16 años, argentinas o residentes permanentes desde hace al menos un año, que padezcan una enfermedad grave e incurable o un cuadro crónico e imposibilitante que genere un sufrimiento físico o psíquico considerado «constante e intolerable».
El procedimiento exige dos solicitudes separadas por un mínimo de 15 días, la intervención de un médico tratante, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario integrado por especialistas en psicología o psiquiatría, cuidados paliativos y bioética. Una Comisión de Evaluación y Garantías deberá emitir un dictamen previo obligatorio. El paciente puede revocar su decisión en cualquier momento sin expresión de causa.
El proyecto también contempla la objeción de conciencia individual para los profesionales de la salud, pero prohíbe expresamente que las instituciones médicas la invoquen para impedir el acceso al procedimiento. Asimismo, propone modificaciones al Código Penal para excluir de responsabilidad penal a los médicos que actúen dentro del marco legal.
Los antecedentes y el contexto regional
La presentación de Paulón se suma a otras iniciativas impulsadas en los últimos años por diputados de diversos bloques, entre ellos Lisandro Nieri, Gabriela Estévez, Mara Brawer y Miguel Ángel Pichetto. Sin embargo, ninguno de esos proyectos logró llegar al recinto. El oficialismo de La Libertad Avanza no ha manifestado una posición unificada sobre el tema, y el presidente Javier Milei se expresó públicamente en contra durante una entrevista en España, al sostener que «la vida es un regalo» que debe «honrarse».
En la región, Uruguay se convirtió en octubre de 2025 en el primer país de América Latina en aprobar una ley de eutanasia, tras el voto unánime del Senado. El pasado viernes 22 de mayo, una mujer de 69 años con cáncer de páncreas terminal se convirtió en la primera persona en acceder al procedimiento bajo la nueva legislación. El caso reabrió el debate en la Argentina, donde al menos diez proyectos de ley sobre muerte digna duermen en el Congreso sin tratamiento.
Colombia y Ecuador despenalizaron la muerte asistida mediante fallos judiciales, mientras que en Chile el proyecto de ley de «muerte digna» sigue pendiente en el Parlamento.
Las posiciones encontradas
En una mesa de debate organizada este viernes por el diputado Nicolás Trotta (Unión por la Patria) en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), especialistas en bioética, medicina, salud mental y derecho analizaron los alcances de los distintos proyectos. Durante la jornada se abordaron experiencias internacionales —como el reciente caso de la joven española Noelia Castillo Ramos, quien recibió la eutanasia el 26 de marzo tras una prolongada batalla judicial— y los desafíos éticos y jurídicos que implica la regulación.
«No se trata de imponer una mirada única sobre el final de la vida, sino de abrir un debate serio y respetuoso en una sociedad donde conviven distintas creencias, convicciones y experiencias», sostuvo Trotta.
Desde la vereda opuesta, la Iglesia Católica se manifestó en contra de la legalización, mientras que organizaciones de derechos humanos y asociaciones de pacientes impulsan campañas bajo el lema «Mi vida, mi decisión». La Asociación de Medicina Paliativa ha advertido sobre la necesidad de fortalecer primero los cuidados paliativos en todo el país antes de discutir la eutanasia, señalando que muchos pacientes que solicitan morir lo hacen por falta de acceso a tratamientos adecuados para el dolor y el sufrimiento.
La Argentina se encuentra ante una encrucijada. Por un lado, cuenta con una legislación de vanguardia en materia de cuidados paliativos (Ley 27.768, sancionada en 2022). Por el otro, carece de un marco legal para quienes, a pesar de los cuidados, consideran que su sufrimiento es intolerable y desean acceder a la muerte asistida. El primer caso de eutanasia en Uruguay no es una noticia lejana. Es un llamado de atención para que el Congreso argentino debata un tema que afecta la dignidad de los pacientes terminales.
El oficialismo controla las comisiones clave y tiene la capacidad de definir la agenda parlamentaria. La pregunta es si existe voluntad política para avanzar o si, como en los últimos cinco años, los proyectos seguirán durmiendo en los cajones del Congreso mientras los pacientes terminales y sus familias esperan una respuesta que no llega.
Melina Schweizer
