Rodolfo Gudino
La declaración jurada patrimonial que Manuel Adorni presentó en marzo de 2025 ante la Justicia Electoral porteña, cuando encabezaba la lista de candidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, expone un patrimonio integrado por dos departamentos, tenencias en efectivo en pesos y dólares, y una cuenta bancaria en Estados Unidos. Pero la pieza central del expediente que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito no está en lo que declaró, sino en lo que omitió: la casa del country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, adquirida el 15 de noviembre de 2024 a nombre exclusivo de su esposa, Bettina Angeletti.
Ese inmueble no figuró en la presentación ante la Oficina Anticorrupción de 2024, ni en la declaración jurada electoral de marzo de 2025. Recién se incorporó a su expediente este mes, cuando la causa ya estaba en curso y la Justicia había requerido el historial completo del funcionario. La ley de Ética Pública es clara: los funcionarios están obligados a declarar los bienes de su cónyuge, incluso los propios no gananciales. La omisión puede tener consecuencias administrativas y penales.
La casa de Indio Cuá fue comprada con un préstamo de 100.000 dólares que Adorni y Angeletti obtuvieron de dos mujeres policías, hipotecando el departamento que poseían en el barrio porteño de Parque Chacabuco. La operación fue formalizada el mismo día por la escribana Adriana Nechevenko, quien declaró que ella misma le consiguió el crédito a Adorni. Ese préstamo, con un interés anual del 11 por ciento, debía devolverse en 24 meses. Hasta ahora, pagaron 30.000 dólares.
Paralelamente, el matrimonio Adorni-Angeletti compró un departamento en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, por 230.000 dólares. Aportaron 30.000 dólares de fondos propios y el resto lo cubrieron con una hipoteca privada sin interés otorgada por dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, que declararon ante la Justicia que no conocían al funcionario. El negocio inmobiliario lo gestionó el hijo de una de ellas, Pablo Martín Feijoo, quien también se encargó de las refacciones del inmueble por 65.000 dólares que Adorni aún no pagó.
El contratista Matías Tabar declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que le cobró 245.000 dólares en efectivo por la remodelación de la casa del country, suma que recibió sin factura, en distintos tramos y en mano. La Justicia ordenó peritar su teléfono celular para rastrear mensajes, acuerdos económicos y la trazabilidad del dinero. El fiscal también convocó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para que reconstruya la evolución patrimonial del funcionario y determine si sus ingresos declarados justifican su nivel de vida.
La investigación ya identificó gastos por 356.640 dólares en efectivo, incluyendo 4.830 dólares por un vuelo privado a Punta del Este, 5.154 dólares por el regreso de Angeletti desde Nueva York, 5.800 dólares en pasajes a Aruba y 8.900 dólares en hotelería, más una estadía en el Hotel Llao Llao de Bariloche que costó 9,1 millones de pesos. No hay transferencias bancarias que respalden esos movimientos. La fiscalía pidió información a empresas de giro de dinero, al Banco Central y a entidades financieras. También solicitó registros sobre cajas de seguridad.
La defensa de Adorni insiste en que «la Justicia va a aclarar todo». El propio funcionario declaró que no dará explicaciones públicas mientras avance la causa. Prometió una nueva declaración jurada, actualizada y completa. Su parche sobre la casa del country llegó tarde, un año después de lo debido, y solo cuando la Justicia ya había pedido su expediente.
La pregunta central sigue en pie: ¿de dónde salieron los dólares que circularon en efectivo, sin facturas, sin respaldo bancario, mientras el funcionario cobraba un sueldo que, hasta enero de este año, rondaba los 3,5 millones de pesos mensuales? La respuesta determinará si la declaración jurada fue una omisión, un error administrativo o una pieza más de un patrimonio que la Justicia todavía no termina de cerrar.
GONZALO SCHWEIZER
