GONZALO SCHWEIZER
El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 1,6% en mayo y acumuló seis meses consecutivos de retroceso, mientras informes privados corrigen la pobreza real por encima del 35%. La actividad económica cayó 2,6% en febrero, la industria se desplomó 8,7% y los salarios continúan perdiendo contra la inflación acumulada. La estabilidad financiera que exhibe el Gobierno convive con una economía cotidiana cada vez más deteriorada.
La frase apareció casi como un sincericidio político. “Gracias por aguantar”, dijo Karina Milei a simpatizantes libertarios a la salida del Tedeum del 25 de Mayo. No habló de crecimiento, ni de recuperación, ni de prosperidad. Habló de resistencia. De soportar. De tolerar el ajuste. La escena condensó una tensión que ya empezó a reflejarse en encuestas, indicadores sociales y datos económicos: el Gobierno logró desacelerar la inflación, pero todavía no consiguió estabilizar las condiciones materiales de vida de la mayoría de los argentinos. La economía financiera encuentra cierta calma; la economía real continúa atravesada por recesión, deterioro salarial y caída del consumo.
Los datos de la Universidad Torcuato Di Tella muestran que el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) cayó por sexto mes consecutivo y acumuló un retroceso de 19,2% desde diciembre. El indicador descendió 1,6% respecto de abril y quedó incluso por debajo de los niveles que registraba Mauricio Macri a igual altura de mandato. El componente más golpeado fue el vinculado a la “Capacidad para resolver los problemas del país”, que retrocedió 5,6% y tocó uno de sus niveles más bajos desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.
El deterioro no es solamente político. Refleja una modificación gradual en la percepción económica. Durante los primeros meses de gestión, el Gobierno logró sostener apoyo social sobre una idea central: la crisis era inevitable, pero el sacrificio conduciría rápidamente a la estabilización. Esa expectativa empezó a erosionarse a medida que la inflación desaceleró sin que apareciera una mejora equivalente en salarios, actividad o empleo. El problema ya no es únicamente cuánto suben los precios, sino cuánto tarda la recuperación en llegar efectivamente al bolsillo.
La actividad económica sigue mostrando señales muy frágiles. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC registró en febrero una caída de 2,6% respecto de enero y un retroceso interanual de 2,1%. La industria manufacturera cayó 8,7% y el comercio se desplomó 7%, reflejando la persistencia de una demanda interna deprimida. El crecimiento aparece concentrado en pocos sectores: agro, minería, energía y finanzas. Mientras tanto, las actividades vinculadas al mercado interno continúan operando en niveles muy inferiores a los previos al ajuste.
Esa dinámica explica gran parte del deterioro social que ya empieza a escaparle incluso al relato oficial. Un análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares realizado por la consultora LCG detectó inconsistencias crecientes entre los ingresos declarados en las encuestas y los registros administrativos reales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Según esa corrección metodológica, la pobreza real del cuarto trimestre de 2025 no habría sido de 30%, sino cercana al 35%, mientras el promedio semestral se ubicaría en 32,7% y no en el 28% informado oficialmente.
La diferencia es políticamente explosiva porque cuestiona uno de los principales activos discursivos del Gobierno: la supuesta mejora acelerada de las condiciones sociales. El estudio detectó que los ingresos declarados por trabajadores informales crecieron en las encuestas muy por encima de otras mediciones oficiales disponibles, generando una reducción estadística de la pobreza mucho más rápida que la que efectivamente estaría ocurriendo en la economía real.
El deterioro del ingreso aparece además en múltiples indicadores de consumo. El consumo de carne vacuna se mantiene en uno de los niveles más bajos de las últimas dos décadas. Las ventas de combustibles retrocedieron en el primer trimestre, especialmente en naftas vinculadas al uso particular de vehículos. Restaurantes, comercios y sectores de servicios continúan reportando caída de ventas y menores niveles de actividad. La desaceleración inflacionaria no alcanzó todavía para recomponer salarios después del shock devaluatorio y tarifario que atravesó la economía durante 2024 y comienzos de 2025.
La estabilidad que defiende el Gobierno descansa sobre un esquema financiero extremadamente sensible. El dólar relativamente quieto, las altas tasas en pesos y el ingreso de capitales financieros recrearon el regreso del carry trade: inversores que ingresan dólares, aprovechan rendimientos financieros elevados y luego vuelven rápidamente a moneda extranjera. Mientras el tipo de cambio permanezca controlado, el mecanismo funciona. El problema aparece cuando crecen expectativas de devaluación o dudas sobre la sustentabilidad del esquema.
Ahí se vuelve central el problema de reservas. Pese a la cosecha récord, el superávit energético y el fuerte ajuste importador provocado por la recesión, el Banco Central continúa mostrando dificultades para acumular divisas de manera consistente. La estabilidad cambiaria depende cada vez más de deuda, colocaciones financieras y confianza de corto plazo. Esa fragilidad es observada incluso por actores internacionales. Coca-Cola definió recientemente a la Argentina como una economía “hiperinflacionaria” en su presentación ante Wall Street debido a la inflación acumulada de los últimos tres años, generando preocupación en el mercado sobre eventuales correcciones cambiarias futuras.
La tensión también empieza a observarse en el mapa social y electoral del oficialismo. Los datos de Di Tella muestran que la caída de confianza es mucho más fuerte entre mujeres, sectores populares y habitantes del conurbano bonaerense. Entre personas con educación primaria, el índice se desplomó 25%. En cambio, el respaldo se mantiene relativamente más sólido en segmentos universitarios y en la Ciudad de Buenos Aires. Ese patrón empieza a consolidar una base social más reducida y más parecida a la composición clásica de las derechas económicas urbanas.
El problema para el Gobierno es que la economía dejó de discutirse solamente en términos de inflación. Durante gran parte de 2024, la baja del IPC alcanzaba para ordenar políticamente la conversación pública. Pero a medida que el ajuste se prolonga, la sociedad empieza a observar otras variables:
- empleo
- consumo
- pobreza
- actividad económica
- calidad de vida
Y ahí el panorama es mucho menos favorable para el oficialismo.
La administración Milei enfrenta ahora una etapa distinta. La primera parte del programa económico estuvo orientada a evitar el colapso inflacionario y estabilizar variables macroeconómicas básicas. La segunda etapa exige algo mucho más complejo: transformar estabilidad financiera en crecimiento económico real. Porque una economía puede mostrar superávit fiscal, inflación descendente y dólar relativamente estable mientras simultáneamente aumentan pobreza, precarización y deterioro del mercado interno.
La frase de Karina Milei terminó funcionando como síntesis involuntaria de esa contradicción. “Gracias por aguantar” expresa mejor que cualquier discurso técnico el momento económico actual: un Gobierno que todavía conserva respaldo importante, pero que empieza a reconocer implícitamente que la recuperación prometida todavía no llega a buena parte de la sociedad.
