Rodolfo Gudino
Mientras los casos de suicidio aumentan un 21,6% y los intentos crecen un 44% en la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Javier Milei redujo a cero los fondos para el único programa nacional de salud mental comunitaria. La Actividad de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental” del Programa 42, la única línea del Ministerio de Salud destinada a implementar la Ley 26.657 y a fortalecer los abordajes comunitarios, pasó de tener una partida paupérrima a desaparecer del mapa. Para 2026, el presupuesto proyectado es de apenas 48 millones de pesos, una reducción del 91,53% respecto de 2025. De ese dinero, además, hasta ahora solo se ejecutó el 30,75%.
La ley 26.657 de Salud Mental, sancionada en 2010, es clara: el Estado debe destinar al menos el 10% del presupuesto de salud a salud mental. Ese piso debía alcanzarse en 2014. Once años después, jamás se cumplió. Las sucesivas gestiones incumplieron, pero el actual gobierno de Javier Milei llevó la violación a niveles escandalosos. En 2025, el presupuesto destinado a salud mental fue del 1,68% del total de salud. Para 2026, la cifra cayó al 1,42%. Esto no es un ajuste menor. Es la aniquilación de un derecho humano.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) fue lapidaria: “El proyecto de presupuesto 2026 profundiza el desfinanciamiento de un programa esencial para avanzar en la plena implementación de la norma, desconociendo abiertamente las obligaciones asumidas por el Estado”.
Los números que asustan
El informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal, presentado por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, es demoledor: 5.209 víctimas de suicidio en 2025. Una tasa de 11,8 por cada 100.000 habitantes, un aumento del 21,6% respecto del año anterior. La tendencia es ascendente desde 2020: 7,8 en 2020, 8,7 en 2021, 9,2 en 2022, 9,7 en 2023 y 2024. En la Ciudad de Buenos Aires, los intentos de suicidio pasaron de 143 entre enero y mayo de 2025 a 206 en el mismo período de 2026. Un aumento del 44%.
En la Provincia de Buenos Aires, las internaciones de menores de 18 años aumentaron un 22,8% en los últimos dos años y un 99,8% si se compara 2025 contra 2019. En Santa Cruz, las internaciones infanto-juveniles se dispararon un 790,3%. En Neuquén, las prácticas ambulatorias crecieron un 228% entre 2019 y 2025.
El “Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria” de la Sedronar reveló que la edad de inicio del consumo de tranquilizantes sin receta bajó de 14 a 12,6 años. En la Provincia de Buenos Aires, la provisión de psicofármacos aumentó un 966% en los últimos seis años: de 1.500 usuarios en 2020 a 16.000 en 2026.
El calvario de las familias: la historia de Marta
Marta tiene 47 años. Vive en un barrio humilde de Pocito, San Juan. Su hijo de 16 años amenazó con matarse. Ella hizo todo lo que pudo. Lo llevó a la guardia del hospital Rawson, el más importante de la provincia. Le dijeron que no había cama psiquiátrica y que volviera el lunes para que un psicólogo lo viera. Eran las 7 de la tarde de un viernes. Marta no es periodista, no tiene apellido famoso y vive a más de mil kilómetros de Buenos Aires. Su calvario no es noticia. Es la regla.
El hijo de Marta no es un caso aislado. Es el resultado de una provincia que vive del turismo y la minería pero que no destina un peso a la salud mental. Es el resultado de un gobierno nacional que recortó el 91,53% del programa de “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”. Es el resultado de una ley nacional que el Estado viola sistemáticamente desde hace 15 años.
Once provincias, entre ellas Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Formosa, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego, solicitaron formalmente al gobierno nacional la reactivación del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) ante el aumento exponencial de las consultas. Ignacio Sáenz, director del Observatorio de Salud Mental de la UNR, señaló que existe un incremento cercano al 30% en la demanda de atención, impulsado fundamentalmente por adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
En Entre Ríos, la provincia con la tasa de suicidios más alta del país (19,8 cada 100.000 habitantes, el doble de la media nacional), los jóvenes del Senado Juvenil presentaron 20 proyectos sobre suicidio sobre un total de 28 iniciativas. La propuesta que representó a Colón propone declarar la Emergencia Sanitaria en Salud Mental. Desde noviembre aguarda la firma del gobernador. Mientras tanto, hay esperas de hasta seis meses para conseguir un turno con un psicólogo o psiquiatra del sector público.
La nueva ley: un parche para un océano de heridas
El gobierno envió al Senado un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, que lleva más de un mes en discusión. La iniciativa busca facilitar las internaciones involuntarias y poner al médico psiquiatra por encima de los equipos interdisciplinarios. Mientras que la ley actual exige demostrar un “riesgo cierto e inminente”, el nuevo proyecto considera suficiente una “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.
El problema no es la ley. El problema es que los hospitales no tienen médicos, las guardias no tienen psiquiatras y las provincias no tienen un peso para atender a los miles de adolescentes que se quieren matar. El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba rechazó el proyecto por considerarlo “totalmente regresivo” y señaló que “sin la ejecución del presupuesto estipulado y la formulación de políticas públicas acordes, no puede cumplirse la Ley 26657, reconocida en su excelencia por organismos internacionales”.
La salud mental argentina está en terapia intensiva. El gobierno recorta el 91,53% del programa comunitario. Las provincias se quedan sin recursos. Los hospitales no tienen camas. Los adolescentes se dopan con psicofármacos. Los chicos se tiran de los puentes. Las madres se quedan sin respuestas.
Mientras los legisladores discuten si la internación debe ser más fácil o más difícil, la gente se sigue matando. Mientras el gobierno desfinancia el único programa de abordaje comunitario, los pibes se atiborran de pastillas. Mientras el Senado debate una reforma que no soluciona el problema de fondo, las familias esperan. Esperan que la ambulancia llegue. Esperan que el psicólogo atienda. Esperan que el Estado aparezca.
Marta sigue esperando. Su hijo sigue medicado con psicofármacos que ella compra con el sueldo de trabajadora doméstica. La ley dice que el Estado debe garantizar la salud mental, pero el Estado no le da respuesta. El gobierno nacional recorta el presupuesto y las provincias se desangran.
Los diputados debaten las internaciones involuntarias como si el problema fuera la ley. El problema no es la ley. El problema es que no hay camas, no hay médicos, no hay plata. El problema es que la Argentina lleva 15 años incumpliendo la ley de salud mental. El problema es que la Justicia nunca condenó a nadie por ese incumplimiento. Porque la negligencia en salud mental también mata. Y en la Argentina de la motosierra, mata en silencio.
Melina Schweizer
