Melina Schweizer
El Fondo Monetario Internacional le reclamó a Javier Milei una reforma previsional “estructural” antes de 2027. Entre las exigencias aparecen suba de la edad jubilatoria, eliminación gradual de moratorias y cambios sobre el cálculo de haberes y aportes.
El nuevo paquete de reformas que el Fondo Monetario Internacional le exige al gobierno de Javier Milei para el sistema jubilatorio argentino deja al descubierto algo mucho más profundo que una discusión técnica sobre sostenibilidad previsional. Lo que aparece detrás del documento es un rediseño integral del esquema de seguridad social construido en Argentina durante décadas, con eje en reducción del gasto público, aumento de la edad laboral efectiva y achicamiento progresivo del acceso jubilatorio para millones de trabajadores precarizados.
El informe difundido por el FMI confirma que el Gobierno asumió el compromiso de impulsar una reforma previsional de fondo antes de diciembre de 2027. Y aunque el texto utiliza un lenguaje técnico plagado de conceptos como “equidad”, “incentivos contributivos” y “sustentabilidad”, el núcleo político del programa es claro: reducir el peso fiscal del sistema jubilatorio argentino en un contexto de ajuste estructural permanente.
El primer punto que aparece sobre la mesa es la eliminación gradual de las moratorias previsionales.
Actualmente, millones de personas acceden a la jubilación mediante mecanismos que permiten completar años de aportes faltantes. El problema estructural es conocido: Argentina arrastra desde hace décadas niveles muy altos de informalidad laboral, precarización y desempleo intermitente, especialmente entre mujeres y trabajadores de bajos ingresos. Eso provocó que una enorme parte de la población llegue a edad jubilatoria sin los 30 años de aportes exigidos por el sistema.
Las moratorias surgieron justamente como respuesta a esa realidad.
Pero el FMI considera que ese esquema genera “distorsiones” y rompe la relación entre aportes realizados y haberes percibidos. Por eso propone avanzar hacia un modelo proporcional donde cada trabajador cobre estrictamente en función de lo aportado a lo largo de su vida laboral. En términos concretos, eso significa que millones de personas podrían quedar condenadas a jubilaciones mucho más bajas o directamente excluidas del sistema contributivo formal.
El organismo plantea reemplazar progresivamente el modelo actual por un esquema dividido en dos niveles. Por un lado existiría una prestación básica no contributiva financiada por rentas generales —donde quedarían integradas la PUAM y otros beneficios mínimos— y por otro un sistema estrictamente contributivo administrado por el SIPA.
La consecuencia práctica es muy fuerte:
se consolida un sistema dual donde una parte importante de la población terminaría dependiendo únicamente de prestaciones básicas reducidas mientras los haberes completos quedarían reservados para quienes lograron trayectorias laborales formales estables durante décadas.
En un país con más del 40% de informalidad laboral, el impacto potencial es enorme.
Porque el problema de fondo no es previsional sino laboral.
La economía argentina lleva años expulsando trabajadores del empleo registrado y expandiendo modalidades precarias, monotributo forzado, changas, plataformas digitales y trabajo informal. En ese contexto, exigir carreras contributivas completas funciona para enormes sectores sociales como una barrera prácticamente imposible de cumplir.
El FMI además insiste con otro punto históricamente sensible: la edad jubilatoria.
Aunque el informe evita plantear una suba inmediata concreta, sí recomienda “ajustar parámetros según cambios demográficos” y equiparar progresivamente la edad de retiro entre hombres y mujeres. Traducido al lenguaje político real, el organismo vuelve a instalar la idea de elevar la edad jubilatoria bajo el argumento del aumento de la expectativa de vida.
Es una discusión que atraviesa actualmente a gran parte de Europa y América Latina.
Pero en Argentina el problema adquiere otra dimensión porque convive con:
- salarios deteriorados,
- empleos físicamente precarizados,
- caída de cobertura médica,
- y aumento de pobreza entre adultos mayores.
Hoy miles de trabajadores llegan a los 60 o 65 años en condiciones físicas extremadamente deterioradas después de décadas de empleo informal, construcción, servicios precarios o actividades sin protección laboral real. Por eso cualquier intento de subir la edad jubilatoria aparece inmediatamente asociado a un ajuste directo sobre condiciones de vida ya muy castigadas.
El Fondo también apunta contra la fragmentación previsional argentina.
El documento sostiene que existen más de 200 regímenes distintos entre sistemas provinciales, cajas especiales y esquemas sectoriales con requisitos desiguales. La propuesta es avanzar hacia una “armonización” progresiva con el SIPA nacional.
Ese punto afecta particularmente a:
- cajas provinciales,
- regímenes docentes,
- judiciales,
- universitarios,
- diplomáticos,
- y sistemas especiales históricamente protegidos por negociación sectorial.
El objetivo del organismo es reducir diferencias de haberes, edad de retiro y condiciones de acceso para simplificar el sistema y reducir presión fiscal.
Pero detrás de esa idea de “armonización” aparece otra discusión política:
la eliminación progresiva de derechos adquiridos y condiciones diferenciales construidas históricamente por distintos sectores laborales.
El informe además deja otra advertencia importante sobre el mercado laboral argentino. El FMI reconoce que la expansión de regímenes simplificados y la informalidad redujeron drásticamente la base contributiva del sistema. Por eso reclama medidas que aumenten la cantidad de aportantes formales.
Sin embargo, ahí aparece una contradicción central del propio programa económico libertario.
Porque mientras el Fondo reclama más formalización previsional, el gobierno de Milei impulsa simultáneamente:
- flexibilización laboral,
- reducción de cargas patronales,
- desregulación de contratación,
- y debilitamiento de convenios colectivos.
Muchos especialistas en seguridad social advierten que esas políticas podrían incluso profundizar la caída futura de aportes previsionales en lugar de resolverla.
La discusión previsional además ocurre en un contexto social extremadamente delicado. Según datos oficiales y relevamientos privados, el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones sufrió una caída muy fuerte desde la llegada de Milei al poder, especialmente por el impacto combinado de inflación, medicamentos, tarifas y alimentos.
Los adultos mayores aparecen hoy entre los sectores más golpeados por el ajuste.
La canasta básica de personas jubiladas creció muy por encima de los haberes mínimos mientras aumentaron:
- costos de salud,
- medicamentos,
- transporte,
- servicios,
- y alquileres.
En paralelo, distintos centros de estudios económicos vienen alertando sobre un crecimiento sostenido de pobreza en adultos mayores que dependen exclusivamente de jubilaciones mínimas o pensiones reducidas.
En ese escenario, las reformas impulsadas por el FMI generan enorme preocupación dentro de organizaciones previsionales, sindicatos y especialistas en seguridad social.
Porque el temor es que el sistema avance hacia una lógica donde la jubilación deje progresivamente de funcionar como derecho universal asociado al trabajo para transformarse en un esquema de capitalización individual encubierta, condicionado casi exclusivamente a la capacidad contributiva de cada persona.
El documento además incorpora otro elemento explosivo: el cuestionamiento directo a la medición oficial de inflación argentina.
El Fondo pidió actualizar urgentemente las canastas utilizadas para calcular el IPC y cuestionó que el Indec continúe utilizando patrones de consumo basados en datos de 2004 en lugar de aplicar actualizaciones más recientes correspondientes a 2017/2018.
La observación no es menor.
Porque la inflación impacta directamente sobre:
- actualización de jubilaciones,
- salarios,
- bonos,
- programas sociales,
- y cálculo de pobreza.
El FMI sostiene que la metodología actual perdió capacidad para reflejar hábitos reales de consumo y pidió reforzar la autonomía técnica del Indec. Esa discusión ya había generado fuertes tensiones internas dentro del organismo estadístico y terminó derivando meses atrás en la salida de Marco Lavagna.
La reforma previsional exigida por el Fondo aparece entonces integrada a una transformación mucho más amplia del modelo económico argentino.
No se trata solamente de jubilaciones.
Lo que está en discusión es:
- cuánto Estado queda financiando protección social,
- quién absorbe el costo del envejecimiento poblacional,
- y qué sectores sociales terminan pagando el ajuste estructural exigido por los organismos internacionales.
Y en ese esquema, millones de jubilados, trabajadores informales y futuros adultos mayores aparecen nuevamente como una de las variables centrales del recorte.
GONZALO SCHWEIZER
