Melina Schweizer
El Gobierno presentó un proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal que regula advertencias nutricionales, publicidad infantil y venta de ultraprocesados en escuelas. Organizaciones sanitarias alertan que Argentina enfrenta más de 25% de obesidad adulta y 12,6% de sobrepeso infantil.
El gobierno de Javier Milei avanzó con uno de los movimientos más sensibles sobre políticas de salud pública desde el inicio de su gestión: la presentación en el Congreso de un proyecto para derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable Nº 27.642, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa busca eliminar el sistema de octógonos negros que advierten sobre exceso de azúcares, grasas, sodio y calorías en alimentos ultraprocesados, pero detrás del discurso oficial sobre “simplificación normativa” aparece algo mucho más profundo: un fuerte retroceso sobre regulaciones sanitarias que afectaban directamente intereses económicos de la industria alimentaria.
La ofensiva libertaria contra la ley no apunta solamente a los sellos visibles en los envases. Lo que está en discusión es todo el esquema regulatorio construido alrededor de la protección alimentaria, especialmente de niñas, niños y adolescentes. Porque la norma vigente no solo obliga a advertir excesos nutricionales. También limita publicidad dirigida a infancias, restringe estrategias de marketing utilizadas por grandes empresas alimenticias y regula la comercialización de determinados productos dentro de escuelas.
Eso es precisamente lo que distintos sectores empresariales buscaron frenar desde que comenzó el debate parlamentario en 2021.
El Gobierno justificó la derogación argumentando que el modelo nutricional adoptado por Argentina —basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)— genera “distorsiones”, “limitaciones técnicas” y “resultados desproporcionados” sobre determinados alimentos. Según el texto oficial, el sistema actual produciría interpretaciones “simplificadas” del perfil nutricional integral de los productos y afectaría la capacidad de las empresas para introducir mejoras graduales en sus formulaciones.
Pero organizaciones médicas, académicas y científicas advierten exactamente lo contrario.
Para especialistas en nutrición y salud pública, el proyecto libertario representa uno de los retrocesos sanitarios más graves de los últimos años porque elimina herramientas destinadas a combatir enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas al consumo masivo de ultraprocesados.
Y los números que rodean esa discusión son contundentes.
Según datos citados por las organizaciones que rechazan la derogación, Argentina registra actualmente:
- 12,6% de sobrepeso infantil en menores de cinco años,
- más de 25% de obesidad en adultos,
- y un crecimiento sostenido de enfermedades asociadas a mala alimentación, hipertensión, diabetes y consumo excesivo de sodio, grasas y azúcares.
La Ley de Etiquetado Frontal había sido aprobada con un consenso político excepcional: 200 votos afirmativos en Diputados y 64 en el Senado. El texto tomó como referencia modelos implementados previamente en Chile, México y otros países latinoamericanos donde los sistemas de advertencia frontal mostraron impacto concreto sobre hábitos de consumo y reformulación industrial.
De hecho, estudios impulsados por organismos internacionales como OPS, UNICEF y FAO sostienen que los sellos de advertencia permiten reducir asimetrías de información entre consumidores y empresas alimentarias, especialmente en contextos donde los ultraprocesados dominan las góndolas y la publicidad.
El caso chileno suele aparecer como antecedente clave.
Desde la implementación de su sistema de etiquetado frontal en 2016, investigaciones publicadas en revistas científicas internacionales detectaron reducción en compra de bebidas azucaradas y cambios en formulación de productos por parte de grandes empresas para evitar sellos negativos. Un estudio de la Universidad de Carolina del Norte y el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de Chile concluyó que las compras de bebidas con alto contenido de azúcar cayeron significativamente después de la entrada en vigencia del etiquetado.
Por eso el debate argentino excede ampliamente la cuestión estética de los octógonos negros.
Lo que está en discusión es la capacidad estatal de intervenir sobre prácticas de comercialización de una de las industrias más poderosas del planeta.
Y ahí aparece otro punto central que el Gobierno deja parcialmente fuera de escena las restricciones publicitarias.
La Ley 27.642 impide que productos con sellos utilicen:
- personajes infantiles,
- dibujos animados,
- influencers,
- celebridades,
- regalos promocionales,
- o estrategias dirigidas específicamente a niños y adolescentes.
También limita su presencia dentro de entornos escolares.
Esas restricciones golpearon directamente estrategias históricas de marketing de grandes compañías alimenticias y bebidas ultraprocesadas.
Por eso distintas organizaciones sostienen que el conflicto real no pasa por supuestas “inconsistencias técnicas” sino por presión empresarial sobre regulaciones que afectaban negocios multimillonarios.
Andrea Graciano, coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, advirtió que la derogación “sería un retroceso sanitario y un golpe a la prevención de la malnutrición”. La especialista remarcó que la ley no se limita al etiquetado sino que constituye una política integral de promoción de alimentación saludable.
La nutricionista explicó además que la norma obliga a declarar azúcares libres en los envases, una información especialmente relevante para personas diabéticas y consumidores que antes no podían identificar claramente determinados componentes nutricionales.
El Gobierno, sin embargo, insiste en otra narrativa.
La administración libertaria sostiene que ya existe un sistema armonizado de información nutricional dentro del MERCOSUR y que las advertencias frontales generan “asimetrías regulatorias” que afectan especialmente a pequeñas y medianas empresas. El texto oficial también cuestiona que la ley incorpore parámetros técnicos directamente dentro del marco normativo, reduciendo —según el Ejecutivo— capacidad de adaptación frente a nuevos consensos científicos.
Pero detrás de ese argumento aparece otro elemento clave del modelo económico impulsado por Milei:
la desregulación sistemática de mecanismos estatales de control sobre mercados.
La ofensiva contra la Ley de Etiquetado Frontal se inscribe dentro de una lógica más amplia donde el Gobierno busca reducir regulaciones sobre:
- alimentos,
- medicamentos,
- consumo,
- ambiente,
- y relaciones laborales,
bajo la idea de que el mercado debe operar con la menor intervención estatal posible.
El problema es que en materia alimentaria las consecuencias sanitarias pueden ser enormes.
La Organización Mundial de la Salud viene advirtiendo desde hace años que América Latina atraviesa una epidemia creciente de enfermedades vinculadas al consumo de ultraprocesados. Argentina aparece particularmente expuesta por sus altos niveles de obesidad infantil, hipertensión y diabetes.
Según documentos de OPS citados por especialistas argentinos, la hipertensión, la hiperglucemia y la obesidad constituyen actualmente tres de los principales factores de riesgo asociados a mortalidad en la región. Todos mantienen relación directa con patrones alimentarios dominados por productos industrializados de baja calidad nutricional.
Por eso las organizaciones que rechazan la derogación consideran que el proyecto oficial no representa solamente una modificación administrativa sino una redefinición profunda del vínculo entre salud pública y mercado alimentario.
La discusión además ocurre en un contexto económico donde el deterioro del poder adquisitivo empuja a millones de familias hacia alimentos ultraprocesados más baratos y menos saludables. Distintos relevamientos muestran que la crisis económica incrementó consumo de productos con altos niveles de sodio, grasas y azúcares debido al encarecimiento de alimentos frescos y nutritivos.
Eso vuelve todavía más sensible cualquier debilitamiento de herramientas informativas o regulatorias.
Porque en un escenario de pobreza creciente y caída salarial, las políticas alimentarias dejan de ser debates secundarios para convertirse directamente en una cuestión sanitaria estructural.
La ofensiva contra el etiquetado frontal también reactiva otra discusión histórica:
quién define qué información reciben los consumidores sobre lo que comen.
Las organizaciones médicas sostienen que sin advertencias claras la industria alimentaria recupera capacidad para ocultar o diluir información nutricional detrás de campañas publicitarias agresivas, envases atractivos y estrategias de marketing orientadas especialmente a infancias.
Por eso el conflicto alrededor de los octógonos negros se volvió mucho más que una pelea estética sobre envases.
Lo que está en juego es si la salud pública continúa teniendo herramientas regulatorias para intervenir sobre una industria multimillonaria que durante décadas construyó buena parte de su rentabilidad alrededor del consumo masivo de productos ultraprocesados.
Melina Orquidea
