Melina Schweizer
La Justicia pidió registros migratorios de la familia del jefe de Gabinete en el marco de una investigación patrimonial. Se analizan viajes al exterior y adquisiciones recientes que no terminan de cerrar en su declaración. El caso suma presión política en medio de cuestionamientos por transparencia.
La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó a complicarse en el plano judicial a partir de una serie de inconsistencias detectadas en su situación patrimonial y en los movimientos de su entorno familiar. En ese contexto, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó registros migratorios de su esposa, Bettina Angeletti, y de sus hijos, con el objetivo de reconstruir los viajes realizados en los últimos meses.
La investigación apunta a determinar si existe correlación entre esos desplazamientos y la evolución del patrimonio del funcionario desde su llegada al gobierno de Javier Milei. Según trascendió, desde diciembre de 2023, Adorni habría adquirido una vivienda en un country y un departamento en una zona de alto valor inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires.
En paralelo, salieron a la luz una serie de viajes al exterior que generaron interrogantes. Entre ellos, un traslado a Nueva York en el avión presidencial, otros viajes a Punta del Este en un avión privado y a Aruba en clase premium, además de una estadía en el hotel Llao Llao de Bariloche.
A esos antecedentes ahora se suma la posibilidad de otros viajes de carácter familiar, incluyendo destinos turísticos en Estados Unidos y México. Si bien estos desplazamientos no implican en sí mismos una irregularidad, forman parte del análisis que intenta establecer si los ingresos declarados por el funcionario resultan compatibles con ese nivel de gastos.
La causa también se vincula con el rol de profesionales intervinientes en operaciones recientes, entre ellos una escribana que habría tenido acceso a la Casa Rosada en fechas cercanas a algunos de los viajes. Ese punto es seguido de cerca por la Justicia para determinar si hubo irregularidades en la tramitación de documentación.
Más allá de los aspectos judiciales, el caso empieza a tener impacto político. La figura de Adorni, que fue uno de los voceros más visibles del gobierno libertario, queda ahora expuesta a cuestionamientos vinculados a transparencia y uso de recursos.
En este tipo de investigaciones, el eje no pasa por los viajes en sí, sino por la relación entre ingresos, patrimonio y gastos. Es decir, si existe coherencia entre lo declarado y el nivel de vida evidenciado.
Por ahora, la causa se encuentra en una etapa preliminar. El pedido de información migratoria es una de las primeras medidas para reconstruir los hechos. A partir de allí, la Justicia deberá determinar si hay elementos suficientes para avanzar en una imputación formal o si las inconsistencias pueden ser justificadas.
El expediente, sin embargo, ya instaló una discusión que trasciende lo judicial: el estándar de transparencia de los funcionarios en un gobierno que llegó con un fuerte discurso contra los privilegios y la corrupción.
Y en ese terreno, las explicaciones empiezan a ser tan importantes como los hechos.
REDACCIÓN
