CONCHITA PRETA
El gobierno impulsa un proyecto de ley para que los periodistas presenten declaraciones juradas de bienes, mientras Manuel Adorni acumula dos departamentos no declarados, un jet privado pagado por un amigo y seis contratos millonarios de ese amigo con la TV Pública. La productora Imhouse, de Marcelo Grandio, facturó 5,8 millones de pesos en agosto de 2024 y 1,1 millones por capítulo en septiembre de 2025, un incremento del 500% en pleno ajuste. La causa por dádivas y enriquecimiento ilícito avanza en Comodoro Py, pero el gobierno prefiere perseguir periodistas antes que dar explicaciones.
La idea nació en el momento menos pensado: cuando Manuel Adorni, el jefe de Gabinete con dos departamentos que no declaró, un viaje en jet privado pagado por un amigo, diez transferencias de ese amigo antes de ser funcionario y una colección de contratos millonarios que él mismo aprobó para la productora del mismo amigo, estaba siendo acribillado a preguntas por los periodistas. En la Rosada pensaron: ¿y si hacemos que ellos también tengan que mostrar sus cuentas?. Y así, de la noche a la mañana, nació el proyecto de ley para que los periodistas presenten declaraciones juradas como los funcionarios públicos.
La información de que la iniciativa ya empezó a circular en los despachos oficiales y llegó al Congreso. Incluso, diputados kirchneristas ya fueron contactados para ver si apoyarían la medida, con la idea de los libertarios de que se sumen dada su propia y larga pelea con los mismos medios que hoy enfrenta Milei.
Los contratos que complican a Adorni
Mientras el gobierno se ocupa de perseguir periodistas, la causa contra Adorni sigue sumando capítulos. La productora Imhouse S.A., propiedad de Marcelo Grandio, firmó seis contratos de coproducción con Radio y Televisión Argentina (RTA) —cinco con la TV Pública y uno con Radio Nacional— que incluyeron ciclos de entrevistas a cargo del periodista amigo del jefe de Gabinete.
Los números son escalofriantes. En agosto de 2024, el primer contrato para el ciclo «Giros en Línea Recta» costó 5,8 millones de pesos por 10 capítulos. Para septiembre de 2025, el mismo ciclo ya costaba 1,1 millones de pesos por capítulo. Un incremento del 500% en poco más de un año, justo cuando el gobierno pregonaba motosierra y ajuste.
El esquema es tan generoso como sospechoso: RTA ponía la estructura (estudios, técnicos, maquillaje, personal, seguridad). Imhouse ponía la organización, el equipamiento adicional y el personal propio. Y en todos los contratos, Imhouse cobraba el 100% de la publicidad hasta cubrir sus costos. Si sobraba, se repartía 50/50 con RTA. Si faltaba, la productora no perdía nada porque el Estado ya había puesto todo.
El ida y vuelta de los favores
La relación entre Adorni y Grandio no empezó con los contratos. Antes de que el funcionario pisara la Rosada, ya recibía transferencias de la productora Imhouse. Fueron diez pagos por un total de 1.670.900 pesos entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023, incluyendo una transferencia de 605.000 pesos justo un día después de la asunción de Milei.
Los investigadores creen que podría haber un circuito de dádivas: Adorni recibía plata de Grandio antes de ser funcionario, y después, ya instalado en el gobierno, le devolvió el favor con contratos millonarios en la TV Pública. El juez federal Ariel Lijo busca determinar si existió una negociación incompatible con la función pública o un presunto enriquecimiento ilícito.
El viaje a Punta del Este que destapó todo fue la frutilla del postre. El piloto Agustín Issin Hansen declaró que el vuelo lo pagó Grandio. La secretaria del piloto ratificó que se trató de una «invitación». Adorni, que había dicho que pagó de su bolsillo, ahora no da más explicaciones porque «hay una investigación judicial en curso».
La excusa rusa que no cierra
Hace dos semanas, el gobierno les sacó las acreditaciones a los periodistas de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, A24 y El Destape. El argumento: que formaban parte de una campaña orquestada por Vladimir Putin para perjudicar a Javier Milei.
La investigación de openDemocracy, que reveló la presunta operación, señalaba que se habrían pagado 283 mil dólares para publicar unos 250 artículos en 23 medios digitales entre abril y octubre de 2024. En la lista aparecían también Infobae y El Cronista, pero esos dos medios no fueron censurados y mantuvieron sus acreditaciones.
La propia editora de openDemocracy, Diana Cariboni, dijo en LN+ que no existen pruebas concluyentes sobre los pagos a los periodistas. «No tenemos pruebas si se pagó a un medio, un periodista o un intermediario», afirmó. La propia nota aclara que no se pudieron «verificar si se realizaron pagos ni a quién».
Es decir, el gobierno usó una investigación que ni siquiera sus propias autoras dan por probada para censurar periodistas. Y ahora, con el mismo entusiasmo, quiere obligarlos a mostrar sus bienes.
La lógica del «y vos más»
La ley para que los periodistas presenten declaraciones juradas no es una medida de transparencia. Es una venganza. Es la misma lógica del «y vos más» que usan los chicos en el patio del colegio cuando los acusan de algo. Adorni tiene que explicar cómo hizo para comprar un departamento en Caballito con la plata de dos jubiladas, y en lugar de dar explicaciones, el gobierno quiere que los periodistas muestren si ellos también tienen propiedades.
El problema es que el periodismo no es una función pública. Los periodistas no manejan fondos del Estado. No firman decretos. No adjudican licitaciones. No cobran sueldos millonarios pagados por los impuestos de todos los argentinos. Su trabajo es contar lo que pasa, no administrar lo que hay.
La búsqueda de cómplices
Los libertarios ya tantean a diputados kirchneristas para ver si apoyarían la iniciativa. La estrategia es clara: si logran sumar a la oposición, el proyecto puede avanzar. Y si el kirchnerismo se niega, el gobierno dirá que son cómplices de los periodistas que los persiguieron durante años.
La jugada es perversa, pero no nueva. Es la misma que usaron para justificar la censura en la Rosada: si los medios son críticos, es porque están pagados por el enemigo. Y si los periodistas investigan a Adorni, es porque tienen algo que esconder.
La declaración jurada que nadie pidió
El gobierno quiere que los periodistas presenten declaraciones juradas. Pero los periodistas no tienen la obligación de mostrar sus cuentas bancarias para poder trabajar. La transparencia no es un arma arrojadiza para golpear a los que investigan. Es una herramienta para controlar a los que administran.
Adorni tiene dos departamentos que no declaró. Un viaje en jet privado que pagó su amigo. Dos jubiladas que le prestaron 200 mil dólares sin interés. Seis contratos millonarios que él mismo aprobó para la productora de su amigo. Todo eso está en la Justicia. Y en lugar de dar explicaciones, el gobierno quiere que los periodistas muestren si ellos también tienen propiedades.
Andá, Milei, seguí persiguiendo periodistas mientras Adorni se hunde. Seguí censurando medios mientras tu jefe de Gabinete no puede explicar de dónde sacó la plata para su departamento. La declaración jurada que deberías pedir no es la de los periodistas. Es la de tus propios funcionarios. Empezá por casa, campeón.
Andá, Milei, seguí persiguiendo periodistas mientras la causa contra Adorni sigue sumando capítulos. Seguí censurando medios mientras tu jefe de Gabinete no puede explicar cómo hizo para comprar un departamento en Caballito con la plata de dos jubiladas. La declaración jurada que deberías pedir no es la de los periodistas. Es la de tus propios funcionarios. Empezá por casa, campeón.
