REDACCIÓN
El Presidente anunció que enviará al Congreso una reforma para eliminar las PASO, modificar el financiamiento político y avanzar con Ficha Limpia. El proyecto abre la puerta a mayor financiamiento privado y cambia las reglas de competencia electoral. La discusión de fondo: quién puede competir y en qué condiciones.
El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso una reforma electoral que apunta a cambiar de raíz el sistema vigente. El anuncio incluyó tres ejes: eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), modificación del financiamiento político y la implementación de la ley de Ficha Limpia para todos los candidatos.
El mensaje fue claro y en tono de campaña: “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, escribió el mandatario. La frase sintetiza el argumento oficial, pero también abre una discusión más profunda sobre el impacto real de los cambios propuestos.
Las PASO, vigentes desde 2011, no solo ordenaban las internas partidarias. También funcionaban como un filtro democrático que permitía a cualquier ciudadano participar en la selección de candidatos, más allá de su afiliación política. Su eliminación no elimina la competencia interna: la traslada hacia adentro de los partidos, donde el acceso suele estar más condicionado por estructuras, acuerdos y recursos.
En ese punto aparece el núcleo del debate. Sin PASO, la definición de candidaturas deja de pasar por el voto abierto y queda más concentrada en las dirigencias partidarias. En la práctica, eso puede traducirse en menos participación y más peso de los aparatos políticos o del financiamiento.
Y ahí entra el segundo eje del proyecto.
Aunque el Gobierno no difundió aún el texto completo, anticipó que avanzará en cambios en el financiamiento electoral, con la posibilidad de ampliar el rol del aporte privado. Esa combinación —menos instancias abiertas y mayor peso del dinero en campaña— modifica el equilibrio del sistema.
No se trata solo de cuánto cuesta la política, sino de quién puede pagar ese costo.
En un escenario sin PASO, las fuerzas con menos estructura o menor financiamiento pierden una herramienta clave para posicionar candidatos. Las primarias, con todas sus críticas, permitían que figuras emergentes compitieran en igualdad de condiciones dentro de su espacio. Sin ese mecanismo, la competencia se vuelve más cerrada.
El tercer punto del proyecto, la ley de Ficha Limpia, apunta a impedir que personas con condenas por corrupción en segunda instancia puedan ser candidatas. Es una iniciativa que ya tuvo impulso legislativo en años anteriores y que cuenta con respaldo en sectores de la oposición, aunque también genera debates jurídicos sobre la presunción de inocencia y los tiempos judiciales.
El Gobierno busca presentar la reforma como un paquete integral de “modernización” del sistema político. Sin embargo, el contexto en el que se impulsa no es menor. A un año y medio de las elecciones presidenciales de 2027, cualquier modificación en las reglas de juego impacta directamente en la estrategia de los partidos.
La eliminación de las PASO, en particular, altera el modo en que la oposición ordena sus internas. Para espacios con múltiples liderazgos, ese mecanismo era una herramienta para dirimir candidaturas sin romper coaliciones. Sin él, la negociación vuelve a cerrarse hacia adentro, con más tensión y menos participación externa.
La discusión recién empieza. El proyecto deberá atravesar el Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría propia y necesitará acuerdos para avanzar. Pero más allá del trámite legislativo, lo que ya está planteado es el eje del conflicto: no solo si las PASO son útiles o no, sino qué tipo de sistema electoral queda en pie si desaparecen.
Porque en política, cambiar las reglas nunca es neutro.
Siempre define ganadores y perdedores.
Y esta vez, la discusión es quiénes van a poder competir… y quiénes van a quedar mirando desde afuera.
Rodolfo Gudino
Melina Schweizer
