Melina Schweizer
La declaración judicial del ex polista Hugo Alberto Barabucci sobre una “donación” de US$2 millones desde Emiratos Árabes para comprar tierras en la cordillera rionegrina abrió un frente político y judicial de alto voltaje. La operación involucra unas 19.000 hectáreas en zona sensible y ya motivó pedidos formales de investigación por posible violación de la ley de tierras, ingreso irregular de divisas y lavado.
La noticia no es solamente que un empresario haya reconocido en un juicio haber comprado miles de hectáreas con fondos provenientes del Golfo. La noticia es que esa confesión, hecha en sede judicial, coloca bajo una nueva luz un viejo problema argentino: la combinación entre tierra, opacidad financiera, capital extranjero, zonas de frontera y debilidad —o ausencia— de control estatal.
Lo que está en discusión no es solo una escritura. Es un modelo de apropiación territorial. La parte mejor corroborada del caso es esta: durante el juicio en Bariloche contra la mujer mapuche Soledad Cayunao, finalmente absuelta, Hugo Barabucci declaró haber comprado el campo con una “donación” de US$2 millones proveniente de Emiratos Árabes Unidos. Esa información fue publicada por medios de alcance nacional y regional, entre ellos La Nación y el diario Río Negro, que además informaron que legisladores provinciales reclamaron investigar el origen de los fondos y la legalidad de la operación.
El dato judicial es delicado por sí mismo. Pero se vuelve más grave por la localización del predio. Según la información difundida, se trata de tierras en el área de Alto Río Chubut/Cerro Carreras, en proximidad con la frontera chilena y dentro de una zona ambientalmente sensible. En Argentina, la compra de tierras rurales por extranjeros en áreas de seguridad de frontera está regulada por la Ley 26.737, que fija límites y restricciones específicas para evitar concentración extranjera en territorios estratégicos. La norma establece topes de titularidad y un régimen especial para este tipo de adquisiciones.
Acá aparece el primer punto central del análisis: en este expediente no se discute solamente de dónde vino el dinero, sino también quién era realmente el comprador. Si los fondos provinieron del exterior y si, como se sostiene, se habría utilizado una estructura de sociedades y fiduciarias para encubrir al beneficiario final, entonces el problema deja de ser registral y pasa a ser penal, administrativo y geopolítico al mismo tiempo. La hipótesis de uso de testaferros o “personas interpuestas” es especialmente sensible porque la ley argentina prohíbe eludir indirectamente las limitaciones impuestas a extranjeros.
El segundo punto es el circuito financiero. Según la reconstrucción citada en la denuncia política y replicada por medios provinciales, el dinero habría salido del First Gulf Bank de Abu Dhabi, pasado por una cuenta del JP Morgan en Nueva York y no habría ingresado por los carriles financieros habituales del sistema argentino. Esa secuencia no está judicialmente probada en su totalidad, pero ya fue considerada suficientemente grave como para motivar pedidos de intervención del Ministerio Público y consultas sobre posibles delitos como contrabando de divisas, evasión o lavado.
Esto importa por una razón simple: en un país con controles cambiarios históricos, regulación sobre activos externos y legislación específica para la tierra rural, una operación de esta magnitud no debería pasar desapercibida. Si pasó, hay dos posibilidades igualmente problemáticas: o los organismos de control no vieron, o vieron y no actuaron.
Ahí entra Weretilneck.
La dimensión más explosiva del caso no es la compra en sí, sino el señalamiento político sobre la eventual responsabilidad por omisión del gobierno provincial. La nota que aportaste va más allá y liga al gobernador Alberto Weretilneck con una red de vínculos con capitales qataríes y con nombres del mundo del fútbol como Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon. Esa parte, por ahora, no aparece corroborada en agencias ni en otros medios verificados que pude revisar. Lo que sí está confirmado por medios regionales y nacionales es que el caso escaló políticamente, que la senadora y legisladora Magdalena Odarda pidió informes e investigación, y que la compra con dinero emiratí quedó bajo sospecha pública.
Esa distinción es importante. Hay una base verificable: la declaración de Barabucci, la absolución de Cayunao, los pedidos de investigación y el encuadre bajo la ley de tierras. Y hay una capa todavía no corroborada de modo independiente: la presunta “ruta del dinero qatarí” y la conexión política específica con Toviggino. Periodísticamente, mezclar ambas cosas como si tuvieran el mismo nivel de comprobación debilita la nota. Separarlas, en cambio, la fortalece.
Dicho esto, el impacto político sobre Weretilneck existe igual.
¿Por qué?. Porque el caso vuelve a poner en escena una discusión muy antigua en la Patagonia: la relación entre grandes capitales, tierras estratégicas, comunidades originarias y pasividad estatal. El antecedente de Joe Lewis y el conflicto por el acceso al Lago Escondido sigue siendo el ejemplo más conocido de esa tensión. En ese marco, cada nueva operación opaca sobre miles de hectáreas no se lee como un episodio aislado, sino como parte de una continuidad.
También hay un componente de soberanía territorial que no puede subestimarse. No es lo mismo comprar un campo cualquiera que adquirir casi 19.000 hectáreas en una zona de frontera, ambientalmente sensible y atravesada por disputas históricas con comunidades mapuches. En Argentina, la tierra patagónica tiene una carga política mucho más densa que su valor inmobiliario: involucra recursos naturales, acceso al agua, control de corredores estratégicos y capacidad de proyección de actores extranjeros sobre territorios escasamente poblados.
Por eso el precio mencionado —apenas unos US$106 por hectárea, según la reconstrucción publicada— también llamó la atención. No solo por lo bajo de la valuación en una zona de alto valor ambiental, sino porque en operaciones de esta naturaleza el subprecio puede ser una señal de otras irregularidades: ocultamiento del valor real, triangulación o simple simulación de condiciones de mercado que no existieron.
El trasfondo judicial con Cayunao refuerza aún más la dimensión política. La mujer mapuche fue absuelta, y el proceso terminó funcionando como una vía inesperada para exponer las condiciones en las que Barabucci dijo haber comprado esas tierras. En vez de consolidar una acusación contra una integrante de una comunidad originaria, el juicio terminó dejando preguntas sobre el origen del título del denunciante. Ese giro altera el sentido del caso: de un conflicto local por presunta usurpación pasó a una discusión sobre legitimidad de la propiedad, financiamiento y control estatal.
La pregunta más incómoda para Weretilneck no es si conocía cada detalle de la operación. Es otra: cómo pudo ocurrir una maniobra de esta escala en una provincia donde el Estado tiene organismos específicos para registrar, fiscalizar y controlar tierras, sobre todo en zonas sensibles. Si el gobierno no responde, el silencio se vuelve parte del problema. Y en política, a veces la omisión daña más que una explicación insuficiente.
En términos federales, el caso puede crecer. La combinación de dinero extranjero, cuentas fuera del país, tierra de frontera y posible uso de estructuras societarias para ocultar beneficiarios finales excede por completo el interés provincial. Si avanza una pesquisa por lavado o por violación de la ley de tierras, la cuestión pasa al terreno nacional. Y si eso ocurre, el costo político para el gobernador ya no será solo local.
En definitiva, el caso Barabucci no expone únicamente una compra dudosa. Expone un patrón posible: capital extranjero operando sobre territorio estratégico con estructuras opacas y bajo un Estado que, como mínimo, aparece tarde. Lo que hoy está probado alcanza para encender alarmas. Lo que todavía no está corroborado —la conexión política más amplia con Qatar, Toviggino y el entorno de Weretilneck— merece ser investigado, no afirmado como hecho consumado.
Y justamente ahí está el punto central de la noticia: no en la anécdota del polista, sino en la posibilidad de que una confesión judicial haya abierto una ventana hacia algo mucho más grande —una forma de acumulación territorial en la Patagonia donde la soberanía, la legalidad y el control público quedan siempre un paso atrás del dinero.
REDACCIÓN
