Jorge R. Schweizer
La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que falta de su domicilio en barrio Alberdi desde el sábado 22 de mayo, no es un hecho policial aislado. La investigación judicial derivó en la detención e imputación de Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años que se desempeña en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba. La causa acumula elementos que trascienden la esfera penal y exponen una red de vínculos entre el poder político, los servicios de inteligencia y las organizaciones criminales que controlan el fútbol argentino.
El principal sospechoso no es un delincuente común. Es un barra brava de Instituto Atlético Central Córdoba con antecedentes penales, que ingresó a la administración pública municipal el 9 de diciembre de 2021, durante la intendencia de Martín Llaryora, hoy gobernador de la provincia . La fecha de ingreso es relevante porque la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género de la ciudad de Córdoba, a cargo de Eugenia Pérez Moreno, imputó a Barrelier por «homicidio calificado por el vínculo» por el crimen de su expareja, Jesica Celeste Maldonado, en diciembre de 2022 . Ese hecho ocurrió un año después de su designación como empleado municipal.
Barrelier trabajaba en la planta transitoria de la Municipalidad de Córdoba en el sector de Licencias de Conducir. Su función: declarar inhabilitados para que no puedan renovar su carnet de conductor . El acceso a esa base de datos no es menor. Un barra brava con causas penales abiertas tenía a su disposición información sensible de miles de ciudadanos cordobeses.
Además, la investigación reveló que Barrelier mantenía contacto con integrantes de la barra brava de Instituto y vínculos con el concejal del bloque Hacemos Unidos por Córdoba (cambiemitas) Ricardo Moreno. La cercanía con el edil no es un dato anecdótico. Las organizaciones criminales no prosperan sin protección institucional. La pregunta que debe responder la justicia es si esa protección existe y hasta qué nivel alcanza.
El marco normativo: la inacción del Estado frente a la criminalidad organizada
El 27 de noviembre de 2024, el entonces jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, recibió en su despacho a representantes de la barra brava de Instituto para discutir la homologación de la lista de inhabilitados en el marco del programa «Tribuna Segura» . Un funcionario de la máxima jerarquía del Poder Ejecutivo nacional sentándose a negociar con una organización criminal. El hecho no tuvo consecuencias políticas. Nadie pidió explicaciones. Nadie abrió una investigación.
El 28 de febrero de 2025, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, presentó un proyecto de «Ley Antibarras» para desarticular las organizaciones criminales que operan en el fútbol argentino. La iniciativa contempla la tipificación de las barras como asociaciones ilícitas, el decomiso de bienes y activos, y la inhabilitación perpetua para ingresar a espectáculos deportivos. La ley, sin embargo, sigue durmiendo en el Congreso. El oficialismo, que la presentó con bombos y platillos, nunca la trató. La oposición, que en teoría la apoya, tampoco la impulsó.
El proyecto nunca se trató. Las barras siguen operando. Los negocios ilegales siguen intactos. El caso de Agostina Vega es la consecuencia de esa inacción.
El caso de Ezequiel Sosa: una advertencia ignorada
El precedente más cercano a la situación actual es la detención de Ezequiel Sosa, integrante de la barra de Unión de Santa Fe, acusado de liderar una organización criminal dedicada al narcomenudeo, que operaba con protección policial y política. Sosa fue detenido en enero de 2025 . Su caso sigue en la justicia, pero no modificó las prácticas en el resto del país. Las barras del Tatengue siguieron operando como si nada hubiera pasado.
La respuesta institucional y sus limitaciones
El gobierno nacional, por su parte, no es ajeno a la utilización política de las barras. En marzo pasado, la ministra Bullrich ordenó identificar y judicializar a referentes de hinchadas de Independiente, San Lorenzo y Rosario Central que participaron en la movilización de jubilados contra el ajuste previsional. La medida fue interpretada como un intento de desviar la atención de la crisis previsional y criminalizar la protesta social. Pero lo que quedó claro es que las barras no solo operan en los estadios. También se mueven en el terreno de la política. Y lo hacen en todas las direcciones.
En el plano internacional, Argentina comparte con Estados Unidos información sobre barras bravas en el marco del programa «Tribuna Segura». El Ministerio de Seguridad remitió información de 372.716 personas con antecedentes en la vía pública a la agencia estadounidense encargada de control migratorio (ICE) . El acuerdo fue firmado el 19 de abril durante la visita de la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a Estados Unidos . La colaboración, si bien necesaria, no sustituye la acción del Estado argentino para desarticular las organizaciones criminales en su propio territorio.
El caso de Agostina Vega no es un hecho policial aislado. Es la punta de un iceberg que se viene gestando hace años. Un empleado municipal, barra de Instituto y militante peronista, con vínculos comprobados con un concejal de la ciudad, está detenido por la desaparición de una nena de 14 años. La policía allanó su casa. La justicia lo imputó. Pero las preguntas que quedan flotando son muchas.
¿Cómo ingresó Barrelier a la Municipalidad de Córdoba con antecedentes penales? ¿Quién lo protegió? ¿Quién lo recomendó? ¿Qué hacía un concejal del peronismo cordobés fotografiándose con un barra brava? ¿Por qué la Legislatura provincial no investiga estos vínculos? ¿Por qué el Congreso nacional no trata la Ley Antibarras?
El gobierno nacional prometió una ley que nunca se trató. El gobierno provincial tiene en su nómina de empleados a un sospechoso de secuestro. Las barras de Instituto se matan entre ellas por el control de los negocios ilegales. La policía registró incidentes en todos los partidos de local de Instituto en 2022. Y sin embargo, nadie hizo nada.
Agostina Vega sigue desaparecida. La policía la busca. La justicia la busca. La familia, también. Pero los que tendrían que haber actuado antes para evitar que un barra brava llegara a ser empleado municipal, con protección política y vínculos partidarios, ya están mirando para otro lado.
GONZALO SCHWEIZER
