Jorge R. Schweizer
Washington atacó instalaciones militares en Bushehr y otros puntos del litoral iraní, mientras Teherán respondió contra bases estadounidenses y buques comerciales. Trump reinstaló el bloqueo sobre los puertos de Irán y pretende cobrar un 20 % por garantizar el tránsito en Ormuz. Israel, que participó del inicio de la guerra, mantiene una zona de control dentro del sur del Líbano y condiciona su retirada al desarme de Hezbolá.
La tregua que debía abrir un camino hacia un acuerdo permanente entre Estados Unidos e Irán quedó reducida a una pausa entre dos fases de una misma guerra. Durante una ofensiva de aproximadamente cinco horas, las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos militares situados en Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abbas, en una nueva jornada de bombardeos que volvió a colocar a Medio Oriente al borde de una confrontación regional abierta.
El Comando Central de Estados Unidos informó que la operación tuvo como blancos sistemas de defensa costera, emplazamientos de misiles y drones y capacidades navales iraníes. Teherán confirmó explosiones en Bushehr y sostuvo que cuatro sectores de la ciudad habían sido alcanzados. Hasta el momento, sin embargo, no existe una verificación independiente completa sobre los daños ni evidencia de que la central nuclear de Bushehr haya sido atacada durante esta ofensiva.
La precisión es fundamental. Estados Unidos confirmó ataques contra objetivos militares ubicados en la zona de Bushehr, pero no reconoció una operación contra la instalación nuclear. En un conflicto activo, confundir la ciudad con la central podría instalar la falsa impresión de un incidente radiológico o de una ofensiva deliberada contra infraestructura atómica. Nada de eso fue demostrado hasta ahora.
La ausencia de un ataque confirmado contra la planta no reduce la gravedad de la escalada. Bushehr es una de las áreas estratégicas más sensibles de Irán y cualquier operación militar en sus inmediaciones aumenta el riesgo de un error de cálculo. La guerra ya no se concentra únicamente en el programa nuclear: alcanza puertos, defensas costeras, bases militares, rutas comerciales, terminales energéticas y territorios de países árabes que alojan fuerzas estadounidenses.
Irán respondió con misiles contra una base norteamericana en Jordania y lanzó ataques dirigidos a Estados del Golfo que albergan tropas o infraestructura militar de Washington. También reivindicó nuevas acciones contra petroleros y embarcaciones que, según la Guardia Revolucionaria, ignoraron las instrucciones iraníes para navegar por el estrecho de Ormuz.
Jordania aseguró haber interceptado cuatro proyectiles que ingresaron en su espacio aéreo. La expansión de los ataques vuelve a colocar a Bahréin, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y otros países de la región ante una contradicción estratégica: aunque sus gobiernos no se consideren participantes directos de la guerra, la presencia militar estadounidense en sus territorios los convierte, desde la perspectiva iraní, en piezas del dispositivo utilizado contra Teherán.
Ormuz se convierte en el frente inmediato de la guerra
El estrecho de Ormuz pasó a ocupar el centro inmediato de la confrontación militar, aunque el programa nuclear continúa siendo uno de los asuntos fundamentales de cualquier acuerdo definitivo. Por esa vía marítima circulaba, antes de la guerra, cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. La reducción del tráfico, los ataques contra embarcaciones y el aumento de los seguros marítimos volvieron a trasladar el costo del conflicto hacia los mercados internacionales.
Irán sostiene que posee autoridad para organizar el tránsito por el estrecho y exige que los buques se registren y utilicen rutas próximas a su costa. Estados Unidos rechaza esa pretensión y afirma que Ormuz debe permanecer abierto a la navegación internacional. Sin embargo, la respuesta de Donald Trump introdujo una contradicción que desafía la propia doctrina de libre tránsito invocada por Washington.
El presidente estadounidense anunció que reinstalará el bloqueo marítimo sobre Irán y que su país asumirá el papel de “guardián” del estrecho. Además, propuso cobrar una tarifa equivalente al 20 % de las cargas transportadas como compensación por la protección estadounidense.
La propuesta no se limita a garantizar la seguridad naval. Implica que Washington pretende atribuirse la capacidad de controlar una vía internacional, decidir qué embarcaciones pueden circular y cobrar por el tránsito de mercaderías que no pertenecen a Estados Unidos.
La Organización Marítima Internacional cuestionó la iniciativa y recordó que no existe fundamento jurídico para imponer peajes obligatorios por el simple paso a través de un estrecho utilizado para la navegación internacional. El derecho marítimo permite cobrar por servicios concretos prestados a un buque, pero no transformar la libertad de tránsito en una concesión económica administrada por una potencia militar.
Estados Unidos e Irán no han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aunque buena parte de las reglas aplicables a los estrechos internacionales son reconocidas como derecho consuetudinario. El principio central es que el tránsito no puede ser suspendido arbitrariamente ni quedar condicionado al pago de una tarifa impuesta unilateralmente.
La pretensión estadounidense establece, además, un precedente peligroso. Si una potencia puede cobrar por proteger una ruta marítima internacional, otros Estados podrían invocar la misma doctrina en el estrecho de Malaca, Bab el-Mandeb, el Bósforo o cualquier paso estratégico. La libertad de navegación dejaría de ser una norma común para convertirse en un servicio ofrecido por quien posea suficiente poder militar para imponerlo.
El bloqueo sobre Irán
El Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por fuerzas navales estadounidenses, comunicó que el bloqueo alcanza los puertos, las terminales petroleras y las zonas costeras de Irán. Las embarcaciones que intenten ingresar o salir sin autorización podrán ser interceptadas, desviadas o capturadas, y la fuerza podría utilizarse contra quienes desobedezcan las órdenes.
Washington sostiene que el tránsito neutral de buques que se dirijan hacia países distintos de Irán permanecerá habilitado. Sin embargo, la Marina estadounidense se atribuye en los hechos la facultad de interferir directamente con el comercio exterior iraní.
El bloqueo constituye una medida militar coercitiva propia de un conflicto armado. No es una simple sanción económica ni una declaración diplomática. Supone utilizar fuerzas navales para impedir que un Estado comercie libremente a través de sus puertos y para controlar físicamente el ingreso y la salida de embarcaciones.
La medida profundiza la confrontación y reduce todavía más el margen disponible para reconstruir el acuerdo de sesenta días. Irán considera que Estados Unidos pretende apropiarse del estrecho y utilizar el bloqueo para estrangular su economía. Washington sostiene que intenta garantizar la libertad marítima frente a los ataques iraníes contra petroleros y buques mercantes.
Ambas partes presentan sus operaciones como defensivas mientras amplían sus capacidades coercitivas. Irán condiciona el tránsito y ataca embarcaciones que no reconocen sus instrucciones. Estados Unidos bloquea puertos iraníes y pretende cobrar por asegurar una ruta que afirma defender como espacio de libre navegación.
El estrecho como “arma dorada” de Irán
Durante décadas, las autoridades iraníes amenazaron con cerrar Ormuz, pero comprendían que esa decisión perjudicaría también a la economía nacional, afectaría a sus vecinos y podría justificar una intervención militar internacional. La guerra iniciada el 28 de febrero modificó ese cálculo estratégico.
Estados Unidos e Israel lanzaron conjuntamente los ataques que abrieron la actual confrontación. Las operaciones alcanzaron instalaciones militares y nucleares iraníes y provocaron la muerte del líder supremo Alí Jamenei y de figuras centrales del aparato político y militar de Teherán.
Desde entonces, Irán presenta el control del estrecho como su principal instrumento de presión. Fuentes y analistas iraníes lo describieron como el “arma dorada” del país: la capacidad de trasladar a la economía mundial el precio de cualquier ofensiva contra su territorio.
El memorándum interino firmado en junio buscaba restablecer el tránsito comercial sin peajes durante sesenta días y abrir una negociación permanente. Sin embargo, el texto no resolvió quién tenía autoridad para regular las rutas ni eliminó la posibilidad de futuras tarifas.
Teherán interpretó el acuerdo como un reconocimiento de su capacidad para administrar el paso marítimo. Washington entendió que Irán había aceptado mantenerlo abierto sin condiciones. Esa ambigüedad permitió anunciar una tregua, pero dejó intacta la causa inmediata del conflicto.
La disputa por Ormuz desplazó momentáneamente al programa nuclear como foco operativo de la guerra. No lo reemplazó definitivamente. Estados Unidos continúa exigiendo límites al enriquecimiento de uranio e inspecciones internacionales más amplias, mientras Irán mantiene que tiene derecho a desarrollar energía nuclear con fines civiles.
El estrecho se convirtió en la prioridad militar porque es el instrumento con el que Teherán puede responder inmediatamente a la superioridad aérea y naval estadounidense. El programa nuclear, en cambio, continúa siendo el núcleo político de una eventual negociación de largo plazo.
Israel no es un actor secundario
Reducir la guerra a un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán oculta la participación decisiva de Israel. Washington y Tel Aviv iniciaron conjuntamente la ofensiva del 28 de febrero, y el gobierno de Benjamin Netanyahu mantiene objetivos propios que no siempre coinciden con las necesidades diplomáticas de Trump.
Israel busca debilitar de manera duradera las capacidades militares iraníes, destruir la infraestructura de Hezbolá, alejar a la organización de su frontera y modificar el equilibrio regional construido por Teherán. Estados Unidos comparte buena parte de esos objetivos, pero también necesita estabilizar Ormuz, contener el precio del petróleo y exhibir un acuerdo que pueda presentarse como una victoria política.
Israel no firmó el memorándum interino entre Washington y Teherán y no considera que ese entendimiento limite sus operaciones. Su campaña en Líbano se reactivó después del comienzo de la guerra contra Irán y continúa pese a los intentos estadounidenses por alcanzar una salida negociada.
Las fuerzas israelíes consolidaron una zona de control militar de aproximadamente ocho a diez kilómetros de profundidad en sectores del sur libanés. Esa franja no se extiende necesariamente de manera uniforme sobre toda la frontera, pero comprende posiciones desde las cuales Israel condiciona cualquier retirada al desarme completo de Hezbolá.
Más de un millón de personas fueron desplazadas dentro de Líbano y el Ministerio de Salud libanés informó más de 4.000 muertos desde la reanudación de los combates, sin discriminar públicamente en esa cifra cuántos eran civiles y cuántos combatientes. Israel reportó, por su parte, la muerte de soldados y civiles como consecuencia de los ataques de Hezbolá.
La guerra libanesa no es una consecuencia secundaria del conflicto. Forma parte del intento israelí de alterar la estructura regional asociada con Irán. Hezbolá constituye el principal aliado militar de Teherán en el Mediterráneo oriental, y su desarme reduciría significativamente la capacidad iraní de proyectar poder sobre la frontera israelí.
El acuerdo que nadie puede cumplir por sí solo
Israel y Líbano reanudaron negociaciones en Roma bajo mediación estadounidense para implementar el marco acordado el 26 de junio. El documento contempla el desarme de Hezbolá, el despliegue del Ejército libanés en el sur y la retirada progresiva de las fuerzas israelíes.
El problema es que las condiciones se bloquean mutuamente. Israel sostiene que no se retirará mientras Hezbolá conserve sus armas. La organización chiita rechaza desarmarse mientras tropas israelíes permanezcan en territorio libanés. El gobierno de Beirut exige una retirada inicial de zonas piloto antes de avanzar con el resto del acuerdo.
Estados Unidos coordina aspectos operativos con las fuerzas israelíes y libanesas, pero ninguna de las partes confía plenamente en el cumplimiento de la otra. El acuerdo corre el riesgo de legitimar una ocupación prolongada si la retirada queda supeditada a condiciones que no pueden verificarse ni aplicarse simultáneamente.
La injerencia israelí convierte el memorándum entre Washington y Teherán en un pacto incompleto. Estados Unidos puede ordenar una pausa a sus propias fuerzas, pero Israel mantiene libertad de acción. Irán puede ejercer influencia sobre Hezbolá, pero no dispone necesariamente de un control absoluto sobre sus decisiones, especialmente cuando la organización enfrenta la exigencia de entregar sus armas bajo ocupación extranjera.
La diplomacia intenta cerrar una guerra regional mediante acuerdos parciales suscriptos por actores que no controlan completamente todos los frentes.
Bab el-Mandeb como segundo punto de presión
La posibilidad de una expansión hacia el mar Rojo introduce un nuevo riesgo. Irán y sus aliados hutíes comenzaron a presentar el estrecho de Bab el-Mandeb como un segundo frente posible de presión sobre el comercio internacional.
Los hutíes, que ya afectaron la navegación del mar Rojo durante el conflicto iniciado en Gaza en 2023, amenazaron con intensificar sus operaciones si los ataques estadounidenses contra Irán continúan. No existen evidencias de que Irán controle directamente Bab el-Mandeb ni de que se haya adoptado una decisión definitiva de cerrarlo.
La amenaza, sin embargo, amplía el campo de batalla. Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico. Bab el-Mandeb comunica ese océano con el mar Rojo y el canal de Suez. La interrupción simultánea de ambos corredores obligaría a desviar embarcaciones alrededor del continente africano, elevaría los costos logísticos y provocaría una crisis comercial de alcance global.
La utilización de rutas marítimas como instrumentos de coerción coloca a la economía mundial dentro del teatro de operaciones. Ya no se trata únicamente de destruir instalaciones militares o negociar fronteras. Cada ataque contra un petrolero y cada amenaza de cierre impactan sobre la energía, el transporte, los alimentos y la inflación en países que no participan del conflicto.
Una guerra que nunca terminó
Trump comunicó al Congreso que las hostilidades con Irán se reanudaron el 7 de julio y sostuvo que comenzó un nuevo plazo de sesenta días bajo la Ley de Poderes de Guerra. Esa interpretación es cuestionada por legisladores que consideran que una tregua transitoria no debería permitir a la Casa Blanca reiniciar indefinidamente los plazos legales para mantener fuerzas en combate sin una nueva autorización parlamentaria.
La administración afirma que los bombardeos responden a ataques iraníes contra buques comerciales y bases estadounidenses. Teherán acusa a Washington de haber destruido la tregua y de utilizar la libertad de navegación como argumento para controlar militarmente Ormuz.
Israel, mientras tanto, continúa su campaña en Líbano y condiciona su retirada a la eliminación de la capacidad armada de Hezbolá. Cada actor considera que la presión militar mejorará su posición en una negociación futura.
Ese cálculo encierra el mayor peligro. Una guerra utilizada como instrumento diplomático puede dejar de ser controlable. Un ataque contra una instalación nuclear, el hundimiento de un gran petrolero, un misil que provoque numerosas víctimas en una base estadounidense o una ofensiva israelí más profunda en Líbano podrían eliminar los márgenes políticos que todavía permiten retroceder.
La ofensiva sobre Bushehr no es un episodio aislado. Forma parte de una guerra por el equilibrio regional, el control de las rutas energéticas, la capacidad militar iraní y el futuro político del Líbano.
Ormuz es hoy el centro visible de la confrontación, pero Israel continúa siendo uno de sus motores principales. La campaña iniciada en febrero debilitó a Irán, reabrió la guerra libanesa y convirtió la navegación internacional en un instrumento de presión militar y económica.
Mientras Washington afirma defender el libre tránsito y propone cobrar por garantizarlo, Teherán reivindica su autoridad sobre el estrecho e Israel condiciona su retirada de Líbano al desarme de su adversario, la diplomacia intenta construir una paz entre actores que todavía creen que la guerra puede ofrecerles mejores resultados.
El acuerdo de sesenta días no es todavía un camino hacia la paz. Es el intervalo inestable durante el cual cada parte intenta destruir suficiente capacidad enemiga para sentarse a negociar desde una posición de fuerza.
Melina Schweizer
Rodolfo Gudino
