Diputados y senadores firmaron un acta para revertir la Ley 27.610. La iniciativa reabre el debate sobre derechos conquistados y se da en medio de tensiones políticas dentro del oficialismo.
Un grupo de legisladores nacionales de La Libertad Avanza firmó esta semana un acta de compromiso para impulsar la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), reactivando un debate que parecía saldado en el Congreso argentino desde su sanción en 2020.
El documento expresa la voluntad de “trabajar activamente en la defensa de las dos vidas, hasta el logro de la derogación definitiva” de la normativa vigente, a la que califican como “inconstitucional”.

Quiénes firmaron
Entre los legisladores identificados que suscribieron el acta se encuentran los diputados:
- Santiago Santurio
- Rubén Torres
- Gladys Humenuk
- María Luisa Estevarena
- Mónica Becerra
- Santiago Pauli
- Miguel Rodríguez
- Andrea Vera
- Bárbara Andreussi
- Carlos Zapata
- Jairo Guzmán
- Andrea Muñoz
También trascendió que otros referentes del espacio comparten la iniciativa y buscan ampliar apoyos dentro del oficialismo, aunque no todos los integrantes del bloque firmaron el documento.
Una ofensiva política sobre derechos vigentes
La Ley 27.610, que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, fue aprobada tras años de movilización del movimiento feminista y amplios debates parlamentarios.
Desde entonces, su implementación ha sido respaldada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que la consideran una política clave en materia de salud pública y autonomía de las personas gestantes.
La iniciativa de derogación impulsada por sectores oficialistas vuelve a poner en discusión ese marco legal, en un contexto político atravesado por tensiones y disputas internas.
Estrategia y agenda
El avance de esta propuesta se produce en un momento sensible para el gobierno nacional, marcado por cuestionamientos y polémicas en torno a figuras centrales del gabinete.
En ese escenario, la reactivación de debates vinculados a agendas morales y culturales aparece como una estrategia posible para reordenar la agenda pública y consolidar apoyos en sectores conservadores.
Un debate que excede lo legislativo
Más allá de su viabilidad parlamentaria —que dependerá de correlaciones de fuerza en ambas cámaras—, la iniciativa ya genera reacciones en distintos sectores sociales y políticos.
Organizaciones feministas y de derechos humanos advierten que cualquier intento de retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos implicaría una vulneración de compromisos asumidos por el Estado argentino, además de un impacto directo en la salud y la vida de miles de personas.
La firma de este acta no es un hecho aislado: vuelve a poner en el centro una disputa histórica en Argentina, donde los derechos conquistados siguen siendo terreno de disputa política, social y cultural.



























