Melina Schweizer
La Justicia de Nueva York falló a favor del país en una causa millonaria. La estrategia legal se sostuvo durante más de una década con continuidad entre distintos gobiernos.
El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que favoreció a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF marca un punto de inflexión en una de las disputas judiciales más relevantes de los últimos años. Pero, lejos de ser el resultado de una sola gestión, el proceso expone una continuidad poco frecuente: una política de Estado sostenida a lo largo de más de una década.
La decisión judicial revocó una condena previa que obligaba al país a pagar cerca de 18 mil millones de dólares, en una causa iniciada en 2015 por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos litigiosos del Grupo Petersen, vinculado a la familia Eskenazi.
Robert Giuffra abogado y socio del estudio Sullivan & Cromwell que llevó adelante la defensa argentina en el juicio de YPF.
Una estrategia que atravesó gobiernos
Desde el inicio del litigio, la defensa argentina sostuvo un argumento central: la expropiación de YPF en 2012 fue un acto soberano realizado conforme a la Constitución Nacional, y por lo tanto no podía quedar subordinado al estatuto de una empresa ni ser juzgado bajo legislación extranjera.
Esa línea jurídica se mantuvo, con matices, durante cuatro gobiernos: desde la gestión que impulsó la expropiación hasta las administraciones posteriores, incluyendo el actual gobierno de Javier Milei.
El estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton fue la columna vertebral de la defensa desde los primeros años, acompañado posteriormente por el bufete internacional Sullivan & Cromwell, liderado por el abogado Robert Giuffra.
Continuidad en medio de la grieta
A pesar de los cambios políticos y las disputas públicas entre oficialismos y oposiciones, la estrategia legal mostró una notable coherencia. Incluso durante el gobierno actual, se mantuvo el eje argumental: no corresponde pagar porque la expropiación se ajustó al marco legal argentino.
Tres procuradores del Tesoro durante la gestión libertaria —Rodolfo Barra, Santiago Castro Videla y Sebastián Amerio— sostuvieron esa misma línea.
Sin embargo, el proceso también incluyó tensiones internas. Mientras la defensa formal avanzaba en tribunales, desde el Ministerio de Economía se exploraron alternativas de negociación con los demandantes, en un contexto atravesado por la presencia de lobbistas y versiones sobre posibles acuerdos.
El fallo y la disputa por el relato
Tras conocerse la decisión favorable, el gobierno celebró el resultado como propio. El presidente Javier Milei afirmó que se trata de “el mayor logro jurídico de la historia nacional” y sostuvo que “Argentina no debe pagar nada”.
Sin embargo, especialistas que siguieron el caso señalan que el fallo convalida una posición histórica sostenida desde el inicio del litigio. La clave del pronunciamiento judicial radica en un principio: ninguna norma interna de una empresa puede estar por encima de la Constitución de un país.
Más que un juicio
El caso YPF no solo involucra cifras millonarias. Expone tensiones entre soberanía, mercados financieros y jurisdicción internacional, así como la capacidad —poco habitual— de sostener una estrategia de largo plazo más allá de los cambios de gobierno.
En un escenario político marcado por la confrontación permanente, el fallo por YPF deja una señal atípica: cuando hay continuidad en las decisiones estratégicas, incluso en medio de la grieta, los resultados pueden trascender a quienes intentan apropiarse de ellos.
