Melina Schweizer
La Ciudad lanzó una licitación para instalar locales gastronómicos en 16 espacios verdes públicos, incluyendo Palermo, Plaza Armenia y Parque Chacabuco. Los cánones base llegan hasta $2,64 millones mensuales y las concesiones permitirán explotar áreas estratégicas del espacio público.
El gobierno de Jorge Macri avanzó con un nuevo esquema de concesiones privadas sobre espacios verdes públicos de la Ciudad de Buenos Aires y abrió una licitación para instalar locales gastronómicos en algunos de los parques y plazas más emblemáticos del distrito. La medida reactivó un viejo conflicto urbano alrededor de la privatización progresiva del espacio público y volvió a poner bajo discusión el modelo de ciudad impulsado históricamente por el PRO: más explotación comercial en áreas comunes y mayor presencia de negocios privados dentro de parques y plazas.
La decisión quedó oficializada mediante la Disposición 145/DGCOYP/26 publicada en el Boletín Oficial porteño el 22 de mayo. Allí el Ejecutivo llamó formalmente a concurso público para otorgar permisos de uso precario destinados a la construcción, instalación y explotación de “núcleos de servicios” gastronómicos en 16 espacios verdes distribuidos en distintos barrios de la Ciudad.
El listado incluye zonas de altísimo valor inmobiliario y circulación urbana:
- Plaza Armenia,
- Parque Thays,
- Plaza Sicilia,
- Parque Los Andes,
- Parque Mujeres Argentinas,
- Parque Chacabuco,
- Parque Indoamericano,
- y sectores próximos a los Lagos de Palermo.
Los cánones base fijados por el Banco Ciudad muestran además el enorme atractivo comercial de algunas ubicaciones. El valor más alto corresponde al Parque Mujeres Argentinas, con una base mensual de $2,64 millones, seguido por Parque Micaela Bastidas con $2,51 millones y varios espacios cotizados en $2,38 millones mensuales, como Plaza Armenia, Plaza Sicilia y Parque Ernesto Jaimovich.
Aunque oficialmente el proyecto aparece presentado como una “puesta en valor” de espacios públicos mediante incorporación de servicios, la iniciativa vuelve a abrir un debate histórico en la Ciudad: hasta qué punto el avance de concesiones privadas termina transformando áreas públicas en zonas crecientemente mercantilizadas.
La normativa utilizada por el macrismo no es nueva. El gobierno desempolvó la Ley 4950 aprobada originalmente en 2014 durante la gestión de Mauricio Macri, una norma que desde su sanción generó fuertes resistencias vecinales y cuestionamientos urbanísticos. Esa ley habilita la instalación de bares y cafeterías en parques mayores a 50 mil metros cuadrados bajo el argumento de mejorar servicios e infraestructura.
Sin embargo, organizaciones barriales y urbanistas vienen denunciando desde hace años que el mecanismo funciona como una privatización parcial encubierta del espacio público. Porque aunque los terrenos continúan formalmente bajo dominio estatal, sectores estratégicos terminan siendo explotados comercialmente durante años por empresas privadas, modificando usos originales de plazas y parques.
La nueva licitación además incorpora ventajas económicas muy favorables para futuros concesionarios. Uno de los puntos más cuestionados es que las empresas adjudicatarias no comenzarán a pagar canon inmediatamente sino recién después de recuperar la inversión inicial realizada en infraestructura y obras. Ese beneficio aparece contemplado dentro de las condiciones económicas del esquema licitatorio impulsado por la Dirección General de Concesiones y Permisos.
En términos concretos, el Estado porteño habilita explotación comercial sobre tierras públicas mientras absorbe indirectamente parte del riesgo inicial de inversión privada. La licitación también establece características específicas para los locales gastronómicos. Según la documentación oficial, los espacios podrán incluir:
- baños públicos,
- áreas de elaboración de alimentos,
- sectores cubiertos y descubiertos,
- bicicleteros,
- y estructuras de hasta 200 metros cuadrados.
La ley prohíbe expresamente cocción mediante leña, carbón o gas en determinadas modalidades y autoriza comercialización de productos de cafetería, emparedados, golosinas y alimentos elaborados en establecimientos habilitados. Pero más allá de los aspectos técnicos, el conflicto político aparece alrededor del modelo urbano que consolida la medida. Durante los últimos años, organizaciones vecinales denunciaron repetidamente un avance constante de negocios privados dentro de espacios originalmente concebidos para uso comunitario y recreativo. El debate ya atravesó conflictos por:
- patios gastronómicos,
- concesiones deportivas,
- estacionamientos,
- ferias privadas,
- eventos pagos,
- y ocupación comercial de parques públicos.
Los críticos sostienen que la Ciudad avanza hacia una lógica donde cada vez menos superficie queda destinada exclusivamente al uso libre y gratuito de vecinos. Y que las plazas empiezan progresivamente a funcionar bajo criterios de rentabilidad económica.
La ubicación de algunos espacios incluidos en la licitación refuerza esa discusión. Plaza Armenia, Plaza Sicilia y Parque Thays forman parte de algunos de los corredores gastronómicos y turísticos más caros de Buenos Aires, con altísima circulación comercial y fuerte valorización inmobiliaria. La posibilidad de explotar gastronómicamente terrenos dentro de esas áreas representa un negocio potencial enorme para empresas privadas.
El canon fijado para Parque Thays, por ejemplo, ronda valores equivalentes a unos 1500 dólares mensuales según cotización actual, una cifra considerada extremadamente baja por sectores opositores teniendo en cuenta la ubicación privilegiada del predio dentro de una de las zonas más caras de la Ciudad.
Ahí aparece otra de las críticas centrales la subvaluación del espacio público concesionado. Distintos especialistas en urbanismo vienen cuestionando desde hace años que muchas concesiones porteñas terminan entregando explotaciones comerciales estratégicas a valores considerablemente inferiores a los precios reales de mercado inmobiliario.
La oposición porteña además analiza posibles presentaciones judiciales contra el esquema impulsado por Jorge Macri. Algunos legisladores sostienen que, aunque el oficialismo intenta encuadrar las concesiones como permisos precarios menores a cinco años —evitando así aprobación legislativa específica—, la magnitud del proyecto podría requerir intervención parlamentaria más amplia. Desde sectores del peronismo y organizaciones urbanas también remarcan otro problema:
la desigualdad territorial.
Mientras barrios con alta valorización inmobiliaria concentran inversiones gastronómicas, espacios verdes en zonas populares continúan mostrando déficit estructural de mantenimiento, infraestructura y seguridad. El gobierno porteño, sin embargo, defiende la iniciativa como parte de un plan de “activación” y modernización de parques públicos. Funcionarios sostienen que la incorporación de cafeterías y servicios mejora circulación, permanencia y seguridad dentro de espacios verdes. Ese argumento aparece replicado en distintas ciudades del mundo donde parques urbanos incorporaron progresivamente áreas gastronómicas concesionadas.
Pero el conflicto en Buenos Aires tiene una particularidad la acumulación histórica de privatizaciones parciales sobre tierras públicas durante sucesivas gestiones del PRO. Según relevamientos de organizaciones urbanísticas y observatorios ciudadanos, la Ciudad perdió miles de metros cuadrados de espacio verdaderamente público durante las últimas décadas mediante:
- concesiones,
- desarrollos inmobiliarios,
- ventas de tierras,
- y habilitaciones comerciales.
Por eso la nueva licitación reactivó rápidamente sospechas sobre un nuevo avance de negocios privados sobre terrenos estatales estratégicos. La documentación oficial además muestra la escala completa del proyecto. El concurso incluye permisos para:
- construcción,
- mantenimiento,
- instalación,
- ejecución,
- y explotación comercial de núcleos gastronómicos distribuidos en toda la Ciudad.
La apertura de sobres quedó fijada para el 24 de junio de 2026 y las ofertas deberán enviarse electrónicamente a la Dirección General de Concesiones y Permisos.
Mientras tanto, el debate vuelve a instalar una pregunta que atraviesa hace años la discusión urbana porteña hasta dónde un parque sigue siendo plenamente público cuando parte de su funcionamiento, circulación y permanencia empieza a quedar atravesada por consumo privado, explotación comercial y criterios de rentabilidad económica.
