Melina Schweizer
El Gobierno transfirió $590 millones al Banco Nacional de Datos Genéticos después de una cautelar del juez Alejo Ramos Padilla. El ajuste había dejado al organismo con apenas el 55,96% del presupuesto solicitado y puso en riesgo más de 32 mil muestras vinculadas a delitos de lesa humanidad.
El gobierno de Javier Milei debió retroceder parcialmente en uno de los frentes más sensibles de su política de ajuste después de que la Justicia federal interviniera para evitar el colapso operativo del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una institución clave en la búsqueda de nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar. La transferencia extraordinaria de 590 millones de pesos no surgió de una decisión espontánea de la Casa Rosada ni de una reconsideración política sobre derechos humanos. Fue consecuencia directa de una medida cautelar dictada por el juez federal Alejo Ramos Padilla frente al riesgo concreto de daño irreversible sobre uno de los archivos genéticos más importantes del mundo.
La resolución judicial expuso con crudeza el nivel de deterioro presupuestario que atravesaba el organismo. Según denunciaron las autoridades del Banco y Abuelas de Plaza de Mayo, el ajuste aplicado por el gobierno libertario había dejado al BNDG funcionando con apenas el 55,96% de los fondos solicitados para 2026, comprometiendo no solamente tareas administrativas sino cuestiones críticas de preservación biológica, bioseguridad y mantenimiento edilicio.
El problema no era abstracto. El Banco Nacional de Datos Genéticos resguarda actualmente más de 32 mil muestras y perfiles genéticos vinculados a investigaciones sobre apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. Muchas de esas muestras son únicas e irrepetibles. La alteración de condiciones de refrigeración, conservación o seguridad podía producir daños permanentes sobre material acumulado desde 1987, afectando investigaciones judiciales todavía abiertas y procesos de identificación de alrededor de 300 nietos y nietas que continúan siendo buscados.
Ese fue precisamente el punto central sobre el que avanzó Ramos Padilla. En su resolución, el magistrado recordó que el Estado argentino mantiene obligaciones internacionales específicas vinculadas a investigación y sanción de delitos de lesa humanidad. Por eso advirtió que cualquier afectación estructural sobre el funcionamiento del Banco no podía interpretarse simplemente como una consecuencia administrativa del ajuste fiscal sino como un posible incumplimiento de compromisos asumidos por Argentina ante organismos internacionales de derechos humanos.
La cautelar obligó entonces al Ejecutivo a garantizar la continuidad operativa del organismo. Y el Gobierno tuvo que retroceder. La transferencia presupuestaria fue confirmada oficialmente luego de reuniones de urgencia entre la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y las autoridades del Banco. En la resolución posterior, Ramos Padilla dio por superada la situación de urgencia inmediata tras verificarse la compensación extraordinaria de fondos.
El conflicto dejó expuesto algo mucho más profundo. Porque detrás del episodio aparece una estrategia sistemática de vaciamiento sobre organismos vinculados a memoria, verdad y justicia que comenzó prácticamente desde la llegada de La Libertad Avanza al poder.
El Banco Nacional de Datos Genéticos ya había sido alcanzado previamente por intentos de modificación estructural dentro de la Ley Bases y por distintos movimientos administrativos orientados a reducir autonomía operativa del organismo. Organizaciones de derechos humanos denuncian que el ajuste presupuestario funciona además como un mecanismo indirecto de desmantelamiento institucional sobre estructuras que el mileísmo considera ideológicamente hostiles.
La tensión alrededor del Banco no puede separarse del clima político construido desde sectores del oficialismo alrededor del terrorismo de Estado y los organismos de derechos humanos. Funcionarios, legisladores libertarios y figuras cercanas al Gobierno impulsaron durante el último año discursos negacionistas, cuestionamientos sobre la cifra de desaparecidos y ataques contra políticas públicas vinculadas a memoria histórica.
En ese contexto, el ahogo presupuestario sobre el BNDG fue interpretado por organismos humanitarios como parte de una ofensiva política más amplia. Y el dato más delicado es que el conflicto no afectaba solamente tareas simbólicas o administrativas. Lo que estaba en riesgo era el funcionamiento concreto de una institución científica central para investigaciones judiciales todavía activas.
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 durante el gobierno de Raúl Alfonsín a partir del impulso de Abuelas de Plaza de Mayo y especialistas científicos argentinos y extranjeros. Su objetivo fue construir una herramienta genética capaz de identificar niños apropiados durante la dictadura aun en ausencia de sus padres desaparecidos. El desarrollo del “índice de abuelidad”, construido junto a genetistas internacionales, convirtió al organismo argentino en referencia mundial sobre identificación genética aplicada a derechos humanos.
Desde entonces el Banco participó en decenas de restituciones de identidad. Cada muestra conservada dentro del organismo representa potencialmente una historia familiar atravesada por desaparición forzada, apropiación ilegal y terrorismo de Estado. Por eso las advertencias sobre el deterioro operativo generaron enorme preocupación dentro de la comunidad científica y judicial.
La directora del organismo, Mariana Herrera Piñero, había alertado durante las últimas semanas que la reducción presupuestaria comprometía:
- mantenimiento edilicio,
- limpieza,
- seguridad,
- compra de insumos,
- y sistemas críticos de conservación biológica.
En organismos de este tipo, pequeñas fallas técnicas pueden producir pérdidas irreversibles. Porque el material genético requiere condiciones extremadamente estrictas de preservación y refrigeración continua. La intervención judicial evitó por ahora un escenario crítico.
Sin embargo, el episodio también dejó otra señal importante sin cautelar judicial, el Gobierno probablemente no habría liberado los fondos. Eso expone el grado de confrontación existente entre la administración libertaria y estructuras vinculadas históricamente a políticas de memoria y derechos humanos. El ajuste además aparece atravesado por otra discusión más amplia sobre el sistema científico argentino. Durante los últimos meses distintos organismos denunciaron:
- recortes presupuestarios,
- paralización de programas,
- suspensión de investigaciones,
- deterioro salarial,
- y crisis operativa en instituciones públicas científicas y tecnológicas.
El caso del Banco Genético adquirió visibilidad extraordinaria porque el riesgo involucraba no solamente producción científica sino también causas judiciales de lesa humanidad y procesos de restitución de identidad todavía abiertos. La resolución de Ramos Padilla terminó funcionando entonces como un límite institucional frente a una política de ajuste que amenazaba con afectar directamente investigaciones sobre crímenes de Estado.
Y el episodio dejó expuesta otra contradicción central del discurso libertario. Porque mientras el Gobierno insiste públicamente en reivindicar institucionalidad y defensa de la ley, terminó siendo la propia Justicia federal la que debió intervenir para impedir que una política presupuestaria pusiera en peligro material genético esencial para garantizar derechos humanos básicos reconocidos internacionalmente.
La transferencia de fondos evita por ahora el colapso inmediato. Pero dentro de organismos científicos y de derechos humanos persiste una preocupación mucho más profunda que el ajuste continúe avanzando de manera fragmentada sobre estructuras estratégicas cuya destrucción muchas veces no produce efectos inmediatos visibles, pero sí daños acumulativos extremadamente difíciles de revertir.
En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, ese riesgo no se mide solamente en términos presupuestarios. Se mide en identidades todavía no recuperadas.
