CONCHITA PRETA
Una denuncia penal investiga presuntos sobresueldos, liquidaciones que habrían seguido después de bajas, suplementos y horas extras irregulares. La propia Armada reconoció “inconsistencias” y abrió una actuación administrativa. Cerca de 50 personas estarían bajo la lupa. Al final, la flota que mejor navegaba era la nómina salarial.
La Armada Argentina tiene submarinos, destructores, corbetas y patrulleros.
Ahora apareció una nueva embarcación:
el recibo de sueldo.
Según la denuncia, el presunto circuito investigado rondaría los $1.600 millones y habría funcionado desde el área encargada de liquidar haberes.
Una cifra importante.
Sobre todo porque no estamos hablando de comprar un portaaviones.
Estamos hablando de que algunos recibos aparentemente tenían más autonomía que la flota.
El mecanismo denunciado tampoco requería tecnología militar de última generación. Habrían continuado liquidándose salarios que debían cesar después de la desvinculación de personal y parte de esos fondos habría terminado en cuentas de integrantes de la fuerza.
La sospecha es todavía más picante: los oficiales involucrados presuntamente se habrían quedado con la mitad de algunas liquidaciones.
Mitad para vos.
Mitad para mí.
La única fuerza conjunta que funcionaba sin problemas.
También se investigan acreditaciones irregulares de suplementos y horas extras para personal civil.
Horas extras.
Qué hermoso concepto.
Porque si realmente existieron pagos indebidos, alguien trabajó muchísimo.
Especialmente Excel.
La denuncia alcanzaría a cerca de 50 personas, mientras la lupa está puesta sobre integrantes del sector de liquidaciones, incluidos oficiales del escalafón Intendencia.
El dato tiene una ironía casi ofensiva: personal de la Armada necesitaba buscar otros trabajos para complementar ingresos mientras, según la denuncia, recursos destinados justamente a remuneraciones habrían tomado una ruta alternativa.
El marinero buscando una changa.
Y el sueldo haciendo crucero all inclusive.
La Armada confirmó irregularidades
Cuando el asunto salió a flote, la institución informó oficialmente que había detectado “irregularidades” e “inconsistencias en las acreditaciones de los sueldos”, abrió una actuación administrativa y radicó una denuncia ante el Juzgado Federal N.º 2.
Traducido del dialecto comunicado: faltaba plata y nadie quería terminar saludando al juez desde la cubierta.
Ahora deberá determinarse judicialmente quiénes participaron, cuánto dinero fue efectivamente desviado y durante cuánto tiempo funcionó el presunto mecanismo. Por eso corresponde mantener una diferencia fundamental: $1.600 millones es la cifra denunciada y las responsabilidades individuales todavía deben probarse.
Porque una sátira puede mandar un torpedo.
Pero no tiene por qué hundir la presunción de inocencia.
El Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, prometió “tolerancia cero” frente a cualquier irregularidad.
Una frase indispensable en todo escándalo argentino.
Primero aparece el agujero.
Después la investigación.
Después “tolerancia cero”.
La tolerancia aparentemente estaba en otro número mientras desaparecían los primeros 1.599 millones.
Y queda la pregunta incómoda.
Si efectivamente pudieron mantenerse liquidaciones improcedentes, desviarse fondos y manipularse suplementos sin que los controles lo detectaran inmediatamente, el problema excede a quienes eventualmente hayan metido la mano.
También habrá que explicar quién controlaba a los que controlaban la plata.
Porque para defender 4.700 kilómetros de costa tenemos radares, bases, comandos y sistemas de vigilancia.
Pero para mirar una planilla de sueldos parece que faltó equipamiento.
La investigación recién comienza y determinará responsabilidades.
Mientras tanto, la Armada consiguió una hazaña naval difícil de superar: todavía discutimos cómo recuperar las Malvinas y ya tenemos $1.600 millones que tampoco sabemos exactamente por dónde navegaron.
