Melina Schweizer
Ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos realizan actividades de adiestramiento junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4. La presencia está confirmada oficialmente, pero el comunicado no identifica la ley, el decreto ni el acuerdo que habilitó su ingreso. La controversia excede a un curso de supervivencia: alcanza el control estratégico de Tierra del Fuego, el Atlántico Sur y la puerta de acceso a la Antártida.
La presencia de militares estadounidenses en Ushuaia dejó de ser una versión extraoficial. La propia Armada Argentina confirmó que ocho integrantes del Cuerpo de Marines de Estados Unidos participan desde el 8 de septiembre de actividades junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 y que permanecerán en Tierra del Fuego hasta el día 22.
La información oficial permite despejar una duda, pero abre varias preguntas. La Armada describió la actividad como un “intercambio de expertos en zonas de clima frío”, explicó que se realizan prácticas de baja montaña, supervivencia, esquí alpino, uso de crampones y movilidad en ambientes extremos, y señaló que estos encuentros se desarrollan desde 2017.
Sin embargo, el comunicado no identifica el instrumento jurídico que autorizó la presencia de los militares extranjeros. Tampoco aclara si ingresaron con armamento, cuál es su estatus migratorio y militar, bajo qué cadena de mando actúan, qué equipamiento trasladaron ni si el intercambio fue comunicado al Congreso.
Ese silencio es el verdadero centro de la controversia.
No alcanza con afirmar que se trata de una delegación pequeña o de una práctica habitual. La cantidad de efectivos no determina por sí sola la legalidad de una actividad militar extranjera. Lo que debe establecerse es si los ocho marines constituyen jurídicamente un contingente de tropas, si participan de un ejercicio combinado o si ingresaron como instructores individuales dentro de alguna excepción prevista por la normativa.
Hasta que el Gobierno publique esa documentación, afirmar categóricamente que actuaron “sin autorización” sería anticipar una conclusión todavía no demostrada. Pero presentar el episodio como una visita técnica desprovista de consecuencias institucionales también sería minimizarlo.
La discusión constitucional que la Armada dejó abierta
El artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso “permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él”. La Ley 25.880 regula el procedimiento mediante el cual el Poder Ejecutivo debe solicitar esa autorización.
La norma fue diseñada para impedir que el ingreso de fuerzas militares extranjeras dependa exclusivamente de una decisión administrativa del Ejecutivo. No se trata de una formalidad burocrática: es un mecanismo de control republicano sobre una de las facultades más sensibles de cualquier Estado soberano.
Para autorizar ejercicios combinados, el Congreso debe conocer cuestiones fundamentales como los países participantes, la cantidad de efectivos, el tipo de actividad, su duración, los lugares donde se desarrollará, el armamento involucrado, el régimen de inmunidades, los costos y las consecuencias jurisdiccionales ante eventuales incidentes.
El problema es que no toda presencia de personal militar extranjero encuadra automáticamente en la categoría constitucional de “tropas”. Pueden existir visitas protocolares, intercambios académicos, misiones de asesoramiento o comitivas técnicas que no tengan la organización, el armamento ni la autonomía operativa propias de un contingente militar.
Esa diferencia puede ser la defensa jurídica del Gobierno. Los ocho estadounidenses podrían haber ingresado como instructores o especialistas, sin armas y sin constituir una unidad operativa. Pero la explicación debería ser pública, documentada y verificable.
La actividad informada por la Armada tampoco parece limitarse a una conferencia dentro de una oficina. Incluye desplazamientos en el terreno, supervivencia, movilidad, técnicas de montaña y entrenamiento conjunto con una unidad militar argentina. Por eso resulta razonable preguntar si estamos ante un simple intercambio profesional o ante un ejercicio combinado presentado con otro nombre para evitar la autorización legislativa.
Cambiar la denominación no cambia necesariamente la naturaleza jurídica de una actividad. Si existen tropas extranjeras realizando adiestramiento operativo con una fuerza nacional, la palabra “intercambio” no debería funcionar como una puerta lateral para eludir al Congreso.
Lo confirmado y lo que todavía no puede afirmarse
Está confirmado que ocho miembros activos de la Infantería de Marina estadounidense se encuentran en Ushuaia. También está confirmado que realizan actividades prácticas con el BIM 4 y que la Armada considera que la cooperación está respaldada por reuniones bilaterales mantenidas entre las dos fuerzas desde 2017.
Lo que no está acreditado públicamente es que Estados Unidos haya instalado una base militar en Tierra del Fuego, que controle instalaciones argentinas o que estos ocho efectivos integren una avanzada destinada a establecer una presencia permanente.
Tampoco se conoce, por el momento, un documento que pruebe que la actividad carece de cualquier autorización. Lo verificable es más acotado y, a la vez, institucionalmente grave: el comunicado oficial no menciona cuál sería esa autorización.
La Armada debería informar qué organismo aprobó el ingreso, qué acuerdo bilateral invoca, si intervino el Ministerio de Defensa, si los participantes portan armas, qué materiales ingresaron al país y si la actividad figura dentro de un programa de ejercitaciones aprobado por el Congreso.
Un acuerdo entre armadas puede organizar cooperación profesional, pero no tiene capacidad para reemplazar una atribución constitucional del Poder Legislativo. Las reuniones bilaterales tampoco pueden crear por sí mismas una excepción permanente a la Ley 25.880.
Ushuaia no es un escenario militar cualquiera
La controversia adquiere otra dimensión porque la actividad se desarrolla en Tierra del Fuego. Ushuaia no es solamente una ciudad con condiciones apropiadas para aprender técnicas de frío extremo. Es uno de los puntos estratégicos más sensibles de la Argentina.
Desde allí se proyecta presencia sobre el Canal Beagle, el Pasaje de Drake, el Atlántico Sur y la Antártida. La provincia incluye constitucionalmente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, aunque una parte de ese territorio permanezca bajo ocupación británica.
La futura Base Naval Integrada de Ushuaia también es presentada como una pieza decisiva para atender la logística antártica, reparar buques y fortalecer la presencia argentina en el extremo austral. Quien participe de su financiamiento, equipamiento o funcionamiento tendrá capacidad para influir sobre una infraestructura que excede ampliamente las necesidades locales.
Estados Unidos mantiene un creciente interés por la Antártida, las rutas marítimas australes y la competencia estratégica con China y Rusia. Washington observa con preocupación el desarrollo de instalaciones de uso dual, la expansión de capacidades logísticas chinas y la disputa por recursos, comunicaciones y presencia científica en el continente blanco.
Eso no convierte automáticamente a ocho marines en una fuerza de ocupación. Pero explica por qué un entrenamiento aparentemente menor puede adquirir relevancia geopolítica. Las presencias permanentes rara vez comienzan con el anuncio formal de una base: suelen avanzar mediante ejercicios, intercambios, asistencia técnica, donaciones de equipamiento y acuerdos logísticos acumulativos.
La cuestión no consiste en rechazar toda cooperación militar con Estados Unidos. La Argentina puede beneficiarse de intercambios profesionales y de entrenamiento especializado. El punto es establecer quién fija los objetivos, quién controla el proceso y qué límites impiden que una colaboración puntual se transforme gradualmente en dependencia estratégica.
La contradicción de la política exterior de Milei
El episodio ocurre mientras el Gobierno intenta endurecer públicamente su discurso sobre Malvinas y promete reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. Esa narrativa convive con un alineamiento político, económico y militar cada vez más estrecho con Washington.
La contradicción aparece porque Estados Unidos es el principal socio estratégico del Reino Unido y un actor central de la OTAN. Washington mantiene una relación militar histórica con Londres y nunca reconoció la soberanía argentina sobre las islas.
Una eventual participación estadounidense en la infraestructura militar de Ushuaia podría ser presentada por el Gobierno como una forma de fortalecer las capacidades argentinas. Pero también podría producir el efecto contrario: colocar una instalación fundamental para la proyección hacia Malvinas y la Antártida bajo la influencia de una potencia aliada del país que ocupa las islas.
La cooperación con Washington no garantiza respaldo a la posición argentina. Estados Unidos puede buscar presencia en el extremo sur por sus propios intereses, sin modificar su equilibrio diplomático con el Reino Unido.
Por eso, la Argentina debería evitar confundir afinidad ideológica con coincidencia estratégica. Los gobiernos pasan; las bases, los acuerdos militares, los sistemas de comunicaciones y los compromisos logísticos pueden permanecer durante décadas.
Chile, Brasil y el equilibrio sudamericano
La presencia estadounidense en Ushuaia tampoco es indiferente para los países vecinos. Chile considera al extremo austral y a la proyección antártica como áreas centrales de su política exterior. Cualquier expansión militar extranjera en Tierra del Fuego será observada desde Santiago, especialmente en un contexto de declaraciones cruzadas sobre el Estrecho de Magallanes y los espacios marítimos australes.
Brasil, por su parte, defiende históricamente la idea del Atlántico Sur como una zona de paz y cooperación, con una presencia extrarregional limitada. Una instalación estadounidense permanente en Ushuaia alteraría el equilibrio regional y podría ser interpretada como parte de la disputa global entre Washington y Beijing.
El dilema argentino es delicado. Necesita inversiones para recuperar infraestructura militar, ampliar su capacidad antártica y vigilar un espacio marítimo gigantesco. Pero si esa recuperación depende excesivamente de una potencia extranjera, el aumento material de capacidades puede venir acompañado de una reducción de autonomía.
La soberanía no se mide solamente por la bandera que flamea sobre una base. También depende de quién financia su equipamiento, controla sus comunicaciones, aporta tecnología, define protocolos y obtiene acceso privilegiado a sus instalaciones.
Quién gana y quién puede perder
Estados Unidos obtiene experiencia en uno de los ambientes fríos más relevantes del hemisferio sur, acceso profesional a unidades argentinas y conocimiento directo del terreno austral. También fortalece una relación militar que puede ser útil para su estrategia antártica y para contener la expansión china.
La Armada Argentina puede incorporar técnicas, mejorar entrenamiento y acceder a cooperación internacional en momentos de severas restricciones presupuestarias. Para una fuerza con problemas de equipamiento, cada intercambio ofrece conocimientos que difícilmente podrían financiarse de manera autónoma.
El Gobierno de Milei consigue exhibir cercanía con Washington y presentar la cooperación como un paso hacia la recuperación de las Fuerzas Armadas.
Pero los riesgos también son claros. El Congreso pierde capacidad de control si estas actividades se organizan mediante interpretaciones administrativas amplias. Tierra del Fuego puede convertirse en escenario de decisiones adoptadas desde Buenos Aires sin intervención suficiente de sus autoridades y habitantes. Y la Argentina puede terminar subordinando su estrategia austral a prioridades definidas fuera del país.
En términos sociales, el beneficio inmediato para Ushuaia es reducido. Ocho visitantes pueden generar algún movimiento logístico, pero no modifican el empleo ni resuelven las necesidades productivas de la provincia. El verdadero debate económico se encuentra en la Base Naval Integrada, las obras portuarias, los servicios antárticos y el control futuro de la infraestructura.
Allí se definirá si las inversiones fortalecen una industria nacional vinculada con astilleros, logística, ciencia y defensa o si se limitan a habilitar servicios para operaciones extranjeras.
El problema no son ocho marines: es la falta de transparencia
La dimensión reducida del contingente puede ser utilizada para ridiculizar la controversia. Ocho militares no constituyen una invasión ni permiten afirmar que Estados Unidos controla Tierra del Fuego. Pero la legalidad constitucional no depende solamente de la cantidad.
Si la actividad se encuentra correctamente autorizada, el Gobierno puede cerrar la discusión publicando el instrumento correspondiente. Si se trata de instructores desarmados que no integran un contingente de tropas, Defensa debería explicar el criterio jurídico utilizado. Si existe un acuerdo bilateral, debe conocerse su contenido y alcance.
La opacidad es especialmente inconveniente en Ushuaia, donde confluyen Malvinas, la Antártida, las rutas interoceánicas y la competencia entre grandes potencias.
La cooperación militar puede ser legítima. Lo que no resulta aceptable es que la ciudadanía deba enterarse primero por fotografías tomadas en un aeropuerto y que la confirmación oficial llegue después, mediante un comunicado que describe maniobras, pero omite explicar su sustento legal.
Por ahora, la conclusión responsable no es que Estados Unidos haya instalado una base ni que esté probado que los marines ingresaron ilegalmente. La conclusión es que la Armada confirmó una actividad militar extranjera en el lugar más estratégico del país y todavía no informó qué autoridad civil la aprobó.
Y cuando están en juego el territorio, la defensa y la soberanía, esa omisión no es un detalle administrativo. Es el corazón de la noticia.
GONZALO SCHWEIZER
Juan OConnor
